Siete artículos de la Constitución que quizás desconoces (el sexto te sorprenderá)

La Constitución Española celebra este miércoles su 45º aniversario, y tú sigues sin habértela leído. Esto quiere que tal día como hoy de 1978 los españoles mayores de edad pudieron participar en el referéndum que ratificaría la carta magna y que dio paso a la democracia tras una larga dictadura franquista. Solo tuvieron que responder una pregunta: “¿Aprueba el Proyecto de Constitución?”. Y como una mayoría optó por una respuesta afirmativa —un 91,81% de los 17,8 millones de españoles llamados a las urnas (el 61%)— hoy en día todo nuestro sistema político y el ordenamiento jurídico depende de ella. Del sí de las personas que actualmente son mayores de 63 años. Pero ¿qué dice exactamente la Constitución?

En el día a día, los políticos y medios de comunicación nombramos constantemente la Constitución. El PP la usa para cargar contra la ley de amnistía que se aprobará el próximo 12 de diciembre en el Congreso de los Diputados y decir que es “claramente inconstitucional”, aunque corresponde al Tribunal Constitucional tomar esa decisión y cuando esté aprobada y se conozca su contenido. El PSOE también tira de ella para atacar a los populares por no cumplirla al acusarles de bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Vox dice continuamente con los socialistas y los socios “la pisotean”... Pero hay carta magna más allá de indultos, cesiones a los independentistas o renovación de órganos.

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De los 169 artículos que contiene la Constitución, en Infobae España hemos querido destacar siete que quizá no aparezcan tanto en la prensa o no acaparen todos los titulares, pero desde luego que es importante conocerlos a la hora de hablar de derechos. Todos hemos oído hablar del famoso artículo 155 que Mariano Rajoy activó en 2017 tras el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. Esta norma implica que el Gobierno central puede obligar a una comunidad autónoma a acatar una ley que no quiere aplicar, o si la autonomía va directamente en contra de algún precepto de la carta magna”. No obstante, a nivel personal, los siguientes siete artículos te afectan personalmente:

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Todos somos iguales ante la ley o eso es lo que nos dicen. Pero si eres inmigrante, conseguir el alquiler de un piso es misión imposible porque el racismo sigue arraigado en nuestra sociedad. Ya lo dijo Vinicius, que si lo dice un futbolista famoso se pone el foco en el problema. El jugador del Real Madrid recibió insultos racistas en el campo de juego. Surgió entonces la duda de si España era un país racista o si se trataba de casos aislados. La respuesta es dolorosa.

Tampoco las mujeres lo tienen fácil, relegadas al mundo de los cuidados a la vez que tienen que enfrentar las trabas del mundo laboral. Preguntas en entrevistas de trabajo de si piensan quedarse embarazadas o si tienen pareja, a la vez que lo tienen más difícil para optar a los puestos de responsabilidad. Este mismo martes el Gobierno ha tenido que aprobar una ley de paridad, precisamente porque no la hay.

La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.

Si se le puede poner un adjetivo a la Constitución, el idóneo podría ser “ambigua” o “contradictoria”. Las mujeres son iguales ante la ley y no pueden ser discriminadas por motivos de sexo, pero sí en la familia real, donde el hijo varón siempre tendrá preferencia. Quedará la duda de saber qué hubiera ocurrido si Felipe Vi y Letizia hubieran tenido un tercer hijo y que hubiera sido hombre. Según la Constitución, tendría preferencia frente a Leonor.

Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.

La Constitución se queda anticuada en algunos aspectos, como en el de priorizar el varón a la mujer en el acceso al trono. Pero en aspecto más cotidiano y terrenal también son necesario una serie de cambios que se adapten al lenguaje actual. La palabra disminuido, que se incluye en el artículo 49, se considera un término con connotación negativa. El nuevo ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, con el apoyo del Gobierno, ha recuperado la batalla para eliminar este término y sustituirlo por la expresión “personas con discapacidad”.

Sin embargo, no es sencillo introducir un cambio en la Carta Magna, sea de la índole que sea. Ha sido reformada en dos ocasiones: La primera de ellas en 1992 para permitir el sufragio pasivo en las elecciones municipales a los extranjeros, por exigencia del Tratado de Maastricht de la Unión Europea. La segunda en 2011 para introducir el concepto de estabilidad presupuestaria, en el marco de la crisis económica de 2008.

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

La esperanza de vida se alarga, sobre todo para las mujeres españolas, cuya media está en los 88 años y medio, la mayor de la OCDE. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo para que los servicios sociales responda con eficacia a los problemas específicos de salud. Más de 300.000 personas permanecían en lista de espera para recibir las ayudas por dependencia en 2022, según informó El País con datos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Sin embargo, desde 2019, cuando había 429.000 personas, esta cifra va en descenso.

Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

Más allá de la ideología del partido o de los partidos que estén en el Gobierno, la Constitución Española no es de carácter liberal, sino que defiende el sector público y el intervencionismo del Estado en caso de que sea necesario.

El artículo 47 de la Constitución Española declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.

Si eres de los que sufres por pagar el alquiler este artículo te interesa. Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y es obligación del Estado promover las condiciones necesarias para que así sea. Sin embargo, un estudio reciente de Fotocasa asegura que los españoles destinan el 43% de su salario a este fin, el porcentaje más elevado en diez años. Y las previsiones a corto plazo no mejoran. La vivienda es un problema crónico en España. Los inmuebles son cada vez más caros y el precio del alquiler irá al alza el año que viene, según Idealista.

Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

Cuidar el medioambiente es obligación de todos. Y es obligación de las instituciones promoverlo. ¿Cómo? Con la descarbonización, con ayudas a la transición ecológica para poner fin a las centrales nucleares, con ayudas al coche eléctrico y fomentando la movilidad en bicicleta, con carriles seguros, o en transporte público, entre otras cuestiones. Entre los objetivos del Pacto Verde Europeo destaca también la preservación y restablecimiento de los ecosistemas y la biodiversidad, la eficiencia en el uso energético y de los recursos en la construcción y renovación de edificios o la industria sostenible o circular.