Los pactos con los que Pedro Sánchez ha transformado 121 escaños en 179: su investidura más holgada en una España al rojo vivo por la amnistía

Pedro Sánchez será investido presidente del Gobierno este jueves en un ejercicio de supervivencia con pocos precedentes en política. Partió con 121 escaños cuando el rey le encomendó la tarea el 3 de octubre. Hoy son 179, tres por encima de la mayoría absoluta, después de haber pactado a izquierda (Sumar, ERC y BNG) y derecha (PNV y Coalición Canaria) y, a efectos de calidad democrática, con dos fuerzas que operaban fuera del sistema y la legalidad. Una de ellas EH Bildu, ya socio estable del PSOE, y desde el pasado jueves, Junts. Sánchez es hábil -la trayectoria avala-, pero el logro no ha salido gratis.

El domingo, cientos de miles se concentraron en todas las capitales de provincia para clamar contra la amnistía a los procesados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, por lo que, entienden, son cesiones inasumibles por meros intereses personales, para continuar cuatro años más en el Palacio de la Moncloa. El PP de Alberto Núñez Feijóo se apuntó un éxito incontestable, primero por sacar a la calle a tal cantidad de españoles, y segundo por poner ante el espejo las protestas violentas y cargadas de simbología fascista de días previos en la calle Ferraz.

El prófugo Carles Puigdemont, máximo responsable del mayor desafío que ha enfrentado la democracia desde el 23-F, regresará -si nadie lo evita- a Cataluña sin haber pisado cárcel como sí hicieron sus compañeros de gobierno, sin haber respondido ante un tribunal por los hechos por los que huyó a Bélgica. Lo hará porque un candidato a la presidencia del Gobierno necesita los votos de su partido; un candidato que jamás antes se había pronunciado a favor de la amnistía que hoy invoca en pro de la convivencia y como solución al llamado conflicto.

Sánchez afronta el debate de investidura con solvencia, con holgada mayoría. Superará el trámite en primera votación, arropado en el hemiciclo por todas las fuerzas de la cámara salvo tres: PP, Vox y UPN. El Congreso estará blindado de forma extraordinaria, como han tenido que empezar a estarlo dirigentes hasta hace días anónimos, caso de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, a quien el Ministerio del Interior ha tenido que poner escolta tras ejercer como rostro de la negociación con Puigdemont, tras salir en la foto con el expresident.

Para ponerlo en claro, repasamos los principales acuerdos que han servido al PSOE para ganarse el favor de las fuerzas a las que necesitaba y en un clima tan hostil fuera de la moqueta y los despachos:

Podemos debe ir con asterisco porque no, no ha sido un interlocutor del PSOE en el último mes. Y es relevante. Hace solo cuatro años, Sánchez firmaba un acuerdo de investidura con Pablo Iglesias, para el primer gobierno de coalición de nuestra democracia. Voluntaria o involuntariamente, el presidente se ha desembarazado de su socio, el que ha inspirado algunas de las principales medidas de la legislatura, hoy banderas del PSOE. Muerto Pablo Iglesias -políticamente-, hoy con Ione Belarra al frente, el partido resiste con cinco escaños y gracias a su integración en Sumar.

La paradoja es que el único partido que ha comprometido la investidura hasta última hora -se tratara o no de una amenaza real- ha sido Podemos, con una consulta a su militancia preguntando si deben o no apoyar a Sánchez. Han intentado tener voz y decisión, pero Yolanda Díaz decide por ellos y no tienen margen para romper la baraja, algo con lo que han amagado en varias ocasiones con motivo de la controvertida no inclusión de Irene Montero en las listas ni ahora en quiniela alguna para continuar al frente del Ministerio de Igualdad.

Podemos marca perfil respecto al PSOE y respecto a Sumar, como ya hicieron -frente a Sánchez y también frente a Díaz- en relación con la guerra en Ucrania -oponiéndose al envío de armas para derrotar a Vladímir Putin y hasta señalando a la OTAN como agente contrario a la paz- o, más recientemente, desmarcándose de la línea del gobierno del que han formado parte sobre Israel, reclamando romper relaciones o que Benjamin Netanyahu se siente ante la Corte Penal Internacional,motivando una crisis con la Embajada en España. Sánchez arropó aquí a su socio ante Tel Aviv, defendiendo su libertad de expresión.

Y Sumar es a priori una compañía más amable que Podemos. Sobre Oriente Medio, la postura es de condena a los “ataques de terror” contra la población civil cometidos por Hamás y de los “crímenes contra población civil cometidos por Israel”. Así lo registraron en una declaración en el Congreso. Más combativos -a la contra- se muestran sobre Marruecos. Sumar tiene en su bancada a la primera diputada saharaui, Tesh Sidi, y para esta formación, Mohamed VI es un “dictador”, calificativo al que el PSOE sí ha tenido que oponerse públicamente -sin apelar aquí a la libertad de expresión- dada la siempre frágil pero capital relación con el país vecino.

Esto a escala internacional, donde el contexto también ha cambiado radicalmente en poco tiempo. Solo hay que recordar que la irrupción de Podemos en política significó su señalamiento por los supuestos lazos con los regímenes de Nicolás Maduro o la amistad con perfiles como el de Rafael Correa o también Lula da Silva, aún mantenidas. Hoy, Rusia-Ucrania, Israel-Palestina y Marruecos-Sáhara son los focos internacionales en España. A escala nacional, la mayor distancia que separa a PSOE de su izquierda es la vivienda, gran laguna del mandato que concluye junto con la derogación de la llamada ‘ley mordaza’, aún vigente.

