En España solo hay cuatro centros de crisis para atender a víctimas de violencia de género en vez de 52: “Las comunidades autónomas no muestran interés”

El pasado 14 de noviembre, la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, realizó una rendición de cuentas en la que resumía los logros alcanzados por la cartera en los últimos cuatro años de legislatura y, entre ellos destacó la llamada ley del “solo sí es sí” por haber creado un amplio paraguas de protección para las víctimas de violencia sexual al “cambiar el paradigma del consentimiento”, si bien también ha sido una norma polémica al haber permitido, por un error técnico, la rebaja de penas de numerosos agresores.

Quedan además por delante otros retos, pues a pesar de que ha pasado más de un año desde la entrada en vigor de esa ley, muchas de las medidas para mejorar la protección y atención a las víctimas de violencia sexual aún no se han implementado, tal y como denuncia Amnistía Internacional en un comunicado de cara al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entre ellas, la apertura de centros de atención integral especializada 24 horas, conocidos como centros de crisis, un recurso que deben poner en marcha las comunidades autónomas para facilitar atención multidisciplinar a las víctimas, lo que incluye atención psicológica, jurídica y social, tal y como recomienda el Consejo de Europa.

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El Gobierno se había comprometido a crear 52 centros de este tipo antes de que terminara el año, uno por cada provincia, y para ello la Comisión Europea concedió 83 millones de euros que fueron transferidos a las autonomías, pero a día de hoy solo hay tres abiertos: dos de ellos en Madrid capital, uno en Oviedo y otro en Santander, si bien Navarra ha anunciado la inminente apertura de otro. “En todo este tiempo ha habido anuncios de apertura de este tipo de centros en comunidades como Aragón, Canarias, Extremadura, Euskadi, Murcia y La Rioja y, sin embargo, estos centros no terminan de llegar”, ha indicado Virginia Álvarez, responsable de investigación de Amnistía Internacional España.

La organización también indica que si bien regiones como Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Euskadi, Extremadura y Murcia ofrecen asistencia coordinada y permanente para víctimas de violencia de género, “este servicio dista mucho de la atención integral y especializada a las mujeres, que recomienda el Consejo de Europa”.

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Se trata de centros que cuentan con un equipo multidisciplinar, pues el objetivo es que puedan “dar atención médica, forense, psicológica y legal para que las mujeres no tengan que acudir a diferentes instancias cuando han sufrido una agresión”, dice Hernández a Infobae España, que explica que este modelo ya funciona bien en otros países.

Desde organizaciones feministas como la Federación de Mujeres Jóvenes también recordaban hace unos días a este periódico que si bien en esta última legislatura el Ministerio de Igualdad ha logrado grandes avances, “es fundamental abordar la implementación” de estos centros de atención 24 horas para las víctimas de violencia de género.

Recientemente, la Comisión Europea ha autorizado una prórroga de un año más para el gasto de los fondos asignados hasta el 31 de diciembre de 2024, recuerda la ONG. El 6 de noviembre, la Conferencia Sectorial de Igualdad, integrada por el Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas, aprobó una prórroga de un año para alcanzar el compromiso de un centro de crisis 24 horas por cada provincia.

“Aunque parezca que esta prórroga es una buena noticia, es lamentable que las mujeres que sufren violencia sexual tengan que seguir esperando para recibir una atención adecuada tras sufrir una agresión sexual, porque las comunidades autónomas no están mostrando ni interés suficiente ni diligencia a la hora de cumplir con su obligación de protegerlas y atenderlas”, destacó Virginia Álvarez, que recuerda que las víctimas no pueden seguir esperando.

De hecho, los datos hablan por sí solos. Las denuncias por delitos de violencia sexual han aumentado un 13% respecto a 2021, al pasar de 15.388 a 17.389, una cifra que “solo muestra una mínima parte de lo que podría suponer la violencia sexual en España”, advierte Amnistía Internacional. Además, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019, este tipo de violencia afecta a más de 2,8 millones mujeres de más de 16 años residentes en España y sólo en el 8% de los casos se denuncia.

“Para que las mujeres víctimas de violencia sexual confíen en las administraciones y se atrevan a denunciar, se necesitan servicios que las escuchen y atiendan” desde todos los puntos de vista, aclara la organización. Por ello, pide a las comunidades autónomas que abran sin más demora centros especializados 24 horas con personal formado en la materia.