Una reforma para que la Constitución no ofenda a nadie: Bustinduy quiere borrar el concepto “disminuidos” del Artículo 49

“Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”, reza el Artículo 49 de la Constitución Española. Eran los años setenta y esa expresión, “disminuido”, no envejece bien, pero ahí sigue grabada, superviviente al paso del tiempo.

Este martes, el Consejo de Ministros, instigado por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo de Pablo Bustinduy, hizo una declaración institucional en la que se comprometía a reformar este Artículo y cambiar ese concepto por el de “personas con discapacidad”, menos ofensivo para los interpelados por la Carta Magna. Una batalla que se da en el Congreso de los Diputados desde 2018, pero que nunca se ha cristalizado.

Te puede interesar: El rey llama en el Congreso a “cumplir la Constitución” y a “buscar siempre el bien común de todos los españoles”

“Es inadmisible que la Constitución continúe refiriéndose a nuestros conciudadanos como “disminuidos”, un término hiriente para las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones”, asegura el ministro Bustinduy, que se ha comprometido a realizar esta revisión de los términos, algo que ya pretendió el ministro Felix Bolaños durante la anterior legislatura, pero que no pudo llevar a cabo por el bloqueo institucional y tensiones mediáticas que genera cualquier reforma del texto constitucional.

Aunque aún no hay fechas para el cambio, fuentes ministeriales aseguran que el proceso llevará “mínimo un año y medio” dado que “si es una propuesta de Gobierno, necesita informe del Consejo de Estado más la tramitación parlamentaria”. La cartera a cargo de Sumar es optimista con el objetivo final pero cauta en sus previsiones.

Te puede interesar: El abandono temprano del hogar y la inestabilidad laboral hacen que las familias LGTBI ingresen casi un 20% menos

“El nuevo Artículo tendrá que señalar, además, la obligación de los poderes públicos de garantizar la inclusión social y libertad de elección de las personas con discapacidad. En él tendrán voz propia las mujeres y niñas con discapacidad, que hasta ahora han sido las grandes olvidadas en los textos legales”, promete Bustinduy.

Desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) celebran la iniciativa del Gobierno aunque piden actuaciones eficaces: “Deseamos que se culmine ya, no debe postergarse por más tiempo. Es un proceso ya largo en el tiempo, que ha sufrido demasiadas interrupciones. En la Legislatura anterior hubo que esforzarse, y CERMI hizo mucho para ello, en alcanzar el consenso mínimo, y se acabó logrando, a pesar de que el adelanto electoral impidió, por tiempos, que se culminase. La reforma del artículo 49 de la CE es una demanda del CERMI que se remonta al año 2004, casi 20 años atrás”, sostienen para Infobae al conocer la noticia.

Durante la legislatura al frente del Ministerio de la Presidencia, Felix Bolaños hizo los primeros amagos para cambiar la Constitución, incluso tuvo reuniones con CERMI para extraer conclusiones en conjunto. El adelanto electoral y la falta de relación con el Partido Popular impidió que la reforma saliera adelante.

Toda reforma de la Constitución requiere una mayoría de tres quintas partes del Congreso de los Diputados. El propio texto así lo afirma en su Artículo 167. Además de los partidos que han apoyado la investidura de Pedro Sánchez, serían necesarios los votos de PP o Vox. Además de los 179 diputados que apoyaron al actual Gobierno, habría que alcanzar los 210 votos a favor.

La Constitución Española, desde su aprobación en 1978, solo ha vivido dos reformas y siempre por la intervención de Europa. Una, en 1992, porque el nuevo Tratado de Maastricht entraba en conflicto con el Artículo 13, de forma que el Gobierno de Felipe González operó para solventar la discrepancia. La última fue en 2011, a propuesta de Jose Luis Rodríguez Zapatero y aprobada por el PP, un cambio legislativo que provocó fuertes reacciones sociales, ya que se llevó a cabo por la presión de Europa durante la crisis económica y reescribía el texto constitucional para que la deuda pública fuese la prioridad del Gobierno.

“El nuevo Artículo 49 entenderá la discapacidad desde un enfoque exigente en derechos. Dará paso a un reconocimiento centrado en las personas con discapacidad. Y señalará la obligación de los poderes públicos de garantizar su plena autonomía, inclusión social y libertad de elección”, aseguraba el Ministerio de Derechos Sociales en su declaración institucional aprobada por el Consejo de Ministros.

Ese texto se compromete a que la nueva redacción del Artículo ofrezca voz a “las mujeres y niñas con discapacidad, grandes olvidadas en los textos legales”, de forma que se “exprese este compromiso feminista”. Además, la reforma aspira a que el Artículo 49 ponga en valor “el diálogo civil como elemento de fortalecimiento del Estado de Derecho”.

Esta tercera reforma de la Constitución sería, en palabras de la declaración institucional, “la primera reforma social de la Constitución que amplía y refuerza la protección de derechos”.