Aguirre se libra del banquillo otra vez: ni Púnica, ni Lezo, ni Gürtel, ni su infracción de tráfico...

Hay un político del PP que dice que Esperanza Aguirre no tiene una flor en el culo, sino todo un jardín. Quizás la frase sea un poco soez, pero define a la perfección la suerte judicial que ha acompañado a la exlideresa del PP madrileño durante su dilatada trayectoria política. Salpicada por muchos casos de corrupción, se ha librado de todos. Esta misma semana, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el carpetazo definitivo de la causa contra Aguirre en la trama Púnica. Los magistrados han rechazado así el recurso de una de las acusaciones populares que pedía que se la enviara al banquillo en la pieza principal, la que investiga la financiación irregular del PP madrileño. En resumidas cuentas, Aguirre, que controló el partido en Madrid durante años con mano de hierra, nunca supo que se recurrió a una Caja B para sufragar parte de sus campañas electorales.

Y eso que Aguirre llegó a estar imputada por este caso en 2019, cuando el juez y la Fiscalía Anticorrupción la señalaron como la gran beneficiaria de la trama y el dinero supuestamente desviado para financiar sus actos electorales e, incluso, pagar una campaña de reputación online a su favor. Sin embargo, la opinión del ministerio público y del juez instructor cambió con el paso del tiempo, y los indicios que sí fueron suficientes para llamarla a declarar como imputada no se vieron reforzados después para poder sentarla en el banquillo.

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Aguirre, que llegó a la política madrileña en 2003 (con el famoso ‘tamayazo’ y la deserción de dos diputados socialistas que provocó la repetición de elecciones), empezó a ver como la Justicia se topaba en su camino en 2009, cuando en febrero de ese año se destapó la trama ‘Gürtel’ que salpicó a muchos de sus altos cargos. La instrucción del caso, muy complejo y que años después provocaría una moción de censura que echaría a Mariano Rajoy del Gobierno central, se dividió en varias piezas que salpicaron su gestión. De hecho, la investigación desveló que su viceconsejero de Presidencia (luego consejero de Deportes) llegó a amañar con Francisco Correa (cabecilla de la trama Gürtel) la contratación de 348 actos públicos en los que intervino la expresidenta madrileña. Actos que sirvieron para desviar 4,9 millones de euros. La justicia no pudo demostrar que Aguirre tuviera conocimiento de este masivo fraude y nunca fue imputada. De hecho, la expresidenta madrileña llegó a decir que sentía “especialmente satisfecha” de haber destapado del caso, cuando en la realidad nunca puso ninguna denuncia. Aguirre declaró finalmente como testigo

Aguirre, que ha dimitido tres veces en su carrera política (la primera a finales de 2012 como presidenta del Gobierno regional para recuperarse de un cáncer de mama y de otros “acontecimientos personales”) tuvo su segundo disgusto judicial en 2014, cuando se destapó otro caso de corrupción, la Púnica. Esta trama que salpicó a muchos altos cargos del PP de Madrid y de su Gobierno, como su exconsejero y exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados. La situación se volvió insostenible en 2016. En febrero de ese año se produjo su segunda dimisión (esta vez como como presidenta del PP de Madrid) por “la gravedad” de las acusaciones de financiación ilegal en su partido. Lo anunció a los tres días de que la Guardia Civil registrara su sede. Este caso la llevó a estar imputada. A ella y a otras 80 personas. Finalmente, como hemos dicho al principio de este texto, ha sido exonerado y la investigación ha acabado solo con ocho procesados.

En abril de 2017 llegó su tercera dimisión. Esta vez como portavoz y concejal en el Ayuntamiento de Madrid. La Guardia Civil había destapado un nuevo caso de corrupción en el seno del PP de Madrid y el Gobierno regional y detenía a Ignacio González, mano derecha de Aguirre. “Me siento engañada y traicionada por Ignacio González. No vigilé lo que debía”, señaló el día que dejaba definitivamente la política activa, pero no la mediática. El PSOE llegó a pedir su imputación en una de las piezas del caso, el amaño para construir un campo de golf en las instalaciones que el Canal de Isabel II tiene en el distrito de Chamberí, pero el juez rechazó la petición. Aquí Aguirre también ha estado en la mira de los investigadores, pero no han podido vincularla con ninguna de las piezas en las que se divide este complejo caso. Y eso que un fiscal también llegó a pedir su imputación en octubre de 2017.

El 3 de marzo de 2014, retirada de la política pero esperando un nuevo destino (un año después sería candidata al Ayuntamiento de la capital), Aguirre aparcó en el carril bus de la Gran Vía para sacar dinero de un cajero. Dos agentes de movilidad la intentaron multar, pero Aguirre arrancó su vehículo, golpeó la moto de uno de ellos y huyó hacia su casa. Hubo denuncia y se abrió una causa en un juzgado de Plaza de Castilla, en la que se presentó como acusación popular una asociación desconocida, Transparencia y Justicia. Nadie sabía entonces que detrás estaba el comisario José Villarejo, que se haría famoso años después. Aguirre se llegó a reunir con Villarejo para pedirle que se apartara del caso, según unas grabaciones en exclusiva que publicó el diario El País.

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La Audiencia Provincial de Madrid decidió finalmente instruir su infracción de tráfico como falta, y no como delito. Villarejo cumplió su palabra y no recurrió esa decisión para que el asunto se instruyese por desobediencia. Finalmente, la reforma del Código Penal suprimió este tipo de faltas, por lo que el caso fue archivado definitivamente y Aguirre se libró del banquillo.