La negativa del PP a renovar el Poder Judicial obliga a Bolaños a buscar otra fórmula en medio de las aguas revueltas por la amnistía

Más allá de la defensa de la ley de amnistía a los encausados por el procés, Félix Bolaños asume la cartera de Justicia con otro reto mayúsculo por delante. En concreto, otro constitucional, como es la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de los jueces cumplirá el próximo 4 de diciembre cinco años sin actualizarse, a pesar de duplicar su mandato legal.

El propio Bolaños sabe de primera mano la imposibilidad de renovarlo por el bloqueo del PP. De hecho, hace justo un año, fue la vez que más cerca se estuvo de sellar un pacto con los populares en torno a la renovación, pero Alberto Núñez Feijóo ordenó paralizarlo ante la aspiración del PSOE de derogar el delito de sedición.

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Fue la enésima excusa del PP para negarse a acatar este mandato constitucional contemplado en el artículo 122 de la Carga Magna, que obliga a PP y PSOE a ponerse de acuerdo ante la exigencia de una mayoría de tres quintos. “El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años.

De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”, reza el apartado tres de este precepto.

Ante las reiteradas peticiones de los socialistas para acometer dicha renovación, los populares endurecieron las condiciones al instar al PSOE a reformar previamente la ley para que los jueces elijan a los magistrados del CGPJ, lo que obligaría igualmente a llegar a un acuerdo en torno al redactado de esta norma, algo que se antoja complicado en un momento en que las relaciones entre los dos principales partidos del país están en sus horas más bajas.

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Pocos visos hay de que Feijóo acceda negociar un acuerdo con “este PSOE” en medio de las fuertes críticas al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez por los pactos con los independentistas. Precisamente, la amnistía será el principal caballo de batalla de la derecha para hacer oposición al líder del PSOE, que buscará amparo en los tribunales y en la Unión Europea.

De momento, a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la ley una vez se consume la amenaza del PP de presentar un recurso, los jueces han manifestado su oposición a la norma, aunque muchas asociaciones lo hicieron antes de que se conociera el texto y en base al acuerdo político entre el PSOE y Junts. Este contempla investigar a través de comisiones parlamentarias si se han producido casos de Lawfere o judicialización de la política, pero en ningún caso hablaba de incorporar este asunto en la ley de amnistía y, dicho sea de paso, la norma presentada en el Congreso no lo menciona.

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Bolaños está abocado a nadar en estas aguas revueltas para renovar el CPGJ. Y, la negativa del PP a acometerla le obliga a mover ficha para buscar una alternativa. En el acuerdo de gobierno de PSOE y Sumar, este asunto está incluido, pero sin ofrecer ninguna propuesta: “Garantizaremos el cumplimiento de la Constitución en lo referente a la renovación de órganos constitucionales, especialmente el Consejo General del Poder Judicial, impidiendo que la deslealtad constitucional de algunos actores políticos afecte al prestigio y a la salud de las instituciones públicas”.

Fuentes de Sumar conocedoras de la negociación reconocieron que la redacción se había quedado “corta”, ya que su propuesta pasa por la posibilidad de hacer decaer los mandatos una vez expire el tiempo legal de los vocales en el cargo, pero el PSOE rehusó incluir esa vía en el acuerdo.

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En este sentido, la incógnita se posa sobre la fórmula concreta, ya que la propuesta de rebajar las mayorías para la elección de los vocales, presentada por PSOE y Unidas Podemos en la pasada legislatura, fue desechada por Bruselas, lo que obligó a retirarla. En todo caso, Bolaños aprovechó el acto de entrega de la cartera de manos de su sucesora, Pilar Llop, para mandar un mensaje de tranquilidad.

El nuevo ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se refirió a este gran reto, además hablar de la amnistía (aunque sin citarla): “Renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no es una opción, es una obligación”. “Es necesario que podamos decir también fuera de España que tenemos normalidad institucional en el Poder Judicial”, añadió para prometer que “todo lo que tengo que hacer lo haré con diálogo, pero lo haré todo”.