Las políticas de Mónica García, Isabel Rodríguez y Pablo Bustinduy: frenar las privatizaciones en la sanidad pública, vivienda pública y la Ley de Familias

Isabel Rodríguez, Mónica García y Pablo Bustinduy. Esos serán los ministros a cargo de Vivienda, Sanidad y Derechos Sociales, tres puntales sobre los que descansan algunas de las máximas preocupaciones de la ciudadanía. La gente joven y su incapacidad para comprar casas o y pagar alquileres, los recortes en la sanidad pública y el empobrecimiento de los servicios y leyes que amplíen derechos y garantías en exclusión social o conciliación laboral.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, asume tal vez una de las carteras más controvertidas y donde incluso sonó como ministrable la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. La última legislatura dejó una Ley de Vivienda que, fruto de la legislación española, donde las competencias en esta materia están repartidas con las comunidades autónomas, queda bloqueada por el Partido Popular en todas las regiones donde gobierna. La posibilidad de limitar el precio del alquiler quedó anulada e incluso las inmobiliarias encontraron un regate para no asumir los gastos de los honorarios de los agentes.

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El PSOE prometió en su programa electoral incrementar el parque de vivienda pública de alquiler social hasta alcanzar el 20% del total para los próximos años. Un proyecto a medio-largo plazo para combatir las subidas de precio desenfrenadas. Además, el gabinete de Rodríguez continuará el Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible con el impulso de 10.000 viviendas a través acuerdos realizados directamente con Entidades Locales y 50.000 viviendas promovidas directamente por el Estado a través de la Entidad Pública Estatal de Suelo (Sepes). Al menos, eso prometió durante la campaña. Además, se prometieron 63.000 viviendas con recursos de los fondos europeos adscritos al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y 20.000 viviendas mediante ayudas directas a comunidades autónomas y Entes Locales.

Una de las cuentas pendientes de la Ley de Vivienda aprobada fue blindar los derechos de aquellos inquilinos que viven en habitaciones alquiladas. El agujero negro de la ley, donde no se diseñó legislación alguna para proteger a los arrendadores de subidas de precios, dejó pendiente una comisión que evaluaría este asunto, pero el adelanto electoral tiró por tierra la planificación. Sería una buena señal de entendimiento que este ministerio a cargo del PSOE tomara la iniciativa.

Tal vez la coletilla de “agenda urbana” que termina el título del ministerio de Isabel Rodríguez debería ir enfocado a la gentrificación de las ciudades y la ebullición de los pisos turísticos en los centros nucleares de las grandes urbes. Madrid, Barcelona, Mallorca o Ibiza son espacios invadidos por el alquiler con fines turísticos, una dinámica que aumenta aún más el precio de la vivienda.

Mónica García, líder de Más Madrid en la Comunidad, asume las competencias del Ministerio de Sanidad, que durante la anterior legislatura fue el ojo del huracán por la irrupción de la covid-19. Su secretario de Estado será Javier Padilla, también diputado del partido y experto en Salud Pública.

Ambos han sido los líderes del partido a la hora de demandar sanidad pública y de calidad, algo que se les exigirá en un puesto donde las competencias derivadas a las comunidades autónomas —una vez más— será un escollo importante para maniobrar en pro de políticas que sean de su agrado. Tal vez sea el momento para descongelar la Ley de Seguridad del Paciente, aparcada desde hace años en el Congreso de los Diputados con la que se aumentaría el ratio del personal de enfermería por ciudadanos.

El ejemplo que puede servir para este nuevo Ministerio de Sanidad puede ser la táctica que implementó la cartera de Derechos Sociales durante la anterior legislatura, con la intervención de Nacho Álvarez y con Ione Belarra a la cabeza: los acuerdos, para no entrar en posibles acaparamientos de competencias de las comunidades autónomas, se hacían mediante el Consejo Interterritorial, en el que una mayoría simple sirvió para implementar acuerdos de mínimos para el personal disponible en residencias o los límites de plazas para las de nueva construcción.

La universalidad de la sanidad pública, en jaque desde que Mariano Rajoy la retirara durante la crisis y reincorporada por el PSOE, pero con matices que las administraciones locales aprovechan para excluir al derecho de sanidad universal a extranjeros, será reincorporada si Sumar cumple lo prometido en el programa electoral. Del mismo modo, el programa prometía que la inversión en sanidad pública “aumentará anualmente medio punto del PIB hasta igualar el porcentaje promedio de los diez países europeos con mayor participación de gasto sanitario público sobre el PIB”. También se augura la prohibición de las privatizaciones, algo que el PSOE nunca ha afrontado con decisión, o la reducción de las listas de espera.

El ministerio que regentó Ione Belarra y que ahora se queda Pablo Bustinduy puede iniciar su andada con una normativa paralizada por el adelanto electoral. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 de marzo la Ley de Familias y ofrecía permisos retribuidos de ocho semanas para cuidar a menores de hasta ocho años, teletrabajo contemplado para compatibilizar la vida laboral con la crianza de menores y días de permiso para cuidar a familiares, entre otras cosas. El proyecto aspiraba a legislar que el permiso por cuidado retribuido alcanzara hasta nueve días al año para atender a familiares o convivientes, pero la ley no se aprobó por el adelanto electoral.

Con las competencias de Consumo, hasta ahora en una cartera propia, el nuevo ministro aspira a “ampliar los derechos sociales, condición esencial de la democracia, a defender un modelo de consumo justo y sostenible y a que España sea referente de desarrollo e igualdad”.

Campañas para el etiquetado de productos insalubres, más control sobre la publicidad y las casas de apuestas, límites para menores en videojuegos que incitan el gasto... El campo de acción es transversal a muchas materias, donde también pueden entrar “el aumento de la inversión en atención a la dependencia, la vida plena, y su intensidad protectora, financiando con cargo a impuestos los cuidados ofrecidos por el sistema”, como prometía en su programa Sumar.