La Mesa del Congreso, el órgano de gobierno de gobierno de la Cámara, Baja ha dado el aval a la tramitación de la ley de amnistía al calificarla en su reunión de este martes. La mayoría de PSOE y Sumar han votado a favor de que la norma comience a andar en el Congreso al ser admitida para su debate en el Pleno, previsto para el 12 de diciembre, según informan fuentes socialistas de la Mesa.
Este paso formal cuenta con el aval de los letrados, que en un informe dirigido por el nuevo secretario general, Fernando Galindo, no ven elementos de inconstitucionalidad “palmarios y evidentes”. El equipo jurídico del Congreso entiende que “no parece existir en la Constitución ni en la jurisprudencia constitucional elementos suficientes” para estimar si la proposición de ley registrada por el PSOE con el consenso de los partidos independentistas y nacionalistas vulnera la Carta Magna.
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En este sentido, los letrados explican las diferencias con la proposición de ley de la amnistía de los independentistas, rechazada por la Mesa del Congreso en 2021 por considerar entonces que era inconstitucional al encubrir un indulto general, algo que sí prohíbe de forma expresa la Constitución.
En todo caso, el PP ha recusado al secretario general al considerar que “su participación vulnera los principios legales de imparcialidad y objetividad por haber sido miembro del Gobierno hasta su designación en la Cámara Baja”. Y es que, Galindo fue, primero, director general de Cooperación Autonómica y Local y luego Subsecretario del Ministerio de Política Territorial hasta el 31 de octubre de 2023, dos días antes de ser nombrado secretario general del Congreso.
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La ley de olvido penal a los encausados por el procés inicia su tramitación en el Congreso, un camino que el PP y Vox intentarán torpedear. El PSOE no quiere correr con la norma, pero su andadura tendrá carácter urgente, por lo que en enero, si se habilita, podría poner rumbo al Senado.
Plazo de un mes
En la Cámara Alta, su tramitación será distinta, ya que el PP ha utilizado su mayoría absoluta para modificar el reglamento e impedir que una ley tramitada con carácter urgente en el Congreso tenga el mismo carácter en el Senado. En todo caso, esta institución tiene un plazo de dos meses para culminar la tramitación de una ley.
La Mesa ha adoptado esta decisión en medio de las advertencias de Vox de querellarse contra sus miembros por calificar una proposición de ley, una decisión que básicamente consiste en permitir que se debata y vote en el Pleno del Congreso. En este sentido, el secretario primero de este órgano, Gerardo Pisarello (Sumar), ha recordado que la Mesa admitió a trámite la semana pasada la “aberración política” de Vox, en referencia a una proposición de ley para ilegalizar los partidos independentistas.
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El diputado de los Comunes ha defendido la norma, “fundamental para superar una situación política que llevaba años enquistada”. Además, ha recalcado que es “jurídicamente sólida” y permitirá “que vuelva al debate político lo que nunca debería haber salido de allí”. “Habrá ley de amnistía pese a que el Partido Popular ponga el grito en el cielo”, ha prometido.
Más allá de la contestación política y social a la ley, el nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha pedido un debate “que busque la convivencia, donde impere el patriotismo y no el partidismo, la moderación y no la exageración, las verdades y no las falsedades”. El también titular de la Presidencia ha hecho esta declaraciones tras recibir la cartera de manos de Pilar Llop, en un contexto en el que ha prometido que desempeñará su cargo con “respeto al Estado de derecho, la separación de poderes, el imperio de la ley y la Constitución”. “Es como lo hemos hecho siempre”.