“La frontera sur de España se ha convertido en un espacio de impunidad y de vulneración de derechos de los migrantes”

La gran mayoría de los migrantes procedentes de África que llegan a Europa lo hacen a través de vías inseguras e ilegales, arriesgando su vida en embarcaciones precarias, porque aunque dispongan de medios económicos, no pueden cargar sus maletas, sus anhelos y proyectos por construir y subir a un avión. Esto ocurre por la imposibilidad de que puedan pedir asilo en puestos fronterizos o conseguir visados en los países de origen y es tan solo una de las numerosas vulneraciones de derechos de las personas migrantes que entraron por vías irregulares al Estado español durante los años 2021 y 2022 que se recogen en el nuevo informe elaborado por las organizaciones Irídia y Novact.

Si bien existen los visados y se puede pedir asilo en territorio español, todo “se queda en papel mojado cuando mueren miles de personas en el mar tratando de llegar a las costas españolas”, ha asegurado este martes la abogada Loueila Mint El Mamy, experta en materia de migración, durante la presentación del informe en Madrid, que lleva por título Vulneración de derechos humanos en la Frontera Sur del Estado español 2021-2022 – Racismo institucional, fronteras y política migratoria y que presta especial atención a la situación en Ceuta, Melilla, Canarias, Baleares, Andalucía y Murcia, así como a Marruecos.

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La abogada ha lamentado que el Gobierno invierta tanto dinero en contener una migración “que no se contiene” y ha insistido en la importancia de crear vías seguras y legales para que los migrantes africanos no se jueguen la vida y no tengan que pagar a mafias por salir de sus países. “No es lógico tener que saltar una valla en Melilla para pedir asilo”.

Los migrantes se enfrentan a situaciones de represión violenta que “en muchos casos acaban con devoluciones en caliente o internamientos en centros de estancia temporal en que también se detectan distintas vulneraciones de derechos, así como malas condiciones de vida”, añade el informe, en el que han participado más de una decena de organizaciones. Además, en un contexto global de aumento de la violencia y de las violaciones de derechos humanos en las fronteras, la frontera sur española “se ha convertido en un espacio de vulneración de derechos, de excepcionalidad legal continua y de impunidad”, ha indicado durante su intervención el activista camerunés Sani Ladan, especialista en migraciones y defensor de los derechos humanos.

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Otra de las principales vulneraciones de derechos detectadas en el informe se produjo el 24 de junio de 2022, cuando cientos de migrantes trataron de saltar la valla de Melilla. En ese intento de cruzar la frontera “murieron al menos 40 personas y desaparecieron otras 80, además de que se produjeron devoluciones en caliente sin garantías de otras 470″ y, pese a ello, la Fiscalía archivó unos meses después la investigación al no apreciar indicios de delito en la actuación de los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado.

La tragedia de Melilla, añade el estudio, ha supuesto “la violación de derechos humanos más grave en la que se ha visto envuelto el Estado español en la última década”, así como el mayor número de muertes en una frontera terrestre de la Unión Europea. Por ello, “urge que el Estado cumpla con su deber de investigar y rendir cuentas”.

Las organizaciones también señalan que han encontrado enormes dificultades a la hora de elaborar el informe debido a la escasa información oficial pública sobre las entradas irregulares y a que “los datos están fragmentados y son incompletos”

Respecto al repunte migratorio que se ha producido en Canarias a lo largo de los últimos meses, ha indicado por su parte Clara Calderó, del Instituto Novact de Noviolencia, “aunque desde el Gobierno se quiera transmitir que se trata de una situación puntual de crisis o emergencia”, en realidad “no son hechos aislados”, sino que responde a un “racismo estructural”, ha añadido durante la presentación. Además, en 2021 y 2022 la ruta canaria “ha sido la más mortífera”, seguida de la ruta de Levante.

Por todo ello, las entidades de derechos humanos que han participado en el informe reclaman medidas para elevar los estándares de protección de derechos en la frontera sur española “a nivel político y legal” y piden la derogación de la Ley de Extranjería, “por su carácter discriminatorio y poco garantista de los derechos de las personas migrantes”. También reclaman la implementación de una ley específica contra el racismo y la no discriminación y que desaparezca “definitivamente” la figura de las devoluciones en caliente, abalada por la actual Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.