Isabel Díaz Ayuso quiere una guerra de guerrillas contra Pedro Sánchez. A juzgar por las palabras de la presidenta, Madrid está al borde de un problema de abastecimiento de agua, idea que nadie más comparte. El mismo día que Moncloa cerraba la herida abierta en el Parque Nacional de Doñana con la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, la Comunidad de Madrid ondeaba su denuncia ante el Tribunal Supremo por el Plan Hidrológico del Tajo del Gobierno de España. Ni un día de tregua. El recurso se presentó hace meses, pero Ayuso decidió hacerlo público el mismo día que PP y PSOE firmaban la paz en Doñana.
En pleno debate sobre si el lawfare (usar la Justicia como herramienta política) existe o es un mito, Ayuso acude a los tribunales para intentar tumbar el Plan Hidrológico del Tajo, diseñado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) y aprobado el pasado mes de enero. Una estrategia basada en que, a ojos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Sánchez “pone en riesgo el abastecimiento de agua a siete millones de habitantes”. Una alerta que ninguna otra fuerza política o institución ha compartido y que incluso desde las organizaciones medioambientales tildan de “populismo”, crítica hacia Ayuso que no quita de cierto malestar del ecologismo con el plan de Sánchez.
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Por si acaso hiciera falta, el bulo difundido por Ayuso en torno a una posible escasez de agua en Madrid ha sido desmentido por la Conferencia Hidrográfica del Tajo, autoridad competente y gestora de la cuenca de los ríos que bañan la Comunidad de Madrid. El nuevo plan “no modifica el volumen concesional existente para el abastecimiento a las poblaciones” de la región “ni afecta a la garantía” de abastecimiento. “Es importante recordar que la Constitución Española otorga la competencia exclusiva al Estado sobre legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurren por más de una comunidad autónoma”, zanjaba la institución en un comunicado. “Madrid, ni por asomo, tiene problemas de abastecimiento de agua”, subrayaba la ministra Teresa Ribera este martes.
Qué no quiere Ayuso de la nueva ley
Ayuso ha puesto el foco en tres cosas: un cambio en los trasvases del río Alberche, que van a parar al embalse de Valmayor y que representa el 34% del total de agua anual consumido en la Comunidad; los caudales ecológicos, que según Madrid no han quedado bien estipulados en la nueva norma; y tercero, la adaptación que las depuradoras de la Comunidad necesitarían según los nuevos requisitos.
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Los caudales ecológicos son el nivel mínimo que debe tener un río según la Ley de Aguas en función de la sostenibilidad del río para su bienestar medioambiental, sin entrar a valorar la demanda de las ciudades y el consumo que se requiera. Cuanto más alto sea el caudal ecológico a mantener, menos trasvases se podrán realizar. En 2015, el Tribunal Supremo tumbó una reforma de Mariano Rajoy por no fijar caudales ecológicos suficientes.
Pese al ruido, el propio Gobierno de la Comunidad, a través de la Consejería de Medioambiente, reconoció este martes a Infobae que desde que el nuevo Plan entró en vigor no ha habido problemas de abastecimiento, riesgo de escasez de agua ni problemas burocráticos para su dispensación. A la Comunidad le preocupa especialmente la relación con el río Alberche, dado que ahora requieren una autorización mensual para realizar trasvases y extraer agua. El equipo de Ayuso prefiere “mantener las condiciones de operación que había hasta ahora” y aunque no ha habido problemas, temen que aparezcan a largo plazo.
Por su parte, el MITECO asegura que las reclamaciones de Madrid vulneran varios puntos legislativos. Uno, “la conservación del buen estado de las masas de agua que establece la Directiva Marco del Agua de la UE” y segundo, que “la Ley de Aguas obliga a un caudal ecológico en todas las masas de agua”.
Los ecologistas se quedan a medias con la nueva ley
Más allá de los disparates y los enfrentamientos políticos, Ecologistas en Acción también ha representado un recurso ante el Tribunal Supremo para pedir cambios en el Plan Hidrológico del Tajo, mientras que WWF solicitó nuevas medidas que, según relatan ellos mismos, fueron ignoradas en el diseño de la nueva estrategia.
Santiago Martín, experto en políticas para el agua y miembro de Ecologistas en Acción, justifica el recurso, pero se desmarca radicalmente de las premisas de Ayuso: “Nosotros hemos recurrido, pero por otros motivos. Hemos recurrido porque a la hora de aplicar los caudales ecológicos en el Tajo, establecen caudales escalonados que aumentan de forma progresiva. Eso incumple la Ley de Aguas, que dice que el caudal ecológico hay que aplicarlo desde el minuto uno”, asevera. Ni la Cuenca Hidrográfica del Tajo ni el MITECO han respondido a esta cuestión, de la que han sido preguntados por Infobae.
Martín resulta además muy crítico con la estrategia comunicativa de Ayuso respecto a esta ley: “El recurso que ha puesto Ayuso en el Supremo no tiene fundamento por una razón, porque no es que no pueda sacar agua del Alberche, será mes a mes mediante autorizaciones, lo cual es bastante lógico, porque el responsable de la gestión del agua es la Confederación Hidrográfica del Tajo. Eso de que van a matar de sed a Madrid es populismo y una falsedad enorme”.
Por su parte, WWF califica la jugada de Ayuso como un movimiento que “no tiene fundamento jurídico”. “Madrid no se va a quedar sin agua”, asegura Rafael Seiz, portavoz de la organización. Este grupo ecologista presentó alegaciones a la ley, pero aseguran que no fueron escuchadas por el MITECO. “Proponíamos evaluar de nuevo los caudales ecológicos y ver si son o no efectivos, porque el régimen actual tiene problemas, pero la respuesta que recibimos es no consideraban necesario hacerlo”, explican con resignación a la vez que entienden el recurso lanzado por Ecologistas en Acción. “La Ley de Aguas dice que antes de repartir el agua para utilizarse hay que establecer el mínimo que se queda en los ríos. El caudal ecológico es una condición previa a los usos, es un límite”, zanjan desde WWF.