En materia de vivienda, el PSOE se ha comprometido con Sumar a un parque público de vivienda que alcance el 20% del total, pero el compromiso más sonado es el de la reducción de la jornada laboral a cuatro días sin reducción salarial. El documento también refleja un refuerzo en el sistema público de salud; una revisión al alza de los compromisos contra el cambio climático; la ampliación de los persmisos retribuidos por nacimiento; la universalización de la educación de 0 a 3 años o una reforma del impuesto de sociedades para establecer un tipo mínimo efectivo del 15% sobre el resultado contable de banca y energéticas.

Han sido los escaños más caros por la razón ya conocida. 300 independentistas y 73 policías se verían beneficiados por la amnistía, que para órganos judiciales, administrativos o contables tendrá “carácter preferente y urgente”. La proposición presentada en el Congreso excluye los delitos de sangre, las torturas y “los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Código Penal siempre y cuando haya recaído sentencia firme”. Sobre Puigdemont, “quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión de las personas a las que resulte de aplicación” la medida, lo que garantizaría su regreso a España sin ser detenido. En materia económica, el acuerdo dota de mayor autonomía financiera y contempla facilitar el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios.

El acuerdo para obtener el apoyo de los siete escaños de ERC fue decisivo para desbloquear la futura ley de amnistía, una norma para “culminar la desjudicialización” del procés. Y aunque el anuncio bloqueó temporalmente la negociación con Junts, le sirvió a los socialistas para enfilar la etapa final de las conversaciones para hacer a Sánchez presidente. ERC le arrancó al PSOE una mesa entre partidos con verificador de prestigio, pero también medidas más económicas como el traspaso integral de Cercanías (Rodalíes) a la Generalitat y la reducción de la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) en 15.000 millones de euros, lo que supone dejarla en unos 58.110 millones.

Nada ha trascendido de los compromisos con EH Bildu. La formación abertzale confirmó su apoyo el mismo día en que Sánchez se reunió y posó por primera vez ante las cámaras con sus portavoces en el Congreso, Mertxe Aizpurua, y el Senado, Gorka Elejabarrieta. Un encuentro y una imagen que para los nacionalistas vascos ya es un “hito”.

Los cinco votos del PNV se sellaron el día después de alcanzar un acuerdo con Junts. Con los nacionalistas vascos, los socialistas se aseguraban la investidura y los jetzales se comprometían con el Gobierno a negociar “de buena fe” y “sacar adelante” en un año y medio un acuerdo parlamentario sobre el reconocimiento nacional de Euskadi, la salvaguarda de las competencias vascas y un sistema de garantías basado en la bilateralidad Euskadi-España y el respeto a los derechos forales de los territorios vascos.

También acordaron el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika de 1979 en el plazo “improrrogable” de dos años y el compromiso de “remover” los “obstáculos legales” que “impidan un mayor ejercicio del autogobierno”. Entre las materias pendientes de transferencia, según el listado acordado en la legislatura anterior, figura la gestión de la Seguridad Social, como asunto pendiente en general, aunque la concreción de su traspaso se tendrá que negociar estos dos años.

Más cauteloso, el BNG ha firmado con el PSOE su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez a cambio de un acuerdo basado en el impulso del autogobierno, en la condonación parcial de la deuda pública gallega o en descuentos para las autovías de peaje, aunque ha avanzado que no es un pacto de legislatura.

Han cerrado aplicar medidas análogas a la condonación de la deuda pública acordado con ERC, que en el caso de Galicia ascenderíanen torno al 20 % de 12.333 millones de euros; y las rebajas en las autopistas AP-9 y AP-53 y la implantación de trenes de cercanías entre A Coruña-Ferrol y Vigo-Pontevedra.

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El PSOE cerró el viernes pasado, en pleno chaparrón por el pacto alcanzado con Junts, un acuerdo de legislatura también con Coalición Canaria (CC), pese a que los nacionalistas gobiernen el archipiélago con el PP y su diputada en el Congreso, Cristina Valido, se hubiera negado al principio a votar a favor del candidato Sánchez si se llegaba a amnistiar a los independentistas catalanes.

A cambio de ese voto, el PSOE se ha comprometido una vez que esté en el Gobierno a desarrollar la conocida como ‘agenda canaria’ y aejecutar “la totalidad” de enmiendas pactadas que se incluyeron en las cuentas públicas -100 millones de euros para el Plan de recuperación de La Palma incluidos-.

CC, por su parte, promete “aprobar” los Presupuestos de 2024, 2025 y 2026, así como todas las leyes vinculadas con la aprobación de hitos comprometidas con la UE en el marco del Mecanismo de Recuperación. Pero la línea roja vuelve a ser la amnistía. El texto firmado entre ambos partidos deja claro que “no vincula” a CC en el apoyo a ningún texto legislativo relativo a la amnistía de los encausados en el proceso independentista catalán. Y Valido justifica su voto a favor de Sánchez argumentando que, si el líder socialista va a ser presidente igualmente, lo que busca su formación es el máximo beneficio para las islas.