Pedro Sánchez fía la aceptación de la amnistía a sus “efectos balsámicos” tras devolver al independentismo al tablero constitucional

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a abrazar en los últimos días la estrategia de pisar los medios para explicar y justificar la amnistía. “Estoy obligado a hablar”, analizaba este miércoles en una conversación informal con los periodistas con motivo del 45 aniversario de la Constitución. El secretario general del PSOE ha iniciado la fase “pedagógica” de la polémica medida, ahora que echa a andar en el Congreso con su admisión a trámite, y fía la normalización de la situación en Cataluña a los “efectos balsámicos” de la misma.

A lo largo de sus entrevistas realizadas en diferentes espacios televisivos y radiofónicos (TVE, Cadena Ser o Antena 3), Sánchez trata de revertir las críticas por los acuerdos con los independentistas, como hizo durante la campaña de las elecciones del 23-J con el objetivo de pinchar “la burbuja del antisanchismo”. En otra conversación informal con corresponsales extranjeros en la Moncloa, el presidente del Gobierno ahondó en su estrategia didáctica para evitar levantar suspicacias fuera de las fronteras españolas a cuenta de esta medida.

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En esencia, Pedro Sánchez justifica estos pactos como mal menor, ya que la otra opción hubiera sido convocar una repetición electoral y aumentar las posibilidades de un gobierno de PP y Vox algo que sí conllevaría un “retroceso en derechos”. Pero una vez tomada la decisión, el líder de los socialistas pretende impregnar a sus federaciones de argumentos para contrarrestar el rechazo popular de la amnistía, más allá del uso político de la derecha para deslegitimar al Gobierno de coalición.

Según el barómetro de diciembre de 40dB para El País y la Cadena SER, casi el 60% de los españoles considera que la futura ley es injusta y supone un privilegio. Solo un 38% considera que contribuye a la convivencia y un 33,3% que mejora la integración, los dos argumentos empleados por el PSOE para defender su aplicación, que afectará a 309 independentistas y 73 policías. Por territorios, solo en Cataluña predomina la idea de que contribuye a la convivencia (un 53% de los encuestados). En cuanto a la motivación para impulsar la ley, un 85% cree que es para “poder gobernar”.

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Para impedir que el malestar popular crezca y revertir el desapego a la medida, Sánchez quiso aclarar que la amnistía “pone el contador a cero, pero no es poner la memoria a cero” y quiere comparar su rechazo actual con las críticas que en su día tuvieron los indultos. “La derecha utiliza los mismos argumentos: que se rompe España, que me salto la Constitución, o que lo hago por un interés personal, pero hoy el PP no cuestiona los indultos por su efecto beneficioso para la convivencia”, añadió en la Ser.

En medio de esta rendición de cuentas, Sánchez se ha jactado del regreso de Junts, los posconvergentes liderados por Carles Puigdemont, a la política estatal. Esta vuelta al tablero constitucional se añade a la normalización de las relaciones con ERC desarrolladas en la pasada legislatura. “El que se incorporen a hacer política los que hasta ahora estaban en los márgenes es bueno y fortalece la política española”, confesó Sánchez, además de augurar que el PP se “beneficiará” del nuevo papel adoptado por Junts.

Y es que, antes de que Junts per Catalunya absorbiera el espacio ideológico de la antigua CiU, esta fuerza independentista había servido de partido bisagra en la gobernabilidad del Estado. De hecho, en las filas populares no descartan echar mano de sus siete votos en el Congreso para tumbar las propuestas del Ejecutivo, así como el propio Carles Puigdemont advirtió que estaría dispuesto a apoyar una moción de censura contra Sánchez si este no cumple lo pactado.

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En cualquier caso, el presidente del Gobierno cree que los acuerdos “caerán por su propio peso” y que Junts tiene más que ganar que perder en el marco de estas negociaciones, aunque advierte de que todo será “dentro de la legalidad constitucional” y que los partidos independentistas son conscientes de los límites. Por ello, no contempla un referéndum de autodeterminación, el siguiente paso que piden Junts y ERC.

Sánchez confía en que la resolución del conflicto político con Cataluña se remate en las diferentes reuniones bilaterales (hasta cinco mesas de trabajo diferentes) pendientes de desarrollarse durante la legislatura, dos de ellas (PSOE-Junts y PSOE-ERC) bajo la mediación de verificadores internacionales. Paralelamente, los socialistas seguirán negociando con estas y otras fuerzas las diferentes medidas sociales y económicas porque, pues lejos de lo que se pudo pensar desde 2017, los partidos independentistas han vuelto al juego de la política nacional.