El Ministerio de Trabajo ha avanzado este miércoles las principales líneas de la reforma de los subsidios por desempleo que está preparando y contradicen a los términos descritos por el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, este mismo lunes. Según ha avanzado la Cadena SER y ha confirmado Infobae España, la cartera de Yolanda Díaz pretende ampliar la cobertura de las prestaciones, llegando a más beneficiarios y haciendo más compatibles los subsidios con la incorporación a un empleo.
En concreto, el borrador de la reforma que ha elaborado Trabajo amplia el cobro del subsidio de 480 euros a los menores de 45 años sin cargas familiares, que estaban excluidos hasta ahora de la prestación, lo que supone sumar a unas 150.000 personas más a la cobertura. Además, fuentes del organismo aseguran que se rechaza implantar el modelo de prestaciones decrecientes que plantea el Ministerio de Economía, dirigido por Nadia Calviño, con pagos más elevados al inicio del cobro del subsidio y menores después para facilitar la incorporación al mercado laboral.
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En su lugar, Díaz diseña un modelo según el cual se pretende hacer más compatible con la aceptación de un empleo con seguir cobrando la prestación durante el primer mes del mismo. “La reforma que plantea el Ministerio de Trabajo va en dirección contraria de quienes plantean recortes”, defienden fuentes del organismo. También se incluye la simplificación del acceso a los subsidios eliminando el mes de espera y las revisiones de la prestación pasarán a ser trimestrales.
La orientación de la reforma que pretende el ministerio de Economía difiere de estas líneas y, según explicó García Andrés en un evento de EY, consiste en “potenciar el acuerdo de actividad que todos los desempleados hacen con los servicios públicos de empleo para que se acepten las ofertas de trabajo”. A su entender, este asunto es clave para reducir el paro estructural y conseguir el ‘pleno empleo’, a lo que añade la existencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) como elemento de cobertura asistencial. “El sistema de subsidios —de paro— incorporó elementos de asistencia social que ahora tenemos cubiertos con el IMV. Estamos en una situación en la que la mejora del mercado de trabajo está haciendo que haya escasez en muchos sectores y, por lo tanto, es el momento de hacer esta reforma”, explicó el secretario de Estado.
Retraso de un año y sin negociar con los agentes sociales
Dadas estas diferencias y la celebración de elecciones generales en verano, la negociación de la reforma de los subsidios de paro en el seno del Ejecutivo se encuentra encallada desde hace meses y acumula un retraso de un año respecto a los plazos comprometidos con la Comisión Europea en el Plan de Recuperación (Componente 23). Según este documento, la medida debería haber sido aprobada en el último trimestre de 2022. Durante la pasada legislatura, el Ministerio de Trabajo anunció la reformulación del sistema de protección por desempleo en su fase asistencial, pero solo a nivel de simplificación de la estructura y de los criterios de acceso, sin llegar a negociar la medida con los sindicatos.
Es por ello que UGT y CCOO han vuelto a pedir al Gobierno que convoque la mesa de diálogo social para tratar la reforma y rechazan la que plantea Economía porque, a su juicio, “no se corresponde” con las medidas que se necesitan y critican que este ministerio está cuestionando la voluntad de encontrar trabajo de los parados con subsidios. Para los sindicatos, las declaraciones del secretario de Estado de Economía “señalan que la prioridad de la reforma del nivel asistencial no es la mejora de las condiciones y acceso a estas prestaciones, sino que ponen en duda la ‘honradez’ de las personas beneficiarias de los subsidios por desempleo”.
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Para los sindicatos el mayor problema de los subsidios de paro es la suficiencia de las prestaciones, los vacíos de cobertura, personas sin prestación y la necesidad de mejorar los resultados de las políticas activas de empleo a las que se dedican “una importante cantidad de recursos”. También critican que los niveles de intermediación de los servicios públicos de empleo “son bajos” y el éxito de las políticas activas “muy mejorable”.
Fuentes del Ministerio de Trabajo señalan al respecto de este asunto que con la reforma avanzada “las personas perceptoras tendrán derecho a una cartera de servicios y acordarán con las personas responsables de su orientación los itinerarios formativos y laborales adecuados a su perfil y situación personal”.