Ahora que Carles Puigdemont tiene la puerta abierta para volver a España gracias a la ley de amnistía, el expresident huido no está tranquilo con su seguridad. Ni en territorio español ni en el belga. Y es que bien recibido no será. Durante dos semanas las calles de Madrid se han llenado de protestas y de cánticos contra su persona, como “Puigdemont a prisión” y todo tipo de insultos. Su oficina, dirigida por Josep Lluís Alay, ha solicitado de nuevo la asignación de seguridad personal alegando que se ha producido un incremento en el nivel de amenaza.
Y el Gobierno se lo va a conceder. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha confirmado que el Ministerio del Interior gestionará la solicitud para contar con protección de escoltas. El motivo que dan desde el PSOE es que la seguridad de las personas prevalece más allá de las divergencias ideológicas. La autorización del Gobierno era necesaria ya que los Mossos d’Esquadra carecen de autoridad para operar fuera de España. Es decir, la prestación de este servicio de escoltas en Bélgica depende únicamente de una autorización del Ministerio del Interior.
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Pese haber sido rechazada esta petición en numerosas ocasiones, ahora las tornas han cambiado. PSOE y Junts han llegado a un acuerdo para que los postconvergentes invistan a Pedro Sánchez presidente del Gobierno, así que Bolaños, en una entrevista en RAC1, ha asegurado que la cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska procederá con la petición.
Bolaños espera que la ley de amnistía se ratifique en 2024
En cuanto a la ley de amnistía, Bolaños ha insistido durante la entrevista en su compatibilidad con la Constitución Española. “No cabe duda”, ha apuntado. Asimismo, ha dado por hecho que Felipe VI la firmará. “El rey cumple escrupulosamente sus funciones constitucionales, y una de ellas es sancionar las leyes que salen de las Cortes generales, es decir, de la soberanía popular”, ha recordado.
El ministro ha anticipado que la ley de amnistía podría estar ratificada el próximo año, independientemente de la oposición en el Senado liderada por el Partido Popular, y ha mencionado que aún queda pendiente la evaluación judicial caso por caso. “Vamos a ver, porque son los jueces y tribunales quienes tienen que pronunciarse expresamente sobre la amnistía en cada caso concreto”, ha indicado al respecto.
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“En democracia se puede y se debe discrepar, pero hay que tener cuidado con las cosas que se dicen. Hay algunos discursos, tanto de la derecha como de la ultraderecha, que en esto son intercambiables, que son peligrosos para la convivencia porque parten de falacias para intentar aterrorizar a la población”, ha denunciado.
Bolaños también ha expresado su preocupación sobre lo que considera discursos amenazantes contra la normativa propuesta, instando a la prudencia en la esfera pública. En este sentido, ha revelado que ya se han iniciado diligencias informativas contra ciertas declaraciones de miembros de la Guardia Civil y no descarta futuras investigaciones si se sobrepasan los límites legales. “No tengo ninguna duda de que, si hay alguna otra declaración que pueda sobrepasar los límites del Derecho Penal, la fiscalía abriría las investigaciones que correspondan”, ha concluido.