Si estas actitudes te resultan familiares, estás sufriendo violencia económica

La violencia machista se ha cobrado la vida de 52 mujeres en lo que va de año, una cifra ya superior a la registrada en todo el 2022. Con meses especialmente cruentos como el pasado septiembre, cuando se registraron 10 feminicidios, prácticamente no ha habido semana en la que no ocurra un crimen por razones de género. Esta es, sin duda, la expresión más extrema de la violencia de género, pero existen otras muchas formas de maltrato y abuso que, aunque más sutiles, tratan igualmente de controlar, amedrentar, acosar y humillar a las mujeres.

De hecho, hace apenas unos días la Encuesta Europea de Violencia de Género 2022 revelaba que casi cinco millones de mujeres en España de entre 16 y 74 años han sido víctimas de algún tipo de violencia machista por parte de su pareja o expareja. En concreto, un 27,8% asegura haber padecido violencia psicológica, un 12,7% violencia física, incluidas amenazas, y un 6,7% violencia sexual.

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Existe, sin embargo, una violencia sobre la que se ha investigado menos y que ha tenido una escasa consideración: la económica, que es aquella que se ejerce contra la mujer de forma intencionada para controlar o limitar su acceso a recursos económicos, ya sean propios o de la unidad familiar, y que puede llegar a ser la más duradera en el tiempo, porque va más allá de la separación de la víctima con el maltratador. Con el objetivo de hacerla más visible, el Ministerio de Igualdad ha llevado a cabo un estudio en el que destaca que se trata de un tipo de violencia machista “especialmente cruel” porque, al igual que la psicológica, esta suele ser “fruto de una planificación esmerada” del agresor, quien la ejerce “con una clara intencionalidad de daño prolongado”, una conducta que algunas expertas consideran próxima al “sadismo”.

El estudio, que lleva por título La violencia económica contra las mujeres en sus relaciones de pareja o expareja y contó con la participación de 50 víctimas y supervivientes, explica que esta forma de violencia incluye acciones como el control económico, el sabotaje laboral y la explotación económica. Implica además un empobrecimiento que “con frecuencia supone endeudamientos para toda la vida”, con pérdida del poder adquisitivo en algunos casos en los que ellos se quedan con todos los ingresos y ahorros de la víctima, hasta situaciones en las que ellas tienen que hacer frente a impagos de pensiones o de otros gastos a su nombre.

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La violencia económica, además, no solo genera el empobrecimiento de las mujeres víctimas y sus descendientes, sino que también afecta a sus familiares y amigos, a menudo estafados directa o indirectamente por el maltratador, añade el informe, que fue presentado esta semana. Lo que lo diferencia de otras violencias “es la prolongada angustia porque las víctimas se ven atrapadas en un círculo de empobrecimiento infinito, que muchas veces les impide acceder a una financiación propia para abordar necesidades de su nuevo hogar (monomarental o unipersonal) e imposibilita o entorpece el emprender nuevos proyectos vitales”.

De hecho, si los comportamientos descritos a continuación te resultan familiares, puedes estar sufriendo violencia económica, ya que aunque la expresión más común de esta violencia es la prohibición de toma de decisiones sobre la economía familiar, hay muchas otras manifestaciones, como el agresor que obliga a la víctima a pedirle dinero porque ella no tiene acceso al mismo, controla sus gastos, utiliza el dinero como forma de castigo tras una discusión o la obliga a compartir sus contraseñas de acceso a las cuentas bancarias de ella. También se considera control económico cuando el agresor no le permite tener una cuenta corriente o tarjeta propia o le niega dinero para comprar comida o ropa tanto para ella como para sus hijos o hijas.

El estudio de Igualdad define como sabotaje laboral cuando el agresor realiza comentarios o mantiene actitudes despectivas hacia el empleo de ella, imposibilita conscientemente su sueño con intención de que afecte a la calidad de su trabajo, le impide de alguna manera ir a trabajar o que llegue a tiempo. También lo es, añade el informe, cuando el hombre responsabiliza a la mujer del cuidado total de los hijos comunes, siendo ella la que adaptar su horario de trabajo, reducir su jornada o pedir una excedencia, o cuando el agresor la amenaza para que deje su trabajo o los estudios.

En el caso de mujeres que viven en el entorno rural, también es violencia cuando él la aísla o invisibiliza, o impide el registro de la titularidad de las tierras que ella trabaja, afectando a su trayectoria laboral y pensiones.

En el marco de la explotación económica, antes de la separación, se incluyen acciones como que él gaste en cosas para su beneficio o capricho el dinero necesario para el alquiler, productos básicos o el pago de facturas, o que consiga que la víctima asuma en solitario los gastos fijos de convivencia. También se considera explotación económica cuando el agresor exige que ella aporte al hogar económicamente lo mismo que él, lo que hace que la mujer tenga que hacer horas extra o pluriemplearse o cuando él escritura propiedades pagadas sólo a su nombre y propiedades por pagar a nombre de ella sin su consentimiento.

Este tipo de violencia con frecuencia se extiende en el tiempo más allá de la separación, con agresores que no pagan las prestaciones que le corresponden a su mujer y/o sus hijos u obligan a la víctima a que se ponga en contacto constantemente con él para reclamarle que resuelva sus impagos.

“Se trata de situaciones que generan desigualdad, una situación de dominio y de poder que se basa en lo económico y que, en definitiva, hace que muchas mujeres no puedan ser autónomas, que no puedan dejar a la pareja en muchos casos”, dice a Infobae España Carlota Coronado, profesora de Comunicación y Género en la Universidad Complutense de Madrid. La docente aboga por hacer pedagogía contra este tipo de violencia más invisibilizada, ya que muchas mujeres, asegura, nunca han oído hablar de ello, a diferencia de otro tipo de violencias machistas.

La violencia económica, añade el estudio, tiene además un marco legislativo “confuso e inespecífico” y carece una respuesta eficaz a nivel institucional y judicial. A nivel estatal la violencia económica aún no está tipificada como un delito en España, aunque la Estrategia Estatal para combatir las Violencias Machistas (2022-2025) sí la incluye y el marco normativo autonómico empieza a recoger ya referencias a ellas en su legislación sobre violencia de género. En cuanto a las estadísticas sobre esta forma de violencia, también son escasas y la mayoría de los indicadores de medición disponibles son poco exhaustivos, advierte el estudio.

Los datos oficiales disponibles en esta materia son los de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer (2019), que muestra que la económica es la tercera forma más frecuente de violencia de género, con una prevalencia media del 11,5%, y en ese sentido se estima que ha podido afectar a más de 2,3 millones de mujeres residentes en España con 16 años o más.

Por todo ello y con el objetivo de prevenir y erradicar la violencia económica, el estudio de Igualdad propone una serie de mejoras como que se reconozca formalmente como violencia en el ámbito de la pareja o la expareja para que las víctimas puedan acceder a los mismos mecanismos de protección.

También es necesaria la formación y especialización para los operadores jurídicos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los profesionales de servicios sociales y del ámbito privado y bancario-financiero, con el fin de mejorar la detección y la atención a las víctimas.