Igualar la presión fiscal de la eurozona acabaría con el déficit estructural de España, pero podría reducir salarios

La presión fiscal, medida como la suma de los ingresos tributarios, las cotizaciones sociales y los impuestos que pagan los sectores residentes al resto del mundo sobre el PIB, ha aumentado en España desde el 35,4% de 2019 al 38,3% de 2022, pero continúa por debajo de la media de la UE (41,2%) y de la Zona euro (41,9%). Este diferencial negativo histórico tiene varios motivos y eliminarlo supondría acabar con el déficit estructural español, pero también implicaría subidas de impuestos polémicas.

España tiene una presión fiscal inferior a la eurozona de 3,6 puntos de PIB, cifra similar al 3,5% que calcula la AIReF como déficit estructural de las finanzas públicas. Este porcentaje corresponde, según el análisis del economista Miguel Ángel García publicado por Fedea, a un diferencial negativo de 1,5 puntos de PIB en cotizaciones sociales, de 1,3 en impuestos directos y de uno en impuestos indirectos.

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La parte de cotizaciones sociales, que es la más elevada, se produce casi completamente por una imposición menor a los trabajadores. Mientras que el sistema fiscal español tiene menor imposición en prácticamente todas las áreas en comparación con los países del euro, la excepción es que se gravan más las cotizaciones sociales que pagan los empleadores y menos las que pagan los trabajadores. Este sistema más asimétrico se traduce en que las cotizaciones sociales pagadas por las empresas en 2022 suponen 9,5 puntos de PIB frente a los 7,7 de la zona euro, mientras que las que pagan los trabajadores solo ascienden a 3,3 puntos en comparación con los seis europeos.

“Igualar la intensidad y distribución de los ingresos públicos a los parámetros promedio de la Zona Euro (...) concentraría la actuación en una elevación de la cotización social del trabajador”, señala García. Calcula que aumentar los ingresos de la cuota del trabajador en 2,7 puntos de PIB (el diferencial negativo) reduciría el salario neto de todos los trabajadores ocupados en un 7,3%, un porcentaje “difícil de digerir, en especial en los escalones de renta más bajos”, critica.

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Además de subir las cotizaciones sociales, que no son estrictamente impuestos, también habría que aumentar los impuestos como tal, tanto los directos como los indirectos. Según los cálculos de García, los impuestos que más habría que aumentar son los establecidos sobre sociedades de capital -IS- (0,6), impuestos sobre la renta -IRPF- (0,4) e impuestos sobre el consumo como el IVA (0,3) y otros (0,4). Llevar a cabo estos aumentos, según García, podría tener efectos sobre el ahorro, la inversión y el empleo. Además, “utilizar esta opción de igualar los ingresos tributarios españoles a la media de la Zona euro agotaría los márgenes de actuación en el futuro para aumentar el gasto público, salvo que se pretenda superar ese nivel con las posibles consecuencias sobre el crecimiento y el empleo”, advierte el economista.

Por otra parte, el documento de Fedea detecta que el aumento de la presión fiscal entre 2019 y 2022 se debe mayoritariamente (en un 41,4% del total) a la no actualización de la tarifa del IRPF con la inflación y a las deducciones personales en este impuesto.

El nuevo Gobierno tiene la intención, según lo detallado en el pacto PSOE-Sumar, de elevar al 46% el peso de los ingresos sobre el PIB, un aumento de más de tres puntos, ya que en 2022 esta ratio se encuentra en el 42,6% según el plan presupuestario. Aunque todavía se desconocen los detalles concretos para conseguir dicha cifra, la primera medida llegará por parte de un aumento en el Impuesto de Sociedades para establecer una tributación mínima del 15% como en Europa.

Además, según detalla el documento del pacto, la reforma fiscal estará “orientada a las familias y coordinada con la política de gasto social” con la intención de que “contribuyan más quienes hoy se esfuerzan menos”. Dentro de este grupo, Yolanda Díaz señaló específicamente a grandes empresas, patrimonios y rentas del capital y a quienes incumplen con sus obligaciones tributarias, por lo que no parece haber intención de igualar a Europa por la vía de las cotizaciones sociales de los trabajadores.

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Los expertos del libro blanco sobre la reforma tributaria ya constataron el diferencial negativo entre España y la media de la UE en la presión fiscal y afirmaron que “el elevado déficit público estructural español” se debería “sobre todo, al desajuste existente en el lado de los ingresos públicos”. Advirtieron también que España ya tiene un peso relativo de la recaudación por el Impuesto de Sociedades “cercano al de las economías de su entorno” y que los diferenciales negativos en esta figura son “modestos” en relación con la “elevada magnitud del déficit estructural”. Es decir, que aumentar la recaudación por beneficios empresariales no es suficiente para solventar los problemas de déficit de la economía española.