Pedro Sánchez inaugura una nueva etapa al frente del Gobierno. Este viernes, el socialista prometió su cargo ante el rey por tercera vez desde que llegó a la Moncloa el 1 de junio de 2018 tras ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy. En esta ocasión lo hace en medio de un clima de máximo voltaje, tanto que la estabilidad de la presente legislatura está en el aire por la complejidad de sostener en el tiempo la mayoría absoluta que le encumbró en el Congreso el pasado jueves.
Si bien es cierto, no es una situación del todo nueva, pues también estaba en el aire la duración de la pasada legislatura, cuando formó junto a Unidas Podemos el primer gobierno de coalición de la democracia. Sin embargo, y pese a los malos augurios, se prolongó durante tres años y medio, a diferencia de los gobiernos autonómicos de PP y Ciudadanos (todos se rompieron antes de tiempo). A pesar de las tensiones en el seno del Ejecutivo, PSOE y Unidas Podemos han aguantado en la misma habitación en situaciones sobrevenidas, como la pandemia o la crisis por la guerra en Ucrania, y han sacado adelante 215 leyes en el Parlamento.
“El Congreso anterior era el más fraccionado, pero este es más difícil de gestionar”, reconocen fuentes socialistas de la máxima confianza del presidente del Gobierno. Y, dentro del reto que supone esta nueva etapa, Sánchez aspira a superar otro que, por otra parte, podría convertirse en su principal legado: el fin del desafío independentista, acentuado en 2017 con la consulta ilegal del 1-O y las posteriores protestas por la sentencia del procés.
La base en la que se asienta esta previsión es la ley de amnistía, registrada el pasado lunes en el Congreso con la única firma del PSOE, pero que cuenta con una mayoría de 178 diputados. En Ferraz, bajo la dirección del secretario general, no cabe la menor duda de que esta norma será la “solución para garantizar la convivencia” en Cataluña.
Te puede interesar: La ley de amnistía desembarca en el Congreso como un “mecanismo constitucional que refuerza el Estado de derecho”
El PSOE quiere hacer de la situación catalana una “política de Estado”
El propio Sánchez reconoció que la amnistía no estaba en sus planes, “al menos no por ahora”. Pero una vez se precisaban los siete votos de Junts tras el 23-J, los socialistas se abrieron a negociarla. Asumido el cambio de posición, aun con el revuelo de la calle y la oposición, el PSOE quiere hacer de la situación catalana una “política de Estado a medio plazo” para poner fin al conflicto.
Estas voces se muestran convencidas de que este paso, a pesar de los palos en las ruedas por la férrea oposición a ella, tanto política como judicial, tendrá sus frutos. “Puede haber manifestaciones y gente que siga en contra, pero si conseguimos garantizar la convivencia, en unos años [la amnistía] se reconocerá como uno de los hitos más importantes de Pedro Sánchez”.
Con todo, estas fuentes cercanas al presidente e implicadas en la negociación de la medida de gracia recalcan que, salvando las distancias, “si el fin de ETA fue el principal legado de José Luis Rodríguez Zapatero”, la solución a la crisis territorial en Cataluña agravada durante el Gobierno de Mariano Rajoy “será el principal legado de Pedro Sánchez”. Tienen claro, además, que el reconocimiento, en caso de que la jugada salga bien, recaerá solo sobre el líder del Ejecutivo ante el desmarque de la derecha.
Hace precisamente un año, Sánchez sacó pecho de que “pasará a la historia por haber exhumado al dictador Franco del Valle de los Caídos”, pero con esta oportunidad histórica, el líder socialista tiene depositadas sus ilusiones en hacer historia como el presidente que cerró las heridas del procés, aunque este relato será difícil de asumir tanto por parte de la derecha como por parte de los partidos independentistas.
Te puede interesar: Las claves jurídicas de la ley de amnistía: 300 independentistas beneficiados y dos meses de plazo para la aplicación de los jueces
A la espera del desenlace de los acontecimientos y a pesar de las incógnitas que rodean la norma, en lo relativo a su tramitación en las Cortes y su aplicación por parte de la Justicia, la primera muestra de ese esperado, pero delicado punto y final, podría evidenciarse con la llegada de Salvador Illa a la Generalitat en los comicios autonómicos previstos para principios de 2025. El PSC fue la primera fuerza en las elecciones municipales del 28-M y en las generales del 23-J. De hecho, en esta última cita, los socialistas catalanes doblegaron en votos a ERC y Junts.
El PSOE defiende que la exposición de motivos lleva implícita la renuncia a repetirlo
No obstante, antes de llegar a esa fecha, el futuro de la amnistía todavía no está claro. Por lo pronto, su tramitación parlamentaria podría alargarse más de la cuenta tras la reforma del Senado impuesta por el PP para paralizar la norma en esta cámara. El PSOE confía en que el Tribunal Constitucional, tras el recurso que planean presentar, declare inconstitucional la modificación reglamentaria.
En lo que al Congreso respecta, el texto legislativo se tramitará por la vía de urgencia para recibir luz verde en diciembre. Si en el Senado no se llega a tramitar de manera urgente, su tramitación se prolongará como máximo durante dos meses. La ley establece su entrada en vigor dos meses después de publicarse en el BOE, por lo que en primavera podría aplicarse la medida de gracia, que afectará a 309 independentistas y 73 policías.
Te puede interesar: El Gobierno se prepara para defender la amnistía en Bruselas: Bolaños pide una reunión a la Comisión Europea para explicar la medida
En todo caso, el texto legal no recoge casos ni nombres puntuales. “La ley no está hecha para beneficiar a alguien en concreto. Quien tenga una causa penal desvinculada al proceso soberanista, no estará amnistiada. Pero eso lo decidirá el juez”, rematan fuentes socialistas conocedoras de la negociación con los independentistas.
En concreto, la ley llega a los actos que hayan sido declarados o estuvieran tipificados como “delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa o contable, vinculados a la consulta celebrada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y al referéndum de 1 de octubre de 2017 (declarados ambos inconstitucionales en las sentencias del Tribunal Constitucional 31/2015, de 25 de febrero, y 114/2017, de 17 de octubre), que se hubiesen realizado entre el 1 de enero de 2012, año en el que comenzaron a desarrollarse los hechos del proceso independentista, y el 13 de noviembre de 2023″.
La proposición de Ley orgánica de amnistía para “la normalización de la situación institucional, política y social en Cataluña” será previsiblemente recurrida ante el Constitucional por el PP. Esta ofensiva también incluye Bruselas, pero desde el PSOE no se quedan cortos en defender que el texto es “radicalmente constitucional”, como apuntó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, defendida en la exposición de motivos.
En las filas socialistas tienen claro y prometen que la ley pasará el sello de calidad, pero no se atreven a vaticinar de qué manera se aplicará la ley ante los recursos de inconstitucionalidad que puedan plantear los jueces, además del tiempo que pueda transcurrir hasta que el tribunal de garantías se pronuncie sobre su constitucionalidad.
Lo que sí se desliza, según fuentes de Moncloa, es que la exposición de motivos lleva implícita la renuncia de los independentistas de que no se volverá a perturbar el orden constitucional al reivindicar el diálogo como solución del conflicto. “La exposición de ley es clara porque dice que el único método es el diálogo y los acuerdos”, resumen estas voces que, por otra parte, recuerdan que desde que Pedro Sánchez es presidente “no se ha cometido ninguna ilegalidad, ni un milímetro de incumplimiento de la Constitución, cosa que con Rajoy le pisotearon la Constitución”, zanjan.