El letrado del Congreso está a favor de tramitar la ley de amnistía

La Secretaría General del Congreso, que ocupa Fernando Galindo, admite que puede haber “posibles motivos de inconstitucionalidad” en la proposición de ley de amnistía presentada por el PSOE, pero no existe una contradicción tan “palmaria” con la Carta Magna como para que la Mesa del Congreso impida su tramitación.

Así lo señala en el informe que ha preparado para que la Mesa del Congreso tome una decisión sobre la calificación del texto en su reunión de este martes. En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, y que no tiene carácter vinculante, el letrado mayor detalla que la iniciativa no entra en contradicción “evidente y palmaria” con el artículo 62, letra i de la Constitución que impide “autorizar indultos generales”, lo que a su juicio sí ocurría en la amnistía que presentaron los independentistas en 2021.

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Eso sí, también admite que el Tribunal Constitucional sí podría encontrar algunos “incumplimientos” según la interpretación que haga en el futuro del texto de la ley.

Según recalca, el trámite de calificación y admisión a trámite de las iniciativas parlamentarias “no está configurado como un control previo de constitucionalidad” y que la no calificación de una iniciativa siempre es “excepcional”. A diferencia de la norma registrada en 2021 por ERC y Junts, esta proposición de ley no persigue un indulto general encubierto, según aseguran las fuentes parlamentarias.

Sin embargo, el letrado mayor, Carlos Gutiérrez Vicen, recomendó no tramitar esta norma y ley que presentaron los grupos independentistas, ERC y Junts hace dos años. Esto se debe a que se consideraba totalmente contrario a lo dispuesto en la Carta Magna.

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Probablemente, la Mesa evaluará este asunto el próximo martes, y luego será responsabilidad de la Junta de Portavoces, aun por convocar, establecer una fecha para discutir su aceptación para su procesamiento en el pleno. Según el informe en cuestión, los letrados argumentan que la aceptación para su procesamiento de las iniciativas parlamentarias que llegan a la Mesa no debería considerarse como una “función de control previo de constitucionalidad” y abogan por qué todas sean aceptadas y discutidas siempre y cuando cumplan con los requisitos y criterios necesarios.

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En este contexto, afirman que la propuesta “carece de defectos formales que impidan su aceptación para su procesamiento” y profundizan en las disparidades con la normativa presentada en 2021. Según fuentes parlamentarias, el documento destaca que la ley presentada hace apenas una semana “incorpora elementos distintivos” en comparación con la propuesta respaldada por ERC y Junts en la legislatura anterior. En este caso, se valora que la nueva redacción no constituye un perdón general, lo cual está prohibido por el artículo 62 de la Constitución.