La intermitencia del desempleo: el 75% de los que cobran el paro también reciben parte de un salario

La situación de los millones de parados de España es diversa y dinámica, siendo el grupo mayoritario el de las personas que participan de manera intermitente o parcial en el mercado laboral y cobran parte de la prestación por desempleo. No obstante, también hay otros parados que no tienen ningún contacto con un trabajo declarado y a estos se añaden quienes no tienen derecho a una prestación por desempleo y probablemente opten al Ingreso Mínimo Vital.

El debate sobre la proactividad de las personas en paro para encontrar trabajo se ha avivado en las últimas semanas con motivo de la reforma de las prestaciones asistenciales por desempleo y hay dos concepciones totalmente contrapuestas entre el Ministerio de Trabajo y el de Economía. Los datos evidencian que se trata de un colectivo heterogéneo, con prestaciones relativamente elevadas respecto a otros países y al que los servicios públicos de empleo apenas encuentran trabajo.

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Según los datos de la Agencia Tributaria, el 75,3% de quienes cobraron por desempleo en 2022 también ingresaron parte de un salario en el mismo año, un total de 3.276.751 personas, y solo el 20,5% (891.120 personas) percibió únicamente la prestación de paro que le correspondiera. También hay otro 4,2% que, además del desempleo, cobraron una pensión y/o un salario durante el año. Revisando la serie histórica se observa que se trata de una tendencia consolidada: el porcentaje de personas que cobraron una prestación y parte de un salario durante el año de referencia crece en los periodos expansivos y disminuye en los contractivos (fue el 62,2% en 2012).

Esta estadística, expuesta por el profesor Carlos Castedo en X, permite apreciar mediante las declaraciones de la renta que hay frecuentes flujos entre el empleo y el desempleo en el mercado laboral español, algo que también registra la EPA con más detalle y frecuencia periódica. En cuanto al tipo de parados que salen al mercado laboral y los que no, las reanudaciones de las prestaciones contributivas y asistenciales por desempleo que reporta el SEPE dan algún indicio.

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Según sus cifras, del total de altas de prestaciones contributivas por desempleo efectuadas en los diez primeros meses del año (3.786.963), el 64,3% han sido reanudaciones. Algo similar sucede en las prestaciones asistenciales, donde el porcentaje de reanudaciones sobre las altas totales (1.505.696) asciende al 61,6%. Según fuentes técnicas del Ministerio de Trabajo, las reanudaciones evidencian que hay miles de personas paradas saliendo al mercado laboral temporalmente y volviendo a cobrar la prestación, por lo que consideran errónea la idea de que los parados que cobran prestación se conforman y no buscan empleo.

Cabe recordar que, actualmente, el SEPE permite compatibilizar el cobro de las prestaciones por desempleo con un trabajo a tiempo parcial y con el trabajo autónomo en el caso de la contributiva. Para los mayores de 52 años que perciban el subsidio, la compaginación se extiende a un contrato a tiempo completo indefinido o temporal con una duración inferior a tres meses.

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Pese a que estos flujos entre el paro y el empleo existen, no se producen con la intensidad suficiente para que los parados permanezcan en el mercado laboral. En consecuencia, España tiene un problema con el desempleo: registra la tasa más elevada de Europa (12% en octubre) y el paro de larga duración es más elevado en 2023 que en 2008 pese a tener récord de ocupados. Cuanto más tiempo permanece una persona en una situación de desempleo tiene peor empleabilidad y está más cerca de perder el derecho a una prestación de este tipo.

La tendencia al enquistamiento del paro de larga duración es clara: desde 2014 —y exceptuando la excepcionalidad de 2020 por la pandemia— el número de beneficiarios medios anuales de prestaciones asistenciales por desempleo supera a los de las prestaciones contributivas. Con datos de los diez primeros meses de 2023, las cifras son 873.222 beneficiarios medios de prestaciones asistenciales y 792.336 de contributivas. Por otra parte, según los datos más recientes (octubre de 2023), el 32,9% de los parados con experiencia laboral no tiene cobertura por desempleo porque han agotado la prestación o porque no han generado derecho a la misma.

Ante esta situación de desempleo estructural y lagunas en la cobertura de las prestaciones, Bruselas pidió reformar algunas de las políticas pasivas de empleo (subsidios) y las políticas activas, algo que ya se plasmó en la Ley de Empleo de febrero de 2023 y que por el momento no ha producido una mejora sustancial en la intermediación.

El debate actual en el seno del Gobierno reside en que el Ministerio de Trabajo defiende extender la cobertura y las cuantías de los subsidios y ampliar la compatibilidad con un empleo a tiempo completo, mientras que el Ministerio de Economía quiere rebajar cuantías y duración de los subsidios, aunque coincide en lo demás, según lo que ha trascendido.

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El principal desencuentro consiste en que Trabajo defiende que aumentar subsidios no desincentiva el trabajo y Economía sostiene lo contrario. La postura de Trabajo desafía a la idea imperante que incluso expone la Comisión Europea. Según Bruselas, recibir una reducida prestación por desempleo en relación con el sueldo (tasa de reemplazo) “se asocia con un mayor incentivo para buscar y aceptar un empleo cuando se está desempleado”.

Más allá de este debate, los datos reflejan que las prestaciones por desempleo de España son más altas que en otros países, aunque no lideran los rankings. Según la tasa neta de reemplazo en desempleo que publica la OCDE, una persona soltera que lleve 25 meses en paro y en su último empleo percibiera el salario mínimo, en 2023 conserva el 48% de los ingresos percibiendo el subsidio. El mismo perfil, pero que tuviera antes un salario medio, ahora percibe el 29% de sus ingresos.

Si el ejercicio se hace para las personas que estén dentro de la prestación contributiva, la cobertura es mayor: los que recibían el salario mínimo conservan el 75% de sus ingresos a los seis meses de paro y los que tenían el salario medio el 57%.

Si se comparan estas ratios con el resto de países de la OCDE en 2022 (último año con datos completos), España se sitúa en el puesto octavo en el primer caso del subsidio y en el duodécimo en el segundo. En ambos, Portugal, Eslovenia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo se encuentran por delante de España, pero todos estos países tienen también menores tasas de paro.