El Partido Popular de Madrid ha presentado un proyecto legislativo para modificar el estatus de los expresidentes de la Comunidad de Madrid. Esta medida ha provocado diversas interpretaciones sobre los objetivos reales de Isabel Díaz Ayuso. La propuesta promueve la creación de una regulación sobre el papel de los expresidentes de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, desde sectores de la oposición se interpreta esta iniciativa como un intento de crear una paga vitalicia de 8.500 euros.
Lo cierto es que, por el momento, la cifra de los 8.500 euros no aparece por ninguna parte. La cifra se basa en las declaraciones de dos miembros de Más Madrid, Manuela Bergerot, la sustituta de Mónica García, y Hugo Martínez, diputado autonómico, quienes han cuestionado la creación de un estatuto para expresidentes de la Comunidad de Madrid.
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Específicamente, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha presentado en la Asamblea de Madrid una propuesta para modificar la ley del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid. En el texto, el Ejecutivo plantea la creación del estatuto de los expresidentes de la Comunidad de Madrid, una medida que ha provocado multitud de críticas por parte de la oposición. No obstante, aún no se conoce el contenido exacto de este estatuto, y la modificación de la ley registrada en la Asamblea no hace referencia en ningún momento a una “paga vitalicia” de 8.500 euros.
Como respuesta, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado de “bulo” la información publicada, aunque se ha visto abierta a abordar el asunto, tildando la propuesta como algo “lógico y asumible”, destacando que este tipo de políticas también existen en otras comunidades autónomas.
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¿De dónde sale esa cifra?
Con esta modificación, Ayuso pretende cambiar la normativa para permitir que el Consejo de Gobierno, formado por la propia Díaz Ayuso y sus consejeros, nombrados por ella, puedan regular, a través de decreto, un estatuto aplicable a los expresidentes de la Comunidad de Madrid, así como a “los demás miembros del Consejo de Gobierno después de su cese”.
El documento también señala que la Comunidad de Madrid “es una de las pocas comunidades autónomas que carece de una regulación para la figura de sus expresidentes” y que “casi todas las comunidades, de una manera u otra, establecen el régimen aplicable a aquellas personas que en su momento representaron al Estado en la comunidad autónoma”.
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No obstante, en ninguna parte de la normativa propuesta por el Gobierno de Ayuso se menciona una paga vitalicia de 8.500 euros al mes. Tampoco se especifica la forma en que se elaborará dicho estatuto para expresidentes. Esta cifra nace de una propuesta anterior, cuando en 2015 el Partido Popular intentó crear “el estatuto de expresidentes con el salario de 80.000 euros, es decir, 8.500 al mes, y la Asamblea se lo tumbó”.
El antecedente a algo parecido desapareció durante el Gobierno de Cristina Cifuentes, cuando Ciudadanos pactó con el PP la supresión del Consejo Consultivo, un órgano que permitía a los expresidentes regionales, contar con un cargo vitalicio de 5.500 euros mensuales. Esta medida se hizo efectiva en 2015.