La historia tras los migrantes menores que denunciaron agresiones: “Los abusos en centros de la Fundación Siglo XXI son habituales”

Los problemas a los que se enfrentan los migrantes africanos que tratan de llegar a las islas Canarias no solo se dan en ese peligroso trayecto, sino que a veces se enfrentan a otros mayores una vez pisan suelo español. Es lo que le ha ocurrido a un grupo de doce menores que aseguran haber sufrido agresiones, amenazas y tocamientos por parte de los trabajadores del centro donde están acogidos en Tafira, Gran Canaria, y que es gestionado por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI.

No es la primera vez, que esa fundación se ha visto envuelta en un escándalo, pues se trata de la misma entidad que está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción por indicios de malversación de caudales públicos, administración desleal y falsedad de documento mercantil. De hecho, actualmente son investigados cuatro directores responsables de tres centros en Gran Canaria y otros dos en Lanzarote.

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“No se trata ni de todos los trabajadores ni de todos los centros que gestiona la Fundación Siglo XXI, pero lo cierto es que ya ha habido otros casos de malos tratos a menores”, y de graves deficiencias, como ya ocurrió en El Tablero, explica a Infobae España la activista Naira O., integrante de la organización Somos Red, que asegura que muchos empleados están al tanto de esas situaciones de abuso, mientras que otros no lo denuncian por miedo.

También es consciente de que la falta de recursos ha generado un “fuerte estrés” en las plantillas de los centros de acogida y muchos trabajadores optan por dejarlo. “Hay buenos profesionales que acaban yéndose porque no lo soportan, porque hay situaciones muy duras, y entonces se acaban implantando dinámicas muy complejas, porque se contrata a gente que no está especializada” en la materia, añade.

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Los hechos que han denunciado los 12 migrantes ante un juzgado comenzaron a producirse a principios de noviembre cuando se incorporaron nuevos educadores al centro de Tafira, fecha en la que uno de los menores dijo haber sido objeto de “posibles tocamientos en el despacho del director”, según informó el periódico La Provincia. En el escrito también figura que el pasado 22 de noviembre uno de los chicos recibió “fuertes golpes” por parte del director mientras otro empleado lo sujetaba y, al escuchar sus gritos, varios menores “rompieron la puerta” para acceder a la habitación donde sucedieron los hechos.

Al día siguiente, estos jóvenes fueron “amenazados” si contaban algo de lo ocurrido y fue entonces cuando decidieron abandonar el centro 23 menores. Horas después, 11 de ellos decidieron regresar, mientras que otros 12 optaron por quedarse en la calle antes que volver y presentaron el escrito ante el juzgado, tras haber intentado sin éxito poner en conocimiento estos supuestos hechos en la comisaría de San Cristóbal de Las Palmas de Gran Canaria.

“La policía los debería haber protegido porque son menores ante una situación de desprotección y tenían miedo, pero no les hicieron caso, por eso acudieron a Somos Red y los acompañamos a denunciar ante el juzgado”, señala la portavoz de Somos Red. Después de pasar casi una semana fuera de los recursos de acogida, la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias reubicó a los menores en dos centros gestionados por entidades distintas a Fundación Siglo XXI, pues se negaban a volver al mismo lugar.

A diferencia de los migrantes adultos, que pueden ser trasladados desde las islas a diferentes centros y puntos de acogida de la península, los menores de edad están bajo tutela del Gobierno canario y actualmente es responsable del cuidado de unos 5.000, si bien en octubre el Ejecutivo de Pedro Sánchez acordó con las comunidades autónomas que acogieran a casi 400 menores.

Precisamente ese aumento de llegadas de menores no acompañados a las islas ha hecho que surjan asociaciones “sin vocación en cuanto a la protección de los menores”, que no están preparadas para atender la emergencia social ante la crisis migratoria, advierte la activista. “Una cosa es que la gestión no sea fácil y otra muy diferente es que se permita una serie de cosas en ciertos centros de acogida de migrantes, porque como el Gobierno destina dinero para la atención de los menores, hay entidades que han surgido de la nada y contratan a personas sin ningún tipo de requisito formativo”, critica.

Asimismo, lamenta que muchos menores migrantes no estén escolarizados y que otros no reciban tratamiento médico cuando lo necesitan de forma urgente.

De momento, los doce jóvenes que denunciaron los malos tratos en el centro de la Fundación Siglo XXI, entidad con la que este medio ha tratado de contactar sin éxito, están a la espera de juicio, pues la denuncia ha sido admitida a trámite. Por su parte, la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno canario también ha iniciado una investigación interna para tratar de esclarecer los hechos y saber si tienen que llevar a cabo otras acciones.