Los antecedentes de la amnistía: Adolfo Suárez, la Guardia Civil y el dinero del emérito

La palabra del año, para muchos, tiene ocho letras y casi medio siglo de historia —aunque esto último no todo el mundo lo recuerda—. El pacto del PSOE con los partidos independentistas ha levantado ampollas, tanto en Génova como entre la derecha más reaccionaria. La ley de amnistía ha sido fundamental para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez, que ha sumado 179 votos a favor, 12 más de los que tuvo durante su anterior mandato. La medida de gracia no será inmediata y tardará meses en llegar, sobre todo porque el PP utilizará el Senado para retrasar su aprobación.

La amnistía beneficiará a más de 300 personas que han sido condenadas, procesadas o investigadas por causas relacionadas con el procés. El marco temporal abarca una década, desde 2012 —cuando el Parlament de Catalunya aprobó una resolución para celebrar el referéndum de autodeterminación— hasta 2023. Los líderes independentistas no son los únicos que podrán acogerse a la medida de gracia. Los funcionarios públicos, manifestantes y agentes policiales que actuaron durante la consulta ilegal del 1 de octubre también podrán servirse de esta norma. El texto descarta perdonar los delitos de terrorismo y deja fuera las causas contra los Pujol y Laura Borràs.

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El pacto entre el PSOE, ERC y Junts, por increíble que parezca, tiene precedentes. El 30 de julio de 1977, Adolfo Suárez cumplió su promesa y tramitó de manera urgente una ley de amnistía para sacar de la cárcel a los presos políticos del franquismo. Por aquel entonces, el histórico socialista, crítico ahora con la medida de gracia, no tuvo dudas y asumió personalmente los riesgos. Los comunistas, los nacionalistas vascos y otros intelectuales de izquierda reivindicaron la aprobación de la norma como un “avance democrático”. Todos los partidos con representación en el Congreso de los Diputados votaron que sí, menos Alianza Popular —con el exministro franquista Manuel Fraga al mando—, que optó por la abstención. La Constitución Española todavía no existía, pero varias sentencias posteriores consideraron “constitucional” la propuesta.

La proposición de ley de amnistía registrada hace poco más de una semana por el PSOE cuenta con el aval de los servicios jurídicos del hemiciclo. Los letrados consideran que no existe ninguna contradicción “palmaria” con la Carta Magna. Este informe deja a los miembros de la Mesa del Congreso sin motivos aparentes para impedir su tramitación. El equipo de juristas, liderado por Fernando Galindo, observa una diferencia clara entre la iniciativa del Grupo Socialista y la que presentaron los partidos independentistas en 2021. La propuesta de ERC y Junts estaba concebida como un “indulto general”. No es la primera vez que los letrados de la Cámara Baja abren la puerta a una medida de estas características.

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Hace cinco años, un informe jurídico de la secretaría general del Congreso de los Diputados recomendó una ley de amnistía para perdonar las sanciones de un número indeterminado de guardias civiles, condenados por reivindicar su derecho de asociación profesional. Salvando las distancias, los letrados calificaron la propuesta de “constitucional” y la consideraron significativa para la “rehabilitación de penas” que sufrieron los agentes, según ha publicado El País. El mismo equipo rechazó la medida de gracia para los encausados del procés diseñada hace dos años porque no desligaba “de manera clara” las figuras del indulto y la amnistía.

Los populares trabajan en su ofensiva contra la amnistía mientras intentan capitalizar las protestas que desde hace días sacuden las calles del país. La Constitución Española no prohíbe esta medida de gracia, pero Génova insiste en la “involución democrática” que supone y alimenta los bulos sobre el “golpe de Estado”. La hemeroteca, sin embargo, no dice lo mismo. Hace una década, Cristóbal Montoro —ministro de Hacienda durante los gobiernos de Mariano Rajoy— impulsó una amnistía fiscal que sentó las bases para regularizar el dinero negro de las grandes fortunas. El PP vio con buenos ojos repatriar los bienes no declarados que permanecían —a buen recaudo— en los paraísos fiscales. Los patrimonios afectados pudieron cambiar sus ahorros de domicilio sin ninguna sanción penal, pagando un impuesto del 10%.

El Tribunal Constitucional tachó la amnistía fiscal del PP de “inconstitucional”, pero cuando el fallo se hizo público la norma llevaba cinco años en vigor. Las personas que se habían acogido a la medida de gracia para saldar sus deudas con Hacienda sin tener que pagar las multas correspondientes no tuvieron que dar explicaciones por los bienes no declarados. El clan de los Pujol, Luis Bárcenas y Rodrigo Rato se beneficiaron de una absolución que llevó el sello de los populares. Las malas lenguas aseguran que Juan Carlos I y otros cuatro familiares del emérito se acogieron también a esta amnistía, aunque el rumor no se pudo confirmar porque la Fiscalía no quiso investigar el caso. Los nombres de los defraudadores están protegidos por la Ley General Tributaria.