El Gobierno reconoce el fin de los beneficios caídos del cielo: achaca el descenso en la recaudación a la caída de ingresos de las energéticas

El impuesto a las energéticas ha generado polémica desde su inicio. Esta medida fiscal se ideó en sus inicios para gravar los ingresos extra que las empresas estaban obteniendo como consecuencia de la subida de precios de la energía, en lo que se popularizó como los ‘beneficios caídos del cielo’. Sin embargo, en la última semana el Gobierno ha abierto la puerta a una reformulación de esta política fiscal, en parte, por las amenazas de algunas empresas como Repsol, que aseguraban que no habían recuperado las pérdidas del covid-19. Ahora, el propio ministerio de Hacienda asegura que la recaudación del Impuesto de Sociedades se ha reducido considerablemente por la caída en las ganancias del sector energético, constatando así los argumentos de estas compañías.

El mes de octubre es el más importante del año para el Impuesto sobre Sociedades porque en él se ingresa el segundo pago fraccionado del año que liquida el semestre central del año. El crecimiento del segundo pago fue del 9%, muy por debajo del 24,5% del primero, tal y como recoge el último informe de recaudación de la Agencia Tributaria. “Esto se debe a la moderación en el aumento de los beneficios -hasta marzo crecían al 20% y hasta septiembre esa tasa se ha reducido al 6,1%-. El descenso de los beneficios se concentra en las empresas energéticas, pero también hay otros sectores, de mucho peso en el impuesto, que declaran incrementos menores de los declarados hasta el primer trimestre” reza el análisis del ministerio de María Jesús Montero.

Te puede interesar: Sánchez secunda a Ribera y se abre a rediseñar el impuesto a las energéticas tras las amenazas de desinversión

Una afirmación que, junto con las amenazas de grandes empresas de deslocalizar sus inversiones, podría ser el origen del cambio de rumbo del Gobierno con respecto a este gravamen. El impuesto a las energéticas -que se extiende también a la banca- ha sido un tema de gran polémica. Las declaraciones de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, sobre la posibilidad de hacer permanente este gravamen despertaron el recelo de empresas como Repsol, que pusieron en tela de juicio sus inversiones en nuestro país por la inestabilidad del marco fiscal y regulatorio. Ahora, el Gobierno ha recogido el guante de estas compañías y ya habla abiertamente de una reformulación de este impuesto con el objetivo de incentivar la transición ecológica.

En la entrevista que ha concedido Pedro Sánchez esta misma semana, el presidente del Gobierno ha asegurado que el Ejecutivo ya se está planteando el “rediseño” del impuesto a las eléctricas. “¿Qué es lo que estamos viendo ahora mismo? Afortunadamente, gracias también a la política energética europea y en España de las energías renovables, estamos viendo que la factura de la luz está reduciéndose, que el precio de la energía se está conteniendo, continúa alto pero se está reduciendo, y también estamos viendo que hay proyectos industriales que necesitan también de esa cobertura de una política energética que, de alguna manera, estimule, incentive estas grandes inversiones en energía renovable”, ha apuntado.

Te puede interesar: Imaz asegura que Repsol no ha recuperado las pérdidas del covid: “Me llevan los diablos cuando hablan de los beneficios caídos del cielo”

Unas afirmaciones que se alinean con las realizadas por Teresa Ribera en el marco de la COP28. Durante su visita a Dubai, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica reivindicaba la importancia de determinar si siguen existiendo o no esos beneficios extraordinarios que intentaban ser identificados en ese impuesto. “Ya no estamos hablando de beneficios extraordinarios, estamos hablando de otra cosa”, sentenciaba.

En el caso de las energéticas, el impuesto vigente se aplica durante 2023 y 2024, gravando el 1,2% de la facturación obtenida en aquellas empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros excluyendo los negocios regulados y actividades fuera de España y extra peninsulares. Así, por compañías, Repsol ha desembolsado más de 450 millones solo en este ejercicio. Por detrás de ella, Cepsa, abona 323 millones de euros; Naturgy y Endesa, unos 300 millones de euros cada una; e Iberdrola, 200 millones de euros.