Cárcel por tirar agua con remolacha al Congreso, el precio de ‘defender el medioambiente’ en Madrid: “Se debería perseguir a otra gente”

Ni Fernando ni Marta imaginaban que la Justicia les terminaría viendo a como enemigos. Una protesta y acción para denunciar la emergencia climática que ha terminado por enjuiciar a quienes salieron a la calle. El 6 de abril de 2022, el colectivo Rebelión Científica, un grupo de ecologistas concienciados con el medioambiente, llevó a cabo una protesta en la puerta del Congreso de los Diputados en la que se derramó agua teñida con remolacha para simular sangre y denunciar así las consecuencias del calentamiento global. Hacerlo en la casa de la democracia española buscaba la reacción política y mediática, alertar al mundo de que no hay alternativas ni futuro si el cambio climático sigue su curso.

La acción, en la que participaron 45 personas mientras el Congreso realizaba una sesión plenaria, terminó con varios detenidos. Ahora, la Fiscalía de Madrid pide 21 meses de prisión para 15 de los activistas por lanzar “pintura roja” contra la fachada del Congreso de los Diputados. La reconocible entrada principal del edificio del Congreso de los Diputados está catalogada como “edificio singular” en el catálogo de edificios protegidos de la ciudad de Madrid y tiene reconocido un nivel de protección Tipo I integral. De este modo, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid “les imputa un delito contra el patrimonio histórico y les reclama una indemnización en concepto de responsabilidad de 2.593 euros al Estado y de otros 714 euros al Ayuntamiento de Madrid”, además de los meses de prisión, que no conllevarían pena de cárcel si no hay antecedentes.

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Año y medio después de la acción en el Congreso, se han alcanzado récords de temperatura y de sequías y pese al preocupante contexto climático, España ha aumentado sus emisiones de CO2 más de un 3% respecto a 2022. Las preocupaciones de los manifestantes iban bien encaminadas: “La Fiscalía se centra en perseguirnos a nosotros, que somos inocuos comparado con los graves retos que tiene España en torno al cambio climático, descarbonización... La Fiscalía debería perseguir a otra gente”, aclara Fernando Prieto, coordinador del Observatorio de la Sostenibilidad. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, con Teresa Ribera al frente, no quiere hacer por ahora declaraciones sobre este caso.

Marta García, de Ecologistas en Acción, también se encuentra entre las denunciadas: “Esto lleva tiempo cociéndose. Tuvimos la declaración ante la Fiscalía en abril de este año y nos acusaban de daño a las instituciones por alterar la sesión de pleno y daño al patrimonio, aunque el primero se cayó. Es indignante que se nos criminalice, se nos pida pena de cárcel, es de absoluta incredulidad que esto sea por defender el planeta mientras empresas como Repsol, que hace dos años derramó 10.000 barriles de petróleo en las costas de Perú, se mantiene impune”, alega la activista.

El ecólogo y divulgador Fernando Valladares también estuvo en aquella manifestación, pero él no ha sido imputado con ningún delito. “La justicia no imparte justicia, la justicia está diseñada para mantener el status quo. Siempre llegan muy tarde a la realidad. En materia ambiental, los jueces están en el paleolítico. O te toca un juez muy moderno y muy aventurado, o si no aplican un rodillo”.

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De hacerse efectiva la condena de 21 meses de prisión, los activistas no entrarían en prisión si no tienen antecedentes, pero serviría como advertencia para futuras protestas y les dejaría marcados para el futuro. Un poco más delicada es la situación del filósofo Jorge Riechmann, que ya tiene antecedentes por este tipo de actividades y es uno de los 15 involucrados en la denuncia de la Fiscalía. Tiene más posibilidades de entrar en prisión, algo que solo se sabrá con la resolución judicial.

Una de las cosas que los denunciados sostienen es que en ningún momento pretendieron generar daños al patrimonio ni a la fachada del Congreso de los Diputados. Precisamente, elegir agua teñida de remolacha se justificaba con que no es un producto difícil de quitar de la piedra. “Hicieron el paripé para llamar a un servicio de limpieza, pero cuando llegaron nosotros mismos ya lo habíamos limpiado, no había nada que hacer. Para quitar la remolacha del granito echas agua y se va, y esa era la idea. No había intencionalidad de dañarlo. El daño duró una hora”, aclara Valladares, que no llegó a derramar líquidos durante la protesta, tesis principal por la que él mismo entiende que no se le pide cárcel.

Sin embargo, la denuncia de la Fiscalía sostiene que “la sustancia líquida de pigmentación rojiza causó menoscabos en el inmueble” y su restauración se hizo con agua a presión por el Servicio Especial de Limpieza Urgente municipal de Madrid, encargo que costó 713′57 euros, así como la posterior intervención del inmueble mediante aplicación de sistemas de limpieza controlados e inocuos para la piedra y los morteros. “En total, el coste total ascendió a 2.592′69 euros para el presupuesto del Congreso de los Diputados”, asegura la Fiscalía de Madrid.