Yolanda Díaz no da por cerrada la reforma del desempleo: quiere que el subsidio de paro llegue a más personas

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se dispone a iniciar la legislatura con dos medidas que anticipan procesos de negociación arduos: la reforma de las prestaciones asistenciales por desempleo y una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2024. La primera es una medida que lleva un año de retraso si se atiende a lo comprometido en la planificación inicial del Plan de Recuperación, pero es necesaria para solicitar el cuarto pago de los fondos europeos, por lo que ahora urge aún más su desbloqueo.

Mucho se ha especulado sobre esta reforma en el último año, pero no se ha concretado nada. La última versión, que confirman fuentes del ministerio, es que Trabajo quiere una norma orientada a ampliar la cobertura de los subsidios por desempleo y los nuevos incentivos para que los parados se incorporen al empleo no están todavía consensuados en el seno del nuevo Ejecutivo. Esto ya lo dio a entender el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, en una rueda de prensa la semana pasada en la que afirmó que “no hay un modelo cerrado”. Añadió además que “el ministerio no trabaja necesariamente en un modelo decreciente de los subsidios”, en alusión a un artículo publicado en El País que anunciaba una reforma de este tipo pactada ya con Bruselas.

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El componente 23 del Plan de Recuperación plantea la “mejora del sistema de la protección por desempleo”, pero también la “racionalización del subsidio no contributivo por desempleo de larga duración”, lo que puede dar cabida a un sistema en el que se cobre una prestación mayor cuando se comienza a percibir, pero esta vaya disminuyendo con el tiempo. El Banco de España ha recomendado que la reforma vaya en este sentido, pero Trabajo prefiere incidir en simplificar el acceso al subsidio y llegar a más colectivos, dejando la reinserción en el mercado laboral a los servicios públicos de empleo.

Durante su toma de posesión este martes, Díaz ha adelantado que la primera medida de su cartera será “mejorar la protección por desempleo” sin dar más detalles, pero fuentes del ministerio detallan que la reforma va más orientada a paliar lo expuesto en un informe reciente de CCOO. Este denuncia “vacíos de cobertura” de personas que consumen la prestación asistencial sin haber encontrado un nuevo empleo o que no cumplen con los requisitos para acceder a ella. Según el sindicato, el 58% de los parados de larga duración de 2022 no cobraron prestación, es decir, casi 6 de cada 10 personas. Los datos públicos del SEPE no reflejan este desglose, pero la cifra fue comunicada por el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales en una de sus reuniones.

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En cuanto a los incentivos al empleo, el Banco de España sostiene que reduciendo la prestación progresivamente durante el periodo de cobro (y manteniendo la cuantían total inalterada) se anima a los desempleados a incorporarse al mercado laboral. Esto no lo termina de compartir el Ministerio de Trabajo: “En España, la gente que no trabaja es porque no encuentra trabajo, no porque no quiera”, afirmó Pérez Rey en la citada rueda de prensa.

A esto añadió que la reforma también va destinada a “dar nuevas oportunidades de empleo” pero sin “estigmatizar” a nadie. “En lo que no trabaja el ministerio es en una reforma que estigmatice a los parados o que considere que la gente que cobra un subsidio de poco más de 400 euros es porque no quiere trabajar o porque se incorpora voluntariamente a la economía sumergida para mantener un subsidio”, defendió.

Por otra parte, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, afirmó en una jornada de la APIE que está pendiente revisar “todos los instrumentos de las políticas activas de empleo”. En esta línea señaló que la intención es “crear incentivos al empleo y eliminar cualquier posible desincentivo”, citando como ejemplo lo ya legislado en el Ingreso Mínimo Vital para compatibilizar el cobro de parte de esta prestación con un salario. Sin embargo, actualmente esto ya se produce en las prestaciones contributivas y asistenciales por desempleo, siempre y cuando sea un trabajo por cuenta ajena y a tiempo parcial.

El secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, ya denunció en mayo que los sindicatos no habían recibido el borrador de la reforma de las prestaciones asistenciales por desempleo y temían que esta se terminara aprobando sin consultarles. También alertó que la reforma podría ser “muy ligera”, centrada solo en “la mejora de la gestión administrativa”. Por el momento, el ministerio no ha contactado con los agentes sociales por este asunto ni adelanta si lo hará, aunque en CCOO así lo espera.

Desde el sindicato proponen aumentar la cobertura de las prestaciones —lo que supondría un aumento del gasto— utilizando el superávit del SEPE por el pago de cotizaciones sociales. “La creencia de que la protección por desempleo desincentiva la búsqueda de empleo, prolonga la situación de paro y esto, a su vez, empeora la empleabilidad del demandante”, consideran.

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UGT reivindica también que antes de abordar la reforma de los subsidios se negocie en el diálogo social cómo mejorar la agilidad de los servicios de intermediación de empleo porque considera que “el problema grave no son los subsidios, que son escasos e infinitamente inferiores a los del resto de países de la UE, sino los servicios de empleo”.

Más allá de cómo se resolverá la reforma, lo cierto es que España tiene un problema de paro estructural y que el paro de larga duración cada vez está más compuesto por personas de edad avanzada, que tienen más difícil la formación y la reinserción laboral.