
En 2006 se bautizó como ‘la crisis de los cayucos’: 31.678 migrantes llegaron ese año a las islas Canarias. Lo nunca visto. 2023 va a batir ese récord. Hasta el 30 de noviembre han llegado ya al archipiélago 35.410 personas por vía marítima, una cifra histórica, que supone además un aumento del 134% respecto a los registros de 2022. Lo han hecho en 530 embarcaciones. Y la ruta que está llevando a la mayoría de estos inmigrantes a la isla de El Hierro (más de 12.200 en lo que va de año) sigue activa, por lo que estos datos seguirán aumentando durante el mes de diciembre.
A la crisis migratoria, que conlleva miles de dramas personales, se una para las administraciones un problema añadido. ¿Qué hacer con tantas pateras y cayucos que arriban a las islas? La Delegación del Gobierno de Canarias adjudicó el pasado 28 de noviembre un contrato para la “destrucción de embarcaciones intervenidas” en los dos puntos neurálgicos del archipiélago, Gran Canaria y Tenerife, donde son reubicadas la mayoría de las pateras que llegan a las costas canarias. El contrato fue adjudicado por 59.900 euros (sin IVA) a la empresa Martínez Cano, una firma especializada en la gestión de residuos desde 1968.
Te puede interesar: Interior espera una oleada de pateras a Canarias con 6.000 migrantes desde Senegal y Marruecos
La llegada de embarcaciones de forma ilegal a las islas Canarias utilizadas en delitos contra el tráfico de drogas y el crimen organizado (principalmente para el tráfico de personas) “está generando un problema de almacenamiento, custodia y destrucción de este tipo de medios de navegación”, explica la memoria justificativa del contrato, que reconoce que en octubre, cuando se empezó a licitar, existían “300 embarcaciones pendientes de ser destruidas, y que ocupan espacios en playas, costas y puertos, ocasionando graves perjuicios tanto al tráfico marítimo interinsular como al medioambiente”.
“Actualmente, el depósito de las mencionadas embarcaciones intervenidas supone un grave problema de seguridad, por lo que es necesario recogerlas de las instalaciones habilitadas para tal fin por las autoridades correspondientes, y una vez obtenidas las autorizaciones judiciales o administrativas necesarias, llevarlas al punto de destrucción para proceder a su eliminación definitiva”, señalan desde el ministerio del Interior. Y hay que destruirlas correctamente. “Dependiendo de la composición, cada una de las partes deberá ser tratada como residuo, según el método de eliminación que legalmente corresponda según la normativa española para cada uno de los diferentes elementos y cumpliendo con la legislación vigente”.

Y ahí entra la empresa que ha ganado el contrato. “Nuestra labor empieza cuando las pateras ya han sido descontaminadas y secadas tras sacarlas del mar. Lo primero que hacemos es quitarle todos los aparejos y cuerdas para que solo quede la madera. Hacemos entonces un primer triturado de la embarcación para transportarla a la planta de tratamiento. Y luego allí se hace un segundo triturado de esa madera”, explica a Infobae España el representante comercial de Martínez Cano.
El ministerio del Interior, en su contrato, establecía el precio que estaba dispuesto a pagar por la destrucción de cada embarcación en función de su composición, ya fuera de madera o de fibra, y un precio variable suplementario por número de metros adicionales a partir de los seis metros de eslora. Por ejemplo, 595 euros si la patera era de madera y medía un máximo de seis metros, y 40 euros por cada metro adicional. Si el cayuco era de fibra, el precio era de 790 euros y un suplemento de 50 euros por metro adicional. Al contrato se presentaron dos empresas y ganó Martínez Cano porque hizo una rebaja del 8% a los costes iniciales. La destrucción de los motores se hace a coste cero.
Te puede interesar: Defensa niega la muerte en acto de servicio a un guardia civil que empezó a trabajar antes de su turno
Desde Martínez Cano aseguran que ya han destruido 120 pateras que estaban almacenadas en un solar cercano al puerto de Arinaga en las Palmas de Gran Canaria. “El 80% de las que llegan a las islas están hechas de madera y el otro 20% de vidrio, un material parecido al de los patines que se utilizan en las playas turísticas”. El problema, señalan, es que la planta de tratamiento de la isla no está preparada para reciclar este tipo de vidrio, por lo que de momento solo trituran las de madera. “Trasladamos nuestra maquinaria al solar y en una hora hemos destruido un cayuco. Luego lo llevamos a la planta de tratamiento”.
Las embarcaciones objeto del contrato son aquellas que llegan a puerto tras ser asistidas en alta mar por Salvamento Marítimo. “Quedan excluidos del presente contrato los traslados de embarcaciones que se encuentren en lugares de difícil acceso, tales como acantilados, dunas, encallamientos, etc., cuyo movimiento requiera de un estudio técnico y unos medios materiales extraordinarios”.
Últimas Noticias
Cerdos enfermos, cadáveres y riesgo de enfermedades: denuncian a una granja de Teruel por presuntos delitos de maltrato animal
La asociación ARDE señala que la explotación disponía del sello de bienestar animal Welfair. La firma que se encarga de esta certificación explica a ‘Infobae’ que no la tiene desde noviembre de 2025

Las elecciones andaluzas ponen contra las cuerdas a Podemos: crece la presión por la coalición de izquierdas con Adelante Andalucía y el tiempo se agota
El plazo para registrar coaliciones expira el 3 de abril sin avances visibles, aunque persisten contactos discretos entre las formaciones para intentar un acuerdo de última hora

Las fincas sin dueño encarecen el campo: Galicia rescata casi 800 y destapa un problema presente también en Asturias, Navarra, Aragón y Castilla y León
Las parcelas se incorporarán al Banco de Terras tras diez años sin que nadie las reclame, mientras la fragmentación excesiva del suelo sigue restando eficiencia a la actividad agraria

Ni compra ni herencia: la persona que vive en una casa durante años como si fuera su dueño puede convertirse en su propietario
La ‘usucapión’ inmobiliaria permite hacerse con la propiedad de una vivienda sin necesidad de comprarla, heredarla o recibirla en donación

Los secesionistas de Alcorcón: más de la mitad del barrio de Campodón quiere pertenecer a Villaviciosa
La falta de servicios, de cuidados y la distancia con Alcorcón hace que muchos vecinos quieran cambiar de municipio


