Imaz asegura que Repsol no ha recuperado las pérdidas del covid: “Me llevan los diablos cuando hablan de los beneficios caídos del cielo”

Los beneficios caídos del cielo. Ese término que acuñó el Gobierno de Pedro Sánchez cuando, tras el estallido de la guerra en Ucrania, los precios energéticos se dispararon, sigue siendo fuente de polémica. Josu Jon Imaz, se ha mostrado tajante a la hora de afirmar que Repsol aún no ha logrado recuperar las pérdidas que se registraron durante los ejercicios marcados por la crisis sanitaria del Covid-19.

“Me llevan los demonios cuando oigo hablar de los beneficios caídos del cielo. Repsol aún no ha recuperado lo que perdió durante los años de la pandemia” ha sentenciado. En los años 2021 y 2022 no ha llegado a recuperar las pérdidas de 7.200 millones de euros que sufrió en 2019 y 2020, especialmente en ese ejercicio por el impacto por el Covid-19. En esta línea, el CEO de la petrolera ha asegurado que Repsol “hizo un esfuerzo para garantizar ambulancias y fuel para aviones que transportaban mascarillas”. “Un esfuerzo que, en su medida, hicieron muchas otras empresas en España” ha sentenciado.

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“Esas sí que fueron pérdidas extraordinarias”, subrayó el directivo, recordando igualmente el comportamiento solidario de la compañía manteniendo toda su actividad abierta para que se pudiera seguir suministrando combustibles en una situación especialmente complicado, a pesar del frenazo en la movilidad que hundió sus cuentas.

Ese mismo término –beneficios caídos del cielo– es el que sirve de base para el impuesto que el Gobierno desarrolló el pasado año y que grava a banca y energéticas. Repsol era la primera en cargar contra el impuesto a las energéticas que Yolanda Díaz quiere hacer permanente y advirtió de que “la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar sus futuros proyectos industriales en España”.

La compañía dirigida por Josu Jon Imaz es una de las que más capital destina al pago de este gravamen: ha desembolsado más de 450 millones solo en este ejercicio. Por detrás de ella, Cepsa, abona 323 millones de euros; Naturgy y Endesa, unos 300 millones de euros cada una; e Iberdrola, 200 millones de euros.

Así, la petrolera considera que la posibilidad de que se mantenga un gravamen a las compañías energéticas, “que se ideó como temporal y extraordinario, castiga a las empresas que, como Repsol, invierten en activos industriales, generan empleo y garantizan la independencia energética del país”, mientras que “favorece a los importadores que no generan empleo ni actividad económica relevante en España”.

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Imaz también ha señalado que es importante contar con “políticas realistas” y “garantía de suministro” en el caso de las distintas refinerías que opera la empresa, con sede en Madrid. “Tenemos que apostar por un modelo de mayor competitividad para el país”, ha puntualizado el directivo, quien ha valorado el papel transformador de la industria en el nivel socioeconómico de la población, al ofrecer una vía para “mejorar los salarios y dar oportunidades laborales a los jóvenes”.

El CEO de Repsol, ha defendido la necesidad de invertir en la extracción de gas para favorecer la descarbonización de la economía, lo que debe ir acompañado de políticas que apoyen el tejido empresarial. ”Si no invertimos en gas y petróleo, subirán los precios y los países del Tercer Mundo seguirán comprando carbón, principal causa de la emisión de CO2 a la atmósfera, lo que hará que éstas no dejen de subir”, ha destacado Imaz en la decimotercera Jornada Anual de Esade Alumni Madrid.

Asimismo, ha añadido que la compañía buscará realizar prospecciones en otras regiones fuera de Europa -principalmente Norteamérica- para garantizar que los países del viejo continente no padezcan de dependencia energética de terceros, como sucedió con el caso del gas ruso, cuya falta desencadenó una fuerte escalada de precios en 2022.

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Por otro lado, el consejero delegado de Repsol ha remarcado la importancia de la descarbonización para la entidad, que destina el 40% de sus inversiones en bienes de capital (Capex) en la tarea de reducir las emisiones de CO2 generadas por su actividad. La compañía pretende alcanzar las 0 emisiones netas en 2050, en línea con los objetivos establecidos en el Acuerdo de París -tratado internacional sobre el cambio climático-, aunque espera reducir la expulsión de CO2 a la atmósfera un 15% en 2025.

Para lograr dicha misión, Repsol potencia su cartera de proyectos de energías renovables, que cuenta con una capacidad instalada de 3.870 megavatios y con la intención de alcanzar los 20 gigavatios en 2030, y adapta sus cinco plantas en España para que produzcan combustible con materias orgánicas como aceites vegetales.