Más allá de las cifras, las mujeres con discapacidad exigen el amparo a sus derechos: “Siempre se nos infantiliza, se nos aniña y no se nos toma en cuenta”

“Tenemos que trabajar para que las mujeres con discapacidad puedan empoderarse. La violencia es una lacra que tenemos ahí y que está asesinando”, advierte Marta Valencia, presidenta de la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS). La realidad es cruda, los datos hablan por sí solos. Casi tres de cada diez mujeres españolas han sido víctimas de violencia machista, según la Encuesta Europea de Violencia de Género. Estas cifras responden al año 2022, pero el escenario no parece haber cambiado, en este 2023 el número de feminicidios ha ascendido a 52. La violencia contra la mujer se asienta en lo privado y copa el espacio público. En consecuencia, sus efectos transcienden a todos los niveles.

La reacción a esta problemática es conjunta. Los avances realizados durante las últimas décadas en este aspecto son evidentes, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género da prueba de ello. Sin embargo, el camino por recorrer todavía es largo. A día de hoy, aún quedan realidades relegadas a la sombra y colectivos de mujeres que vindican su derecho a ser, su derecho a vivir. Es en este contexto donde las mujeres con discapacidad reclaman justicia. Marta Valencia apunta que las mujeres con discapacidad son mucho más vulnerables a sufrir cualquier tipo de violencia, “por eso pedimos una ampliación de la protección a todos los niveles”, ha explicado.

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“A las mujeres con discapacidad siempre se nos infantiliza, se nos aniña y no se nos toma en cuenta”, señala Valencia. Esto se vincula a que las mujeres con discapacidad continúan siendo relegadas al ámbito de lo doméstico y “a estar casi escondidas”, asegura. Por este motivo, la normalización de la violencia se impone. “Es lo que han vivido siempre”, añade. Más del 40% de las mujeres con discapacidad sufre violencia de género en España, según los datos de Inserta Empleo, entidad de Fundación Once. El estudio Ojo al dato. Visibilidad de una realidad oculta a través del dato: mujer, discapacidad y violencia muestra una mayor prevalencia de la violencia machista entre las mujeres con discapacidad frente a las que no la tienen. Además, la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019, perteneciente al Ministerio de Igualdad, parece certificar estos datos. En este sentido, esta última afirma una mayor prevalencia del maltrato entre las víctimas con discapacidad igual o superior al 33%. Pero la realidad va más allá de las estadísticas.

Aprender a reconocer el maltrato es clave para romper con esta situación. Sin embargo, la falta de recursos dificulta el proceso. A veces no basta con ser consciente de la situación que se está viviendo. “Hay casos en lo que es el propio miedo el que impide salir de esa situación, son muchas las que dependen del cuidador”, apunta la presidenta de CEMUDIS. La incertidumbre sobre el proceso condiciona la decisión de muchas víctimas. “Cómo voy a denunciar si resulta que no sé qué va a ser de mí si denuncio a mi cuidador. Eso no está estructurado”, ha expresado Marta Valencia en referencia a las medidas de protección institucionales.

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Además, muchas mujeres con discapacidad también son económicamente dependientes. Solo el 35% están activas, por lo que la inseguridad ante el proceso aún es mayor. En la actualidad la alternativa es derivar a los servicios sociales. Sin embargo, tal y como destaca Marta Valencia, este es uno de los puntos más problemáticos para CEMUDIS. “Esto no es lo que se quiere, porque incluso pueden tener hijos. Lo que se quiere es que haya unos recursos de acogida accesibles”, ha remarcado.

“El Pacto de Estado contra la Violencia de Género reconoce la asistencia personal a aquellas mujeres víctimas de violencia, pero esto tampoco se ha desarrollado”, sentencia Marta Valencia. Ahora, la falta de accesibilidad se impone tanto en los procesos judiciales, como en el resto de áreas de la vida de las mujeres con discapacidad.

La dificultad de los procesos judiciales para estas mujeres va más allá del propio miedo. Según explica Valencia, los estereotipos marcan la forma de actuar de los magistrados. “Estamos infantilizadas y no se nos cree muy bien lo que decimos. El trato no es adecuado”, ha afirmado. Para ejemplificarlo alude al caso de una mujer de la asociación. “Ella solo tiene discapacidad física, pero al denunciar una situación el policía decidió hablar solo al acompañante”, comenta.

Además, las barrea físicas también limitan la autonomía de las mujeres con discapacidad. Ya no solo por la falta de adaptación de los espacios, sino también por las dificultades de acceso a los recursos. “Por ejemplo, esto desde el 2015 ha cambiado, pero antes, el 016 no era accesible para mujeres sordas”, ejemplifica. No obstante, desde CEMUDIS ponen el acento sobre las necesidades de barreras cognitivas. En este sentido, no hay alternativa para las mujeres con discapacidad psíquica. “Se necesita un lenguaje fácil y accesible, también se necesita a profesionales formados en los distintos tipos de discapacidades”, ha aseverado.

La asociación es clara: los avances realizados son palpables pero insuficientes. El panorama actual obliga a configurar nuevas medidas que brinden la posibilidad de un nuevo futuro. “No queremos normas, queremos realidades y queremos que las leyes sean efectivas, que podamos acceder a los recursos en igualdad de condiciones”, ha concluido.