Los errores con los menores que llegan a Canarias por la crisis migratoria: “No les identifican bien y muchos están en centros de adultos”

No es la primera vez que Canarias vive un repunte migratorio, pero sí hay algo que diferencia a este último de otros, es la cantidad de menores no acompañados que han llegado al archipiélago, que ya acoge a unos 4.500. Ante los riesgos que esos niños, niñas y adolescentes asumen una vez alcanzan las costas, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Unicef reclaman más medidas tanto para identificarles correctamente, como para su protección e inclusión social, pues son las personas “más vulnerables”.

El sistema falla, necesita ser reforzado, y relatos como el de Lamin (nombre ficticio) lo constatan. “La policía solo me preguntó mi nombre, nada más. Dije que tenía 17 años, pero estoy durmiendo en una tienda con los adultos. Van a intentar trasladarme con los otros menores, pero tengo que esperar”, relató a Amnistía Internacional este chico de Gambia que viajaba solo y que se encontraba en el Centro de las Raíces de Tenerife en el momento de la entrevista, unas instalaciones para personas adultas.

Cuando un migrante desembarca en Canarias y alega ser menor, pero no cuenta con un documento que lo acredite —o se sospecha que puede ser mayor de edad—, la Administración comprueba si es cierto o no mediante una prueba ósea que determina su edad, unos exámenes que acumulan numerosas críticas por su amplio margen de error. Ante la demora de esas pruebas, que ha dejado a más de 2.000 migrantes en un limbo, la Fiscalía y el Gobierno de Canarias acordaron a finales de octubre un protocolo para incrementar los medios y realizar 60 pruebas óseas semanales, pero las ONG aseguran que el principal problema en cuanto a la determinación de la edad de los menores es que “no se están siguiendo las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas” y piden una mayor seguridad jurídica.

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A veces esas pruebas óseas se llevan a cabo de forma automática, incluso cuando no hay duda de que el niño o niña es menor, explica a Infobae Sara Collantes, responsable de migraciones de Unicef España, y en esos casos “no se debe incoar un procedimiento de determinación de la edad y tampoco cuando haya documentación que lo acredite”. “Se recurre a la realización sistemática de determinaciones de edad tanto en Canarias como en otros puntos del país”, asegura la experta.

Si el menor verbaliza y manifiesta que es menor de edad, “se debería tener en cuenta a la hora de la detección”, con independencia de que después haya que hacer pruebas óseas para comprobarlo, dice por su parte Verónica Barroso, portavoz de Refugio e Inmigración de Amnistía Internacional. La organización asegura que además han detectado casos de muchos niños y niñas que no han sido identificados por la Policía, que han permanecido durante varios días en un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) y después “han sido derivados a un centro de acogida para adultos”, incluso en casos en los que no hay duda de que son menores de edad. Esos centros, indica la ONG, no reúnen las condiciones necesarias para atender adecuadamente a los menores.

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La organización también explica que han encontrado casos de menores que podían ser solicitantes de asilo —por haber sido víctimas de cualquier tipo de abuso, explotación o tortura— y, por tanto, su situación es de mayor vulnerabilidad.

El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas considera que el procedimiento de determinación de la edad que se realiza en España a los jóvenes extranjeros no acompañados “viola los derechos humanos” y ya ha pedido al país que cambie la forma de proceder. Por ello, desde Unicef aseguran que no solo se deberían hacer pruebas con más agilidad para que los menores no queden en un limbo, sino que “se debería garantizar una información adaptada a su edad y a su idioma”.

“Hace falta la presencia de abogados para que los niños entiendan qué está ocurriendo y cuáles son sus derechos, hace falta la presencia del sistema de protección de infancia y que se pueda recurrir la decisión directa sobre la determinación de la edad, cuestiones que son lagunas del ordenamiento español y que vuelve a suceder una crisis sin que se hayan hecho cambios en el sistema de determinación”, indica Collantes. La experta también recuerda que los planes de contingencia son una herramienta que deberían tener tanto las autoridades autonómicas y estatales como las fiscalías y la Policía, “de manera que se puedan tomar decisiones antes de que ocurran las crisis” para tener una respuesta adecuada.

A veces la falta de intérpretes y los errores en las traducciones han provocado grandes problemas a los menores migrantes, tal y como le ocurrió a una chica de Gambia de 17 años a quien la intérprete no creyó cuando le dijo su edad a pesar de tener un certificado de nacimiento. “He venido porque quiero ser costurera y ayudar a mi madre, porque tengo cuatro hermanos pequeños en Gambia. Al llegar, cuando la policía me preguntó, le dije a la intérprete que era menor, pero ella me dijo que era mentira, que yo tenía 19 años”, dijo a Amnistía Internacional.

La joven, según relató, también pasó varios días en un CATE con hombres y mujeres, con un solo baño y sin camas suficientes para todos, por lo que le tocó dormir en el suelo. Por ello, la ONG también reclama más recursos “para que haya intérpretes de calidad” y para que la policía haga su trabajo “con toda la diligencia posible para detectar e identificar a los menores según llegan al archipiélago”. “Es necesario que todas las administraciones se coordinen a todos los niveles”, resume Barroso.

El pasado mes de octubre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 acordó con las comunidades autónomas el traslado de 396 menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta, una cifra que las ONG consideran insuficiente, por lo que reclaman un reparto equitativo obligatorio. Son unos 4.500 los menores que actualmente están bajo la tutela del Gobierno canario, pues no son competencia estatal, a diferencia de los migrantes adultos que llegan al archipiélago. El hecho de que esa solidaridad “dependa de la voluntad política de quien gobierne” en cada región “es un problema”, asegura Barroso.

Por su parte, la consejera de Bienestar Social del Ejecutivo canario, Candelaria Delgado, ha recordado que la situación migratoria que viven las islas “hace indispensable que se establezcan las herramientas necesarias para consolidar un sistema de acogida de menores migrantes en todo el territorio español”. Las regiones deben participar “de forma corresponsable y no solidaria”, añade Delgado, una propuesta que, a su juicio, debería ser liderada a nivel estatal y contar con la “financiación necesaria”.

Respecto al total de migrantes que han llegado a las islas Canarias en estos últimos meses, ya se ha superado, con el desembarco de más de 35.000 personas, la cifra récord que se alcanzó en la denominada “crisis de los cayucos” de 2006, considerado hasta ahora como el año más crítico. Muchos de ellos proceden países como Senegal, que sufre una fuerte inestabilidad política y económica, aunque también llegan desde Marruecos, el Sáhara Occidental, Mauritania o Gambia tras varios días de navegación en embarcaciones precarias.

La ruta canaria, una de las más peligrosas y mortíferas del mundo, no es la única en la que está aumentando el tránsito, pero las llegadas al archipiélago suponen cerca del 70% de las entradas irregulares registradas entre enero y octubre de este año.