Los sindicatos de Renfe y Adif tachan de “abusivos” los servicios mínimos de la huelga y critican a Óscar Puente

Los trabajadores de Renfe y Adif inician este viernes 24 de noviembre la primera jornada de huelga, que irá seguida de otras cuatro, por el traspaso de los Rodalies a la Generalitat de Cataluña y la privatización de Renfe Mercancías. Los distintos sindicatos involucrados en el conflicto, cinco de Renfe y otros cinco de Adif, mantienen una postura unánime por el momento y coinciden en que los servicios mínimos aprobados por el Gobierno son “abusivos”, además de criticar la actuación del recién llegado ministro de Transportes, Óscar Puente.

Según la resolución hecha pública por Transportes, Renfe cancelará 1.548 trenes, pero ha fijado unos servicios mínimos del 72% en Alta Velocidad y Larga Distancia y del 65% en Media Distancia y Cercanías, que aumentan hasta el 75% en hora punta. Para los sindicatos, esto provoca que la huelga tenga menos fuerza: “Se establecen considerando una actividad por encima de la que se desarrolla en la actualidad, por lo que los porcentajes establecidos cubren casi el 100% de la actividad real”, detallan en un comunicado. Fuentes sindicales consultadas por Infobae España explican que la intención de las empresas es que los usuarios puedan acogerse a un tren inmediatamente anterior o posterior si el original se ve afectado por la huelga, de manera que se noten lo menos posible los paros de los trabajadores.

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A eso se añade una “tardanza” por parte de la Generalitat de Cataluña en la publicación de los servicios mínimos, ya que no lo hará hasta la tarde de este jueves, lo que producirá “una mayor incidencia de la huelga en el ámbito de Cataluña, con el correspondiente caos en la prestación del servicio”. Los Comités Generales de Empresa de Renfe y Adif, transmiten a todos los usuarios de ferrocarriles a nivel estatal que en los días de huelga señalados (24 y 30 de noviembre y 1, 4 y 5 de diciembre) busquen un medio de transporte alternativo por los problemas que se puedan producir.

En cuanto a las conversaciones con el Ministerio de Transportes, fuentes sindicales detallan que la última vez que se reunieron fue la semana pasada, antes de que la cartera se traspasara a Óscar Puente, por lo que en los próximos días deben iniciar de cero las negociaciones con los nuevos responsables. No obstante, estas se encontraban encalladas en ese último encuentro, ya que los sindicatos piden que se mantengan los derechos de los trabajadores pese a cambiar de compañía y el ministerio no se estaría comprometiendo a ello, según entienden los representantes de los trabajadores. En el comunicado emitido este jueves califican la actitud del ministerio de “pasividad” sin producirse “ningún avance” en la interlocución.

En el comunicado recuerdan que el acuerdo político para traspasar Rodalies a Cataluña supone “una vulneración de los derechos de los trabajadores”, además de “salir de la red ferroviaria europea y una pérdida de seguridad, eficacia y eficiencia en el sistema”. En el acuerdo entre PSOE y ERC se recoge que la plantilla, así como las infraestructuras y vehículos, pasarán a pertenecer a una tercera empresa con la Generalitat como socio mayoritario.

El paso de los trabajadores a una nueva entidad supondría perder los derechos negociados y recogidos en los convenios de las empresas actuales: “Sería imposible que dejasen permanecer en el Grupo Renfe y Adif al personal que lo solicitase, pues la nueva empresa requeriría de la propia plantilla para funcionar”, sostienen los sindicatos. En segundo lugar, también se rompería el sistema de movilidad de la plantilla por todo el territorio nacional.

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Por otra parte, consideran que la salida de la operación y las infraestructuras (vías y estaciones) de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) supone “abandonar los requerimientos legales y profesionales establecidos por las directivas europeas” y desarrolladas por la agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, pasando a un modelo “reducido regional fuera del sistema europeo”. Con ello, los trabajadores perderían las habilitaciones que les permiten trabajar en cualquier punto de España y Europa, imposibilitando la interoperabilidad, en estas vías segregadas, de trenes provenientes del resto del Estado o de Europa.

Al margen de esto se encuentra el conflicto derivado de la “privatización encubierta” de Renfe Mercancías, que viene de antes. Consiste en la creación de una sociedad participada en minoría por capital del Grupo Renfe, perteneciendo el resto a una empresa privada. Según los sindicatos, en este proyecto se pretende transferir a la nueva sociedad los principales activos de la empresa pública, como son “los mejores vehículos” (locomotoras y vagones); así como el fondo comercial “más rentable”, dejando a la actual Renfe Mercancías con el parque móvil “más envejecido y los servicios menos rentables”.