Las rebajas de la factura de la luz, en el aire: Sánchez no contempla su prórroga más allá del 31 de diciembre

Todo apuntaba a ello. Las rebajas fiscales relacionadas con la factura de la luz no parece que vayan a continuar a lo largo de 2024. Al menos, no ha sido una de las medidas anuncias por Pedro Sánchez durante su discurso de investidura. La rebaja del IVA de los alimentos, la gratuidad del transporte público o el refuerzo de las ayudas para la vivienda sí han copado el argumentario del líder del PSOE, que, por el contrario, no ha mencionado nada de la reducción de impuestos sobre la energía. Lo que sí ha reafirmado durante su comparecencia en las Cortes ha sido el compromiso del Gobierno con las renovables y el autoconsumo, así como la intención de recuperar la Comisión Nacional de la Energía para la próxima legislatura.

La rebaja al 5% del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de la electricidad y la reducción del 5,11% al 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad estarán vigentes hasta el próximo 31 de diciembre y tras el discurso pronunciado por Sánchez en el Congreso de los Diputados, parece que esa será su fecha límite. El Plan Presupuestario remitido a Bruselas el pasado mes de octubre ya arrojaba pistas importantes sobre la no continuidad de estas medidas.

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Concretamente, la rebaja del IVA de la electricidad ha supuesto una merma en los ingresos de las arcas públicas de 514 millones de euros en 2023. Sin embargo, para 2024 el Ejecutivo en funciones planea recaudar 1.016 millones a través de este gravamen, como consecuencia del fin de esta medida. Por su parte, la rebaja tipo del 5,11% al 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad también volverá a generar ingresos positivos para el Estado durante el próximo año. Concretamente, el Gobierno prevé recaudar 1.032 millones a través de este gravamen en 2024. Desde que se redujo este impuesto en septiembre 2021, el impacto negativo para las arcas públicas asciende a 2.041 millones -sin contar con el año 2023-.

El candidato a la investidura tampoco se ha pronunciado a cerca del bono social, la prestación destinada a proteger a los consumidores, consistente en aplicar un descuento –del 25% para los consumidores vulnerables y un 40% para los vulnerables severos– en el precio de la electricidad consumida en su vivienda habitual.

Ante la subida del precio de la luz, a finales de octubre de 2021 el Gobierno elevó esta rebaja al 60% en caso de los vulnerables y del 70% para vulnerables severos. Una reducción que amplió a finales del pasado año: desde octubre y hasta el 31 de diciembre de 2023, los hogares más pobres reciben un descuento del 80% sobre su factura de la luz, mientras que los vulnerables cuentan con una bonificación del 65%.

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La continuidad de esta medida es una cuestión vital para muchos consumidores, que como consecuencia del alza de precios derivada de la guerra se han visto favorecidos por esta medida. Y es que, desde el estallido del conflicto, los consumidores vulnerables severos protegidos por esta medida han aumentado en más de 200.000, a los que hay que sumar los pensionistas y familias numerosas que se benefician de esta medida, que también han crecido en 70.000 en el último año.

El fin de estas medidas no es nada descabellado, teniendo en cuenta que Bruselas ya daba por zanjada desde hace meses la crisis del mercado eléctrico. Concretamente, la Comisión Europea aseguraba que la volatilidad de los precios energéticos se había reducido gracias a las medidas puestas en marcha por los diferentes países y que, además, se había registrado un importante descenso de la demanda de energía en línea con los objetivos previstos. Asimismo, considera que no hay “evidencia” de que sea conveniente prolongar más allá del pasado mes de junio las intervenciones de emergencia en el mercado eléctrico de la Unión Europea aprobadas al calor de la crisis de precios de 2022.

Lo que sí ha mencionado Pedro Sánchez en las Cortes ha sido los compromisos energéticos que ya se contemplaban tanto en su programa electoral como en el pacto de Gobierno con Sumar. Así, el candidato a la reelección se ha comprometido en su discurso de investidura a que la mitad de la energía en España proceda de fuentes renovables en 2030. El candidato socialista ha enfatizado la importancia de afrontar la crisis climática y la transición energética no solo en España, sino a nivel mundial. Ha explicado que, en términos globales, alcanzar la neutralidad de carbono sumaría 2,6 puntos al PIB mundial hasta el 2050, mientras que no hacerlo implicaría “una pérdida del 30% del PIB”.

A renglón seguido, se ha comprometido a triplicar la potencia instalada de autoconsumo en el país. El objetivo final de estos pasos es que, a finales de la década, la mitad de toda la energía en España sea de origen renovable. Pero Sánchez ha apuntado que para afrontar el desafío de la transición energética se requiere de un regulador “independiente y especializado” y con recursos técnicos adecuados. Es por ello que ha defendido el restablecimiento de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que suprimió el Partido Popular en 2013 con la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). “Va a ser clave para garantizar y mejorar el funcionamiento del sector energético y la diversificación de sus operadores”, ha apostillado.