La progresividad fiscal repunta desde 2019 y marca récord: los hogares ricos pagan un 45% de su renta en impuestos directos

El sistema fiscal español está diseñado para ser redistributivo tanto por la parte de los ingresos como por la de los gastos, aunque históricamente lo ha conseguido en menor medida que los principales países europeos y ha perpetuado una desigualdad de rentas mayor después de que opere el sistema tributario. Pese a esta cuestión estructural, un estudio detecta un repunte de la progresividad fiscal en los últimos años, especialmente desde 2019, mediante una mayor imposición en los impuestos directos a los hogares más ricos.

Así lo detallan un equipo de investigadores del Banco de España liderados por Olympia Bover en un informe sobre desigualdad publicado por el instituto británico de estudios fiscales (IFS) la semana pasada. Según sus cálculos, todos los hogares pagaban entre un 25% y un 33% de su renta en impuestos directos (los relativos a la renta y a las propiedades) en 2005, pero se ha producido un aumento progresivo y acentuado desde 2019. Esto ha llevado a que, en 2021, los hogares más ricos paguen el 45%, mientras que los más pobres solo aportan un 21%.

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Los investigadores destacan que esta “tendencia al alza” en la progresividad también se está produciendo en Austria, Finlandia, Alemania, Irlanda y Países Bajos, estados de los que España está todavía alejada en lo que se refiere a esfuerzo fiscal en impuestos directos. Este efecto también se percibe en la renta disponible de los hogares tras pagar los impuestos y recibir las prestaciones que les correspondan. Aunque la renta disponible por los hogares se sitúa en una media del 85% de la renta bruta en 2021, hay crecientes diferencias según el tipo de hogar. Los del cuartil más pobre se quedan con el 90% de la renta bruta, mientras que los del más rico pasan de tener el 82,3% en 2005 al 75,9% en 2021.

El principio de progresividad fiscal —recogido en la Constitución— consiste en que quienes tienen mayor capacidad económica contribuyen más al sostenimiento de los gastos públicos mediante el pago de impuestos. Aunque el informe no explica a qué se debe el aumento detectado, cabe pensar que en los últimos años han influido medidas legislativas como el aumento en dos puntos del tipo de gravamen aplicable a las rentas superiores a 300.000 euros (PGE de 2021); la limitación de las exenciones en los dividendos y la reducción por rendimientos del trabajo inferiores a 16.825 euros vigente ya en 2019 y 2020.

A estas medidas se han sumado otras en 2022 y 2023, como la obligación de tributar al menos al 15% de la base imponible para las empresas con cifras de negocios superiores a 20 millones y el impuesto a las grandes fortunas estatal. Con toda probabilidad, estas medidas habrán incidido en una mejora de la progresividad fiscal cuando se tengan datos actualizados. Sin embargo, los expertos inciden en que esto no es suficiente: hace falta una reforma fiscal integral.

Según el artículo Fortaleciendo la capacidad redistributiva del sistema fiscal elaborado por, entre otros, Julio López Laborda, investigador de Fedea y uno de los expertos para la reforma fiscal, “el efecto redistributivo de la fiscalidad directa en España se sitúa por debajo de la media europea, en niveles similares a los de la República Checa, Croacia, Grecia o Suecia”. Todos estos países tienen correcciones de la desigualdad de entre 4 y 5 puntos porcentuales del índice de Gini frente a los más de ocho puntos de algunos países europeos. También es más reducida la dimensión del sistema fiscal español, lo que a su vez explica parte el déficit estructural. Además, los impuestos indirectos aumentan la desigualdad en la distribución de la renta (son regresivos), impactando más en los hogares más pobres.

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El principal impuesto redistributivo en España es el IRPF. Según los cálculos del Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda, su estructuración provoca que, después de pagar este impuesto, aumente el peso en el reparto de la renta de los siete primeros deciles (es decir, el 70% de los contribuyentes) y reduzca el peso de los dos últimos deciles más ricos (el 20%). Esto se debe a que, con datos de 2020, el 10% más rico pagó más de la mitad del IRPF.

Aunque el sistema fiscal español es progresivo, según demuestran estos datos, un trabajo relativamente reciente de varios autores (incluido Laborda) publicado en Fedea detectó que el tipo efectivo neto pagado por el 1% de la población con más renta del país caía tres décimas respecto a los anteriores grupos: del 25,5% que soportan los centiles 91 a 99 hasta el 25,2% que paga ese 1% más rico. “Muestra que el sistema de impuestos y prestaciones en España agota su progresividad en la parte más alta de la distribución de la renta bruta”, señalaron, con datos de 2018. Es por esto que los expertos del libro blanco sobre la reforma tributaria de 2022 pidieron reformar el IRPF: ensanchar su base imponible y suprimir las exenciones, reducciones, deducciones o regímenes especiales “cuyo mantenimiento no esté justificado”.

Más allá de los impuestos, cabe recordar que la desigualdad de la renta disponible no se soluciona solo por la vía impositiva: “España, como los demás países europeos, corrige las desigualdades existentes en la distribución de la renta de mercado más con prestaciones monetarias que con impuestos directos y cotizaciones sociales”, se detalla en el artículo citado anteriormente.

Esto mismo se recoge de manera más detallada en el libro blanco de la reforma tributaria, que cita el trabajo publicado en Fedea: la intervención pública a través de impuestos, prestaciones monetarias y en especie “reduce en algo más de un 35% la desigualdad en la distribución de la renta de mercado de los hogares residentes en España”, detalla el texto.

No obstante, las prestaciones “son responsables de casi un 70% de esa reducción de la desigualdad y cerca del 60% de este efecto redistributivo agregado se debe a las pensiones de jubilación y casi un 20% a las de supervivencia”. Las prestaciones públicas en especie de sanidad y educación explican un 23%, aproximadamente, de la reducción de la desigualdad en la renta de mercado.