En España, 1,6 millones de personas reciben alguna ayuda por estar en situación de desempleo. La cifra de los trabajadores que cobran un subsidio, es decir, los que no tienen derecho a la prestación contributiva porque no han cotizado el mínimo exigido, baja hasta los 700.000. La asignación mensual que pueden recibir los beneficiarios asciende hasta los 480 euros mensuales, el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). El actual sistema de subvenciones, sin embargo, podría tener los días contados.
El Gobierno ha pactado con Europa cambiar el funcionamiento de los subsidios para incentivar la búsqueda de empleo, aunque la idea es no alterar los derechos y mantener las cantidades percibidas. El objetivo es que los trabajadores puedan recibir la misma suma de dinero que les corresponde con el sistema actual, pero de forma escalonada, con una subvención mensual más alta al principio, que se reducirá gradualmente con el paso de los meses. Este es el modelo que rige en casi todos los países europeos. La propuesta, no obstante, ha provocado discrepancias en el seno de la coalición.
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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no da por cerrada todavía la reforma del desempleo. El Gobierno se ha comprometido hace un año a introducir los cambios necesarios en el marco del Plan de Recuperación. De hecho, España está pendiente del cuarto pago de los fondos europeos, que no llegará hasta que una propuesta consensuada logre salir adelante. El Ministerio de Economía ha asegurado que la reforma se centrará en “potenciar el acuerdo de actividad” para que todos los desempleados de larga duración “acepten las ofertas de trabajo”. La titular de la cartera, Nadia Calviño, quiere que el sistema de subsidios públicos ponga el foco en la reincorporación de los trabajadores.
El Ministerio de Trabajo y los sindicatos, en cambio, quieren priorizar una reforma que mejore las prestaciones y amplíe su cobertura. Los representantes de UGT y Comisiones Obreras (CCOO) critican la postura de la bancada socialista porque, en su opinión, “pone en duda la honradez de las personas beneficiarias de los subsidios por desempleo”. Los sindicatos, además, recuerdan que “ninguna persona optaría por malvivir con 480 euros mensuales” ante la posibilidad de aceptar una oferta de empleo “digna”. La tesis de que los parados no quieren trabajar vuelve con estas palabras a la primera línea del debate político.
La negociación de la reforma del desempleo está encallada desde hace meses y acumula un retraso de un año respecto a los plazos comprometidos con la Comisión Europea. El Plan de Recuperación recoge la “mejora del sistema de protección”, pero también plantea la “racionalización del subsidio no contributivo por desempleo de larga duración”, dejando la puerta abierta a un modelo en el que los trabajadores reciban una prestación más elevada durante los primeros meses de programa, que se reducirá de forma progresiva con el paso tiempo. El Banco de España ha recomendado esta línea de trabajo, pero Yolanda Díaz prefiere llegar a más colectivos y dejar la reinserción en manos del SEPE.
La propuesta del Ministerio de Economía busca acelerar la búsqueda de empleo de los parados de larga duración con una especie de reajuste de cuentas. Según esta tesis, los beneficiarios de un subsidio por desempleo, al ver que la cantidad mensual que reciben se reduce, van a multiplicar los esfuerzos para buscar un puesto de trabajo. Los ciudadanos podrán seguir cobrando la subvención después de firmar un contrato de trabajo, eso sí, solo durante un tiempo y en forma de complemento. España es el segundo país de la OCDE que más gasta en prestaciones por desempleo, solo por detrás de Francia.