El Ministerio de Trabajo asegura que la reforma del subsidio de paro aumentará la prestación inicial a 660 euros

El Ministerio de Trabajo plantea una nueva regulación sobre las prestaciones asistenciales por desempleo que amplía la cobertura de los subsidios a ciertos colectivos y aumenta la cuantía a cobrar por los beneficiarios. Fuentes de esta cartera aseguran que la reforma incluida en el Componente 23 del Plan de Recuperación se hará en el sentido que se esboza desde la vicepresidencia segunda y que lleva redactada desde el verano de 2022, pero que aún no ha visto la luz por las continuas fricciones con el Ministerio de Economía.

En concreto, la reforma que ha diseñado Trabajo eleva las cuantías a cobrar por los beneficiarios, pero establece una evolución decreciente en el tiempo de las prestaciones. Según la propuesta de Trabajo, los beneficiarios cobrarán el 110% del IRPEM durante los seis primeros meses; el 90% los seis siguientes y el 80% el resto del tiempo (18 meses). Esto corresponde, según el IPREM de 2023, a 660 euros mensuales, 540 euros y 480 euros, pero fuentes del ministerio liderado por Yolanda Díaz aseguran que el Gobierno volverá a subir el IPREM en 2024, por lo que las cuantías aumentarían. Actualmente, se cobran 480 euros (el 80% del IPREM) durante todo el periodo de vigencia (hasta 30 meses).

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Además, la reforma que plantea Trabajo aumenta la cobertura de los subsidios de paro a dos colectivos hasta ahora excluidos: menores de 45 años sin cargas familiares y trabajadores eventuales agrarios pertenecientes a una comunidad que no sea Extremadura ni Andalucía, que ya disponen de una cobertura específica asistencial para estos trabajadores. De esta manera, la prestación asistencial por desempleo llegaría a unas 400.000 personas más, 250.000 trabajadores eventuales agrarios y 152.000 menores de 45 años.

Otros dos elementos que también se incluirán son la eliminación del mes de carencia que debe pasar hasta que la persona puede solicitar el subsidio y la compatibilidad de la prestación durante los primeros 45 días de un trabajo. Durante este periodo el beneficiario cobraría el 100% de la prestación que le corresponda en ese momento. A esto se añade que, para conceder el subsidio, se tendrán en cuentas las rentas o bien de la unidad familiar o de la persona, dependiendo de cuál sea más favorable en cada caso (actualmente solo se tienen en cuenta las rentas personales y perjudican a algunos tipos de beneficiarios).

Este nuevo sistema, o el que finalmente se refleje en el BOE, debería aprobarse antes de final de año para poder solicitar el cuarto pago de los fondos europeos, pero entraría en vigor posteriormente, a mediados de 2024, por lo que las cuantías a cobrar podrían ser superiores si se termina subiendo el IPREM. Además, no tendrá efectos retroactivos, es decir, que las nuevas condiciones se aplicarán a los nuevos beneficiarios o a quienes ya hayan sido beneficiarios en algún momento, pero renueven la prestación.

Fuentes del Ministerio de Trabajo afirman que esta reforma ha sido negociada con Bruselas en el marco del Componente 23 y que es competencia de esta cartera su definición, no de Economía, que tiene un planteamiento muy distinto. No obstante, la reforma no está completamente cerrada: Trabajo va a convocar a los agentes sociales (patronal y sindicatos) para negociarla.

Fuentes de Trabajo detallan que el planteamiento del Ministerio de Economía es reducir el tiempo de cobro del subsidio a 12 meses frente a los 30 meses actuales y disminuir también la prestación total a cobrar. Su planteamiento consistiría en cobrar el 100% del IPREM los tres primeros meses; el 80% los tres siguientes; el 65% otros tres y el resto del tiempo el 50%.

Esto da una media de 442,5 euros, inferior a los 480 euros que se cobran actualmente. Además, el ministerio de Nadia Calviño también llegó a proponer aumentar hasta los 60 años el requisito de edad para cobrar el subsidio que actualmente es de mayores de 52 años. El PP lo subió a los 55 años, pero el gobierno en solitario del PSOE de 2018 lo volvió a situar en 52.

Trabajo insiste en que el Gobierno está comprometido en que no haya recortes en los subsidios por desempleo y no ve grandes problemas con el Ministerio de Hacienda para aprobar la reforma en estos términos, lo que supondría un aumento del gasto y de la partida presupuestaria.