Hay que bucear en los recursos de la web de Casa Real para dar con la fotografía, de diciembre de 2013. Aún faltaban unos meses para que abdicara Juan Carlos I, en el centro de la imagen junto a Mariano Rajoy, presidente del Gobierno. En esta estampa del pasado también se ve a Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, o a Fernando Grande-Marlaska, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Pues bien, se trata del último juramento o promesa de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fruto de un acuerdo. Hace cinco años que expiró su mandato. El mecanismo, aunque imperfecto, había funcionado bien hasta la fecha, pero al PP no le valen las reglas del juego actuales. A este respecto, dos copia y pega de contexto:
Constitución Española, artículo 122.3
El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.
Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 568.1
El Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución. Los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo.
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El PP propone que los 12 vocales sean elegidos por y entre jueces y magistrados en pro de la independencia, asegura. En los tira y afloja ha habido momentos en los que el acuerdo estuvo cerca. La última, en octubre de 2022, con Alberto Núñez Feijóo aún aterrizando en Génova tras la expulsión -se tituló como ‘dimisión’- de Pablo Casado como presidente del partido. Los medios ya tenían escritas las informaciones con el consenso PSOE-PP, era cuestión de minutos, pero el pacto se desbarató. Coincidían estas reuniones con el debate sobre la rebaja o derogación del delito de sedición y a esto se agarró la oposición para levantarse de la mesa: o el Gobierno daba un paso atrás o que no contaran con ellos. La otra versión es que Núñez Feijóo vio una amenaza en un titular del diario El Mundo esa misma mañana, y dado el precedente Casado: El PP teme la reacción de la “derecha política, judicial y mediática” al pacto del CGPJ.
El zorro y el gallinero
El último recurso del PP a Europa no le ha salido bien. El comisario de Justicia, Didier Reynders, viste los mismos colores políticos, pero no ha hecho lo que de él esperaban. Comparte que una reforma del sistema de designación tal como apunta el PP sería positivo, preferible a la fórmula que se viene aplicando, pero, y lo repitió hace apenas unas horas por última vez, “la prioridad” es actualizar ya la composición, la de la foto de 2013 nada menos. El Gobierno se ha abrazado a esta afirmación y Núñez Feijóo no ha podido sino reaccionar con una fórmula intermedia que no contradiga al Núñez Feijóo de hacía cinco meses, días o minutos ni a su colega Reynders: negociará la renovación si de forma simultánea se hace lo mismo con la reforma para que los vocales sean elegidos por jueves y magistrados.
“No vamos a poner al zorro a controlar las gallinas”, insiste el PP, consciente de que los cuatro años de legislatura de Sánchez vencidos lo han sido con un Poder Judicial de un signo opuesto al que emanó de la voluntad popular en las urnas. No se fían del PSOE. Modificó el Código Penal con la mente en Cataluña, ha accedido a una amnistía con la mente en la investidura -así reconocido-. Pero la Constitución obliga. Félix Bolaños, nuevo ministro de Justicia, hace equilibrismos en sus primeros días entre este asunto y la amnistía, sobre la que ese Poder Judicial ya se pronunció en contra antes incluso de que viera la luz un mero borrador del texto. Falta para que el Tribunal Constitucional se pronuncie. El Congreso empieza a debatirla el 12. Entretanto, un elefante presidirá el acto solemne en el Congreso, a la vista de todos, y nadie se hace responsable.
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