Felipe VI ante la firma de la ley de amnistía: lo que dijo el rey de Puigdemont y del resto de responsables del 1-O en su histórico discurso de 2017

Pedro Sánchez logró este jueves ser investido presidente del Gobierno con el aval de ocho de las once fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados, acordando una ley de amnistía en beneficio de los procesados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Este viernes, Sánchez ha prometido su cargo ante Felipe VI, que en estricto respeto a su papel se ha mantenido al margen de todo lo acontecido en España (y Bélgica) estas últimas semanas. Al margen no significa ajeno, señalado por la extrema derecha por una neutralidad que entiende como tibieza y anticipando que verá libre de cargos a Carles Puigdemont y a todos a quienes el jefe de Estado se refirió en su histórico discurso también en octubre de 2017, solo dos días después del referéndum.

El rey contaba poco más de tres años desde su proclamación cuando, como hizo su padre, Juan Carlos I, con motivo del golpe del 23-F, decidió dirigirse a los españoles para llamar la atención sobre lo que estaba ocurriendo en Cataluña, amonestar a quienes pretendían “quebrar la unidad de España y la soberanía nacional” y transmitir “un mensaje de tranquilidad” a todos los ciudadanos, “particularmente a los catalanes”. Durante seis minutos, don Felipe pronunció unas palabras que aún hoy, y más estos días, resuenan y son recordadas:

“Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias, quiero dirigirme directamente a todos los españoles. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la Ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno. Con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que, precisamente, esas autoridades representan en Cataluña.

Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando, desgraciadamente, a dividirla. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada. Esas autoridades han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles; y con su conducta irresponsable incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España. En definitiva, todo ello ha supuesto la culminación de un inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña. Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común.

Por todo ello y ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía. (...) Son momentos difíciles, pero los superaremos. Son momentos muy complejos, pero saldremos adelante. Porque creemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de lo que somos. Porque nuestros principios democráticos son fuertes, son sólidos. Y lo son porque están basados en el deseo de millones y millones de españoles de convivir en paz y en libertad. Así hemos ido construyendo la España de las últimas décadas. Y así debemos seguir ese camino, con serenidad y con determinación. En ese camino, en esa España mejor que todos deseamos, estará también Cataluña”.

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Una de las imágenes más llamativas entre los manifestantes en Ferraz son banderas de España no ya sin escudo, sino con él arrancado, recortado. Los concentrados, que han protagonizado actos de violencia, exhibido simbología franquista o gritado proclamas racistas o machistas, han dirigido su furia también contra la Corona, a la que exigen no se quede de brazos cruzados ante los acuerdos alcanzados por el PSOE para obrar la investidura de Pedro Sánchez. Entre las pancartas, una en la que se puede leer ‘La Constitución destruye la nación’. Es la Carta Magna la que obliga a la prudencia salvo violación flagrante de alguno de sus preceptos fundamentales. El rey, “símbolo de la unidad y permanencia del Estado, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”.

Isabel Díaz Ayuso, en una encendida crítica a la amnistía en una reciente entrevista en Antena 3, colocó al rey del lado de quienes se oponen a la medida: “Contamos con todos los españoles de bien que no pueden más; con la Constitución, la Corona, Felipe VI y las dos cámaras del Poder Legislativo; con el Poder Judicial, las Fuerzas de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, con las comunidades y entes locales, con la Unión Europea y con siglos de la historia de España, que no se dejará doblegar por un pacto”. Solo 24 horas más tarde juraba la princesa Leonor la Constitución y Díaz Ayuso puntualizaba, consciente del peligro de poner al jefe de Estado ante un dilema que no le corresponde: “Si yo, si todos le tenemos que empezar a decir al rey lo que tiene que hacer y cómo lo ha de hacer, le hacemos un favor enorme a esa tendencia republicanista que no ha hecho otra cosa más que decir que España se equivocó en el 78″.

El artículo 62 de la Constitución enumera las funciones del monarca, y la primera de ellas es “sancionar y promulgar las leyes”. Es por esto que, como ha hecho con otras normas de gran trascendencia -los indultos a los presos del procés, sin ir más lejos-, en definitiva con todas las que emana el Poder Legislativo, Felipe VI firmará la amnistía a Puigdemont y al resto de encausados. No es sino como funciona una monarquía parlamentaria y constitucional como la que rige.