La declaración de la renta está cada vez más cerca. Las prisas por tenerlo todo listo a tiempo son, para muchas familias, una cuestión fundamental. La campaña del próximo año llegará, como viene siendo habitual, entre abril y junio, aunque Hacienda prepara una serie de cambios y bonificaciones que los ahorradores pueden valorar para optimizar sus cargas tributarias. Los contribuyentes que no presenten los documentos necesarios en los plazos establecidos podrán recibir sanciones de hasta tres veces el importe de la deuda. La cantidad todavía puede aumentar más si existe perjuicio económico y lo mismo ocurre cuando el infractor es reincidente.
Los ciudadanos prefieren adelantarse a los imprevistos y organizar sus finanzas antes de que acabe el año. En 2024, las arcas públicas prevén recaudar un 7,5% más que este año. El Ministerio de Hacienda pretende alcanzar los 382.755 millones de euros con la presión tributaria, crucial para garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de educación, movilidad y sanidad pública. El 59% de los españoles considera que es necesario pagar impuestos para mejorar las prestaciones públicas, mientras que el 84,3% pide más inversión en ciencia, tecnología y vivienda, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Pero, ¿quién paga más dinero y por qué?
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El principio de progresividad tributaria defiende que, cuanto más alta sea la capacidad económica de una persona, más impuestos tendrá que pagar para contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Este sistema impositivo sugiere que las rentas más altas sean gravadas de forma proporcional a su nivel de ingresos y viceversa, es decir, las personas con una menor capacidad económica merecen, según la citada norma, disfrutar de una presión fiscal más liviana. La fórmula, no exenta de polémica, busca el reparto equitativo de las cargas impositivas y toma como base el principio de igualdad y distribución de la riqueza.
¿Cómo funciona el principio de progresividad tributaria?
El principio de progresividad tributaria busca la igualdad tributaria, de modo que solo grava lo que el individuo puede pagar. Por ejemplo, en caso de que la cantidad mínima para vivir fuese de 14.000 euros anuales, la tributación sólo empezaría a funcionar a partir de esa cuantía. La capacidad económica no es simplemente el dinero que tiene un sujeto, sino la suma de todos sus bienes, la obtención de su renta y la circulación de su riqueza. Este sistema tributario busca la progresividad, es decir, no es un formato impositivo lineal, sino que actúa con más envergadura sobre las rentas más altas.
La manera más habitual de aplicar esta fórmula es mediante la creación de tramos o escalones, es decir, Hacienda define una serie de tramos económicos y les asigna un porcentaje, que puede variar en función de la base imponible gravada de cada individuo. En el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en España, la tabla de tipos impositivos es la siguiente:
- Rentas por debajo de los 12.449 euros: retención del 19%.
- Rentas entre los 12.500 y los 20.199 euros: retención del 24%.
- Rentas entre los 20.200 y los 35.199 euros: retención del 30%.
- Rentas entre los 35.200 y los 59.999 euros: retención del 37%.
- Rentas entre los 60.000 y los 299.999 euros: retención del 45%.
- Rentas de más de 300.000 euros: retención del 47%.
Estos impuestos suelen generar polémica, porque las personas que más tienen, son las que más pagan. La gente se refiere popularmente a este modelo como los “impuestos de los ricos” y puede generar situaciones complejas, por eso hay que vigilar la situación personal de cada contribuyente. El artículo 31.1 de la Constitución Española recoge el principio de progresividad como característica fundamental del sistema tributario.