Las dos citas electorales de este año, la del 28 de mayo y la del 23 de julio, han dado un vuelco al peso de Vox en el tablero político. El partido de Santiago Abascal ha ganado influencia territorial: forma parte del Gobierno en cinco comunidades autónomas, además de entrar en un centenar de ayuntamientos. Sin embargo, se ha desinflado a nivel nacional, perdiendo un total de 19 diputados en el Congreso, al pasar de 52 a los 33 actuales. Esto les obliga a reconducir su estrategia política, enfocándola hacia las autonomías, con la paradoja de que en su programa electoral incluye la supresión de las mismas.
El acuerdo entre partidos para repartirse las presidencias de las comisiones del Congreso de los Diputados ha dejado fuera a Vox, alejando a los de Abascal del último resquicio de poder institucional al que podían aspirar a nivel nacional. El declive comenzó con la pérdida de diputados: al bajar de 50, Vox ha perdido poder: más allá de tener menos tiempo de intervención en los debates, tampoco puede presentar recursos de inconstitucionalidad o mociones, ni puede forzar un referéndum para una reforma de la Constitución.
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Pero eso no es todo, porque también ha dejado de percibir muchos ingresos, ya que la dotación económica se asigna por escaño (21.167,64 €), lo que implica que Vox recibirá 698.532,12 euros esta legislatura por sus 33 diputados, frente a los 1.100,717,28 euros que hubiese recibido de mantener a sus 52 parlamentarios en las elecciones del 23 de julio.
Con todo, los de Abascal intentaron equilibrar su pérdida de poder a través de la Mesa del Congreso, pero no lo lograron, y en las negociaciones del 17 de agosto se quedaron sin puestos. El PP amarró dos vicepresidencias y dos secretarías al imponerse Francina Armengol frente a Cuca Gamarra como presidenta de la Cámara Baja, y Vox se quedó con las manos vacías. En la legislatura pasada, los de Abascal ostentaban la vicepresidencia cuarta de la Mesa, la misma que pidieron, sin éxito, para esta.
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Tener representación en la Mesa es dotarse de poder político y también institucional, ya que supone entrar en el Gobierno del Congreso de los Diputados, lo que también se traduce en más ingresos. Así, Vox pierde otros 3.274,75 euros mensuales por su puesto en la Vicepresidencia de la Mesa, y tampoco ha logrado ninguna secretaría.
Y el último resquicio de poder que quedaba por asignar lo han perdido esta semana al quedarse sin puestos en las Comisiones. El PP ha pactado con el PSOE y con Sumar el reparto de la presidencia de las mismas, de las cuales una decena serán para los de Feijóo, cinco de ellas legislativas. Es otra cuota más de poder político, que también se traduce en ingresos: cada presidente de comisión percibe un complemento de 1.590,37 euros mensuales. Tampoco tendrán secretarías, por las que recibiría 775,18 euros al mes por secretario o secretaria.
El poder autonómico
Ante este escenario, los de Abascal han explotado cargando contra el PP por dejarles fuera y pactar con el PSOE y Sumar. Fuentes de Génova confirman a Infobae España que el PP les ofreció secretarías, pero las rechazaron. Desde la Dirección Nacional del PP achacan el ataque de Vox al “dinero” que percibirían por los puestos en las comisiones, pero fuentes de Vox lo niegan: “Los puestos de las comisiones en esta coyuntura son lo de menos”, aseguran, aunque lo cierto es que, precisamente, los puestos en las comisiones eran el último resquicio de poder que les quedaba a nivel nacional.
“No hemos negociado nada con el PP porque no ha respondido a nuestra propuesta de respuesta conjunta al golpe de estado de Sánchez; ha preferido pactar con el PSOE y Sumar para repartirse presidencias de comisión”, argumentan fuentes parlamentarias de Vox.
De esta forma, el poder autonómico y municipal es lo que le queda a Vox, que ni siquiera acudirá al acto para conmemorar la Constitución en el Congreso de los Diputados el próximo 6 de diciembre. Desde el partido aseguran que no estarán “con quienes están atacando la Constitución”, ni participará en sus “teatros”. Sin embargo, sí asistirán a los actos organizados por los Gobiernos autonómicos, donde cuentan con cuota de poder. Estos son Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Aragón. Allí no confrontará con el PP y seguirá profundizando en sus políticas y en su poder institucional.
La paradoja se produce cuando se echa un vistazo a sus programas electorales que, pese a confrontar con el Título VIII de la Constitución, apuestan por “sustituir” el actual Estado de las Autonomías por “un solo Gobierno” y un “solo parlamento”, es decir, abogan por suprimir las comunidades autónomas que hoy le ofrecen el único peso institucional que manejan desde el 23 de julio.