Indexar los contratos públicos al SMI: la pieza que falta para acordar la subida con la patronal y que presiona a Hacienda

Las posturas de las patronales, los sindicatos y el Gobierno en cuanto a la subida numérica del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2024 son las más alineadas de los últimos cuatro años. El paso dado por CEOE y Cepyme hace dos semanas proponiendo un aumento de hasta el 4% ha sido valorado por los sindicatos y por el Ministerio de Trabajo, que prioriza un acuerdo tripartito en torno a dicha cifra, algo que no ocurre desde enero de 2020. No obstante, falta una pieza clave para los empresarios que comparten los sindicatos y de la que el Ministerio de Hacienda no quiere ni oír hablar: repercutir las progresivas alzas del SMI en los contratos públicos en marcha.

Las patronales fueron claras en el comunicado en el que hacían pública su propuesta y, según fuentes de la CEOE, mantienen su postura: la indexación de los contratos públicos al SMI es “una condición sine qua non”, es decir, sin la cual no habrá subida acordada con los empresarios. A esto se suma que UGT y CCOO están de acuerdo, de hecho, ya lo expresaron por escrito en el AENC firmado en mayo: “Instamos al Gobierno a modificar la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación derivados de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público”, recoge el texto.

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Este asunto ocupó gran parte de la reunión mantenida con Trabajo el pasado jueves: “Hemos hecho bastante hincapié en el tema de la desindexacion de los salarios y hemos tenido un debate bastante centrado en esta cuestión”, reconoció a la salida Mari Cruz Vicente, negociadora de CCOO. Lo que piden los agentes sociales consiste en eliminar la imposibilidad de actualizar los precios de los contratos en ejecución para poder repercutir el incremento del SMI, que desde 2018 ha subido un 46,8% y que con la mínima subida planteada para 2024 alcanzará el entorno del 52%.

“Sabemos que esta cuestión no implica solo al Ministerio de Trabajo, pero si no conseguimos que sea en este momento lo que sí haremos es seguir planteando esta cuestión en aquellos ministerios con competencia en esta materia”, señalaba Vicente. La presión está servida para el Ministerio de Hacienda, aunque esta cuestión no es una línea roja para los sindicatos, como sí lo es para la patronal, por el momento.

El problema reside en que tras la licitación de muchos contratos ha habido cambios normativos y acuerdos de negociación colectiva que implican incrementos de costes laborales, a lo que se suma la inflación de los dos últimos años. Muchas de estas circunstancias no se podían prever en el momento de la licitación, pero la normativa vigente impide una revisión ad hoc. Los sindicatos están detectando que este impedimento está “entorpeciendo el desarrollo de la negociación colectiva y la aplicación del SMI” entre los trabajadores de las contratas públicas porque “efectivamente, no hay margen —de las empresas contratantes— para poder subir los salarios”, reconoce CCOO.

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Por el momento, el Gobierno solo ha aprobado en marzo de 2022 la posibilidad de revisar de manera excepcional hasta un 20% el precio de adjudicación de los contratos del sector público de obras de 2021 por la subida de las materias primas. Hace unos meses la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió esta “revisión quirúrgica” en el Senado sin abrirse a una actualización por costes laborales, como pide la CEOE. Fuentes de Hacienda sostienen ahora que no tienen nada nuevo que decir al respecto.

El alza de costes laborales y de materias primas y energéticas ha llevado en los últimos años a un aumento de los contratos desiertos. Según Gobierto, empresa especializada en contratación pública, estos superaron el 10% entre el primer trimestre de 2022 y el primero de 2023, aunque habrían descendido ya a niveles de 2021 (en consonancia con la menor inflación) en el segundo trimestre de 2023.

Subir el SMI en 2024 es un tema que suscita pocas discrepancias en el Gobierno, según fuentes del Ministerio de Trabajo, precisamente porque las patronales están de acuerdo en hacerlo. Las mismas fuentes señalan que la propuesta de CEOE y Cepyme tiene una importancia decisiva porque avala de manera implícita todas las subidas anteriores del SMI que no firmaron (las de 2021, 2022 y 2023).

Trabajo quiere aprovechar este clima de consenso, impensable antes de las elecciones, y por eso está intermediando en la mesa de diálogo social —que volverá a reunirse el 11 de diciembre— con la prioridad de que vea la luz un acuerdo tripartito. En este contexto se entiende un planteamiento moderado y flexible del ministerio de Yolanda Díaz, más cercano al de la patronal que al de los sindicatos. Y también se evidencia que el principal escollo por determinar es la indexación del SMI a los contratos públicos en ejecución.

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Aunque Trabajo evita concretar una cifra, fuentes de esta cartera defienden que hay margen para la subida siempre que esta se base en dos parámetros. El primero es que el SMI crezca a partir de ahora en una cifra similar a la del salario medio en la negociación colectiva porque ya se sitúa desde 2023 en el 60% del salario medio. Hasta octubre, el aumento de los salarios en convenio ha sido el 3,46%.

A esto hay que sumar el segundo parámetro, el aumento de la inflación, y que no se pierda poder adquisitivo, aspecto en el que también hay comprensión de la patronal al proponer un incremento adicional del 1%. Para esta subida no se ha pedido un informe previo a la comisión de expertos, pero el ministerio asegura que a lo largo de la legislatura hará permanente dicho organismo.