Durante la tarde de este lunes, después de conocer el nuevo organigrama que conforma el Gobierno de Sánchez, el ministro Bolaños ha realizado su primera acción como ministro de Presidencia y Justicia: se comunicó con la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Věra Jourová, y el comisario de Justicia, Didier Reynders, para explicarles de manera anticipada la posición del Gobierno sobre ley de amnistía presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados.
Igualmente, el ministro se ha ofrecido completamente para proporcionar a la vicepresidenta y al comisario toda la información que requieran sobre el procedimiento y el contenido de la iniciativa legislativa. Con este propósito, tiene programado visitar Bruselas la próxima semana para sostener reuniones con ambos.
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En las conversaciones sostenidas, Bolaños ha subrayado que la proposición de ley busca dar respuesta a la voluntad mayoritaria de los partidos en el Congreso de normalizar la situación institucional, política y social en Cataluña. Además, aspira a inaugurar una nueva etapa que supere las tensiones de los últimos años.
Es importante señalar que esta cuestión política de ámbito interno es plenamente coherente con el marco legal y los valores europeos. Desde una perspectiva constitucional, la iniciativa persigue un objetivo contemplado en el preámbulo de nuestra Constitución: asegurar la convivencia democrática. En consecuencia, la proposición de ley no afecta en modo alguno a los intereses y derechos de la Unión Europea. Por el contrario, se alinea con los valores de la Unión.
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De ahí que el ministro Bolaños haya instado a respetar el debate político y parlamentario en España frente a los intentos de algunos grupos políticos de internacionalizar un tema interno español. “El Estado de Derecho en España es robusto y seguirá siéndolo”, según han asegurado fuente del ministerio de la Presidencia.
El letrado del Congreso respalda la tramitación de la ley de amnistía
Por otro lado, en esta misma tarde del lunes, la Secretaría General del Congreso, que ocupa Fernando Galindo, admitió que podía haber “posibles motivos de inconstitucionalidad” en la proposición de ley de amnistía presentada por el PSOE, pero no existe una contradicción tan “palmaria” con la Carta Magna como para que la Mesa del Congreso impida su tramitación.
Así lo señala en el informe que ha preparado para que la Mesa del Congreso tome una decisión sobre la calificación del texto en su reunión de este martes. En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, y que no tiene carácter vinculante, el letrado mayor detalla que la iniciativa no entra en contradicción “evidente y palmaria” con el artículo 62, letra i de la Constitución que impide “autorizar indultos generales”, lo que a su juicio sí ocurría en la amnistía que presentaron los independentistas en 2021.
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Eso sí, también admite que el Tribunal Constitucional sí podría encontrar algunos “incumplimientos” según la interpretación que haga en el futuro del texto de la ley.