La nueva ley del PP y el temor a que vuelvan a Madrid las terapias de conversión: “Las personas trans pueden quedar en un limbo”

Sin aviso y en pleno debate sobre la ley de Amnistía, el pasado viernes el grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid registró dos proposiciones de ley para modificar por tramitación de urgencia las leyes de identidad y expresión de género y de la Protección integral contra la LGTBIfobia de la región, lo que el movimiento LGTBI y la oposición consideran un “grave retroceso en derechos”. Ambas normas habían sido aprobadas durante el Gobierno de Cristina Cifuentes y Vox pedía su derogación desde 2019, algo que Isabel Díaz Ayuso también había prometido en su última campaña electoral.

En la ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación diseñada por el Gobierno de Ayuso se elimina el reconocimiento de la identidad de género libremente manifestada, al igual que al libre desarrollo de su personalidad y a ser tratado conforme a esa identidad. También se derogará la protección de documentación administrativa que indicaba que “en todos y cada uno de los casos y procedimientos en los que participe la Comunidad de Madrid, se obrará teniendo en cuenta que las personas deben ser tratadas de acuerdo con su identidad de género”.

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¿Es una operación propagandística del gobierno de Ayuso para ganar terreno en un campo social perteneciente a la izquierda, un recorte en derechos LGTBI o humo que no irá a ningún lado? Más Madrid indica a Infobae España que “la eliminación de las referencias a la identidad de género deja desprotegidas en la práctica a las personas trans”, y advierte de que puede dar lugar a que algunos profesionales “consideren necesario llevar a cabo terapias de conversión”, aunque según señala el PP esas terapias “siguen expresamente prohibidas en todos los casos”. “¿Qué sentido tiene entonces quitar esos párrafos?”, se preguntan desde Más Madrid, después de que su portavoz, Mónica García, asegurase que los cambios de estas leyes vuelven a “patologizar a la población trans” al ser “otros quienes dicen a este colectivo quiénes tienen que ser”.

Ese mismo temor es el que expresan desde el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (Cogam), que considera que las personas trans “pueden quedar en un limbo” y verse expuestas a esas terapias “que en realidad son torturas psicológicas e incluso físicas”, porque algún experto así lo decida. En cualquier caso, si la nueva legislación de Ayuso abriera la puerta al regreso de terapias de conversión, chocaría de frente contra las leyes diseñadas por el Ministerio de Igualdad, que en la ley trans registró un artículo donde quedaban expresamente prohibidas.

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Las organizaciones LGTBI, que acusan a Ayuso de asumir