Luces y sombras del legado de Irene Montero al frente de Igualdad: las leyes que quedan pendientes

Si hay un ministerio que ha generado polémica en la pasada legislatura es el de Igualdad, el que hasta ahora había liderado Irene Montero, que quedó excluida primero de las listas electorales de Sumar y ahora del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. En este último tiempo la controversia no solo surgió por la llamada ley del “solo sí es sí”, que aunque creó un amplio paraguas de protección para las víctimas de violencia sexual también permitió la rebaja de penas de numerosos agresores, sino que además ha habido una reacción patriarcal ante otros muchos avances del ministerio como la ley trans, que avala la autodeterminación de género e introduce otros avances para la comunidad LGTBI, entre otros.

Fueron decisiones que generaron polémica, pero lo cierto es que nunca antes un Gobierno había invertido tantos recursos en políticas feministas, lo que ha llevado a España a alcanzar el cuarto puesto en el índice europeo de igualdad de género, y por primera vez Igualdad puso sobre la mesa asuntos que nunca antes se habían tratado como reconocer la salud menstrual como un derecho de las mujeres.

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El pasado 14 de noviembre, un día antes de que comenzara el debate de investidura en el que se reelegiría a Sánchez como presidente del Gobierno, Montero realizó un encuentro para rendir cuentas sobre los logros y compromisos adquiridos por el departamento en los últimos cuatro años y lo que había quedado pendiente. Entre las políticas desarrolladas por Igualdad, destacó la permanencia del Pacto contra la Violencia de Género, que entró en vigor en 2017, la creación de una política pública de conciliación, la garantía del derecho al aborto y los derechos de las personas trans y LGTBI, además de que la educación sexual esté presente en el debate público o que se contabilicen todos los feminicidios (no solo los que se producían en el ámbito de la pareja).

Montero también defendió la ley del “solo sí es sí” por haber “cambiado el paradigma del consentimiento” y arremetió contra la “derecha judicial” y la “justicia patriarcal” por las rebajas de condenas. La arquitectura penal de la norma acabó siendo reformada por el PSOE, con apoyo del PP, ante la alarma social generada.

“Ha sido una legislatura definitiva en materia derechos feministas que nos ha permitido avanzar”, indicó Montero, si bien en esa rendición de cuentas también hizo autocrítica y recordó algunos de los compromisos que no se han podido llevar a cabo en la legislatura pasada, como la ley contra la trata, que quedó a las puertas del Congreso de los diputados al convocarse elecciones anticipadas, la prostitución o la reforma de la ley de extranjería para luchar contra el racismo. En estos últimos cuatro años, añadió Montero, tampoco se ha podido lograr que “el derecho al cuidado sea una realidad en España”: “Somos conscientes de que aún queda mucho por hacer”, añadió.

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En ese sentido, aunque las organizaciones feministas como la Federación de Mujeres Jóvenes valoran positivamente los avances logrados por el ministerio, aseguran que aún hay temas cruciales para abordar en materia de igualdad como “la implementación de centros de atención 24 horas” para las víctimas de violencia de género. Además, consideran fundamental que se pueda dar luz verde a la ley de trata para “garantizar la protección de las víctimas y sancionar a los responsables”. “Establecer marcos legales sólidos es crucial para prevenir y castigar este tipo de delito. Esperemos que en esta nueva legislatura se pueda abordar”, dice a Infobae España Laura Barrios, presidenta de esta federación.

La organización también considera esencial que el nuevo ministerio “fortalezca su apoyo a las organizaciones feministas para avanzar en la lucha por la igualdad”, pues “no se ha alcanzado el nivel de respaldo esperado” en esta legislatura, añade Barrios.

Desde la Comisión 8M consideran que el trabajo no debe realizarse “únicamente a nivel institucional, sino que también debe hacerse desde las calles”, pues el movimiento feminista apela “a un cambio social, a un cambio estructural”. “Más que centrarnos en medidas concretas, queremos poner el foco en que esto es algo estructural, y no le pedimos únicamente al ministerio de Igualdad que recoja nuestras reivindicaciones, sino que se lo pedimos a la sociedad, pedimos que escuche nuestro mensaje y que después los políticos, todas las autoridades que estén al frente de las instituciones, trabajen en ello”, explica por su parte Iria González, portavoz de la Comisión 8M.

Tampoco hay que olvidar, añade la Comisión 8M, que las medidas de Igualdad se han materializado gracias al trabajo en la calle que realiza desde hace décadas el movimiento feminista, “que viene desde los barrios y desde los pueblos” y ha puesto de manifiesto sus reivindicaciones.

Tras la salida de Montero, el ministerio de Igualdad en esta nueva etapa vuelve a manos del PSOE y estará liderado por Ana Redondo, hasta ahora concejala de Valladolid y mano derecha del exalcalde de esa ciudad, Óscar Puente, que ahora pasará a dirigir el Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana.

Redondo, doctora en Derecho Constitucional y profesora en la Universidad de Valladolid, no solo deberá afrontar retos como la mencionada ley de trata o lograr el Pacto de Estado por los Derechos LGTBI, sino que tiene por delante la difícil tarea de calmar las turbulencias generadas por la ley del “solo sí es sí” y generar un mayor consenso del que se alcanzó en la pasada legislatura.

Asume además su cargo en momento de repunte de la violencia machista en España, donde en lo que va de año ya se han registrado 52 feminicidios, una cifra que ya supera a los crímenes machistas ocurridos en todo el año pasado.