El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple este lunes diez años de mandato. Desde que el partido socialista de Pedro Sánchez encabeza el Gobierno, el sistema de gestión del órgano judicial está en funciones porque el PP y Vox bloquean este acuerdo que les impide realizar nombramientos. A día de hoy, este órgano se encuentra inmerso en una crisis institucional sin precedentes que no parece que vaya a avanzar ni en el corto ni el medio plazo.

El 4 de diciembre de 2018 se marcó la fecha para la renovación del Consejo, según el acuerdo previamente establecido entre el PSOE y el PP. Incluso se habían iniciado las comparecencias de los candidatos en el Congreso. Sin embargo, el impactante mensaje del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, defendiendo la elección de Manuel Marchena como presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo con la intención de controlar “por detrás” la sala segunda del alto tribunal, quebró dicho acuerdo. Desde entonces, han transcurrido cinco años.

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Aunque el pacto estuvo casi cerrado nuevamente hace poco más de un año, el PP lo rompió, una vez más, esta vez debido a la controversia sobre la supresión del delito de sedición.

En la actualidad, la falta de consenso deja al CGPJ en una nueva fase, con solo 16 de sus 20 vocales, careciendo de capacidad para realizar nombramientos. Además, enfrenta la figura de un presidente interino, el tercero en un año, mientras su mandato, iniciado en 2013 durante la X legislatura, persiste en 2023 en la XV.

A pesar de las repetidas urgencias de la Comisión Europea para la renovación del Consejo, estas han sido ignoradas.

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Recientemente, Félix Bolaños asumió su cargo como titular de Justicia y expresó su compromiso con la pronta renovación durante una reunión con el actual presidente del Consejo, Vicente Guilarte.

La semana pasada, Pedro Sánchez reveló su intención de contactar con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para abordar esta cuestión. Sin embargo, los populares sostienen que cualquier acuerdo de renovación implica modificar la ley para que los jueces, y no el Parlamento, elijan a sus representantes en el Consejo, un planteamiento que no complace al PSOE.

Mientras tanto, el órgano en cuestión continúa tomando decisiones, algunas de gran trascendencia. La semana anterior, se pronunció sobre la idoneidad del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, negándose a renovarlo en el cargo, a pesar de haberlo considerado apto el año pasado.

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Recientemente, también se posicionó en contra de la ley de amnistía en una declaración impulsada por los vocales conservadores, incluso antes de que comenzara la tramitación de la proposición de ley.

Este sábado, el presidente del CGPJ planteó la posibilidad de reducir las competencias del órgano para evitar nombramientos discrecionales de altos cargos judiciales, una reforma que, según él, facilitaría la renovación al disminuir la influencia de las partes interesadas en la designación de “sus” vocales.