Más de 300.000 personas esperan para recibir las ayudas por dependencia cuando la ley cumple 17 años

La ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, uno de los pilares del bienestar social en España, entró en vigor el 14 de diciembre de 1996 y, aunque la norma ha supuesto avances importantes en estos últimos 17 años, aún son muchos los retos por cumplir debido a sus “limitaciones de financiación y a la complejidad de los procedimientos en algunas comunidades autónomas”, tal y como denuncia la asociación estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

Según sus datos, un total de 1.563.108 personas tienen reconocida actualmente en España su situación de dependencia, mientras que otras 124.326 están pendientes de valoración. “Esto supone que el 3,3% de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para las actividades básicas de la vida diaria”, advierte la organización, que agrupa a más de 200 profesionales del ámbito social. Otro de los graves problemas que aún no ha sido resuelto, añaden, tiene que ver con las listas de espera, ya que 310.429 personas “están desatendidas”.

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“Mientras haya más de 300.000 personas en las listas de espera para recibir la ayuda a la dependencia, lo que se traduce en que cada doce minutos muere una persona en lista de espera, no se solucionará el problema”, a pesar de los avances logrados en estos últimos 17 años, dice a Infobae España el presidente del Observatorio Estatal para la Dependencia, José Manuel Ramírez, que critica los recortes que la norma ha sufrido en varias ocasiones.

La asociación estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales cifra en 45.360 las personas que fallecieron en 2022 en las listas de espera de la dependencia: 19.661 pendientes de resolución de grado y 25.699 sin haber podido ejercer sus derechos, lo que supone que 124 personas fallecen al día en las listas de espera de la dependencia (una cada 12 minutos).

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Esos datos se suman, añade la organización, a las 162.411 personas que se encuentran en “un limbo”, las pendientes de valoración, que ascienden a 124.326, además de las más de 23.000 que cuentan con un plan de atención aprobado pero aún no es efectivo.

Otras cifras relevantes son los 323 días que de media tarda la tramitación de un expediente de la dependencia, si bien “en Canarias, Andalucía, Murcia y Galicia se superan los 12 meses”. Además, la organización alerta de que solo hay un 13,8% de cuidadoras que están de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, “cuatro años después de que se recuperase este derecho (76.606 personas)”.

Si bien desde la gestación de la norma hubo problemas para implementarla debido a “desigualdad territorial y la insuficiencia financiera”, en menos de cinco años más de 1,2 millones de personas fueron valoradas como dependientes. Después, la crisis agudizó el problema de la financiación y en 2012, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, se produjeron recortes importantes, una fase que se alargó hasta 2015. La asociación recuerda que además de las restricciones presupuestarias, en esa etapa también hubo medidas de restricción de derechos para las personas dependientes, “como la inexplicable legalización de un plazo de carencia de dos años hasta poder percibir prestaciones económicas por cuidados en el entorno una vez resuelto el expediente o la disminución de las intensidades en servicios como la ayuda a domicilio”.

Después, en 2015, comenzó una fase de recuperación y se retomó cierto ritmo en cuanto al incremento de las personas atendidas. En 2019 hubo una nueva ralentización del sistema “que derivó en un muy preocupante empeoramiento de las cifras”, de manera que el número de personas con derecho reconocido en espera de atención volvió a aumentar, indica la asociación estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

En 2020, con la pandemia, se produjo un nuevo retroceso, “tanto en nuevas valoraciones como en la puesta en marcha de nuevos servicios o prestaciones”. La sexta fase, en la que nos encontramos ahora, se caracteriza por el despliegue del Plan de Choque para la dependencia y en este último año “se ha observado un importante aumento de personas atendidas” así como una recuperación de algunos derechos. No obstante, la organización advierte de que aunque este plan ha supuesto un gran aumento de financiación por parte de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas “no han respondido de la misma manera”, por lo que no se han cumplido todos los objetivos del proyecto.

Por todo ello, la asociación estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales considera que “sigue existiendo un maltrato institucional debido a la burocracia y a la desidia de algunos gobiernos regionales”, por lo que reclama al Gobierno central y a los autonómicos que lleven a cabo reformas para agilizar los trámites. “Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento. Hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones”, concluyen.

El año pasado la inversión pública en Atención a la Dependencia alcanzó los 10,2 millones de euros, siendo las regiones que más invierten por persona potencialmente dependiente País Vasco (2.329 euros), Extremadura (1.706) y Navarra (1.701), mientras que en el otro extremo se sitúan Canarias (801) y Galicia (615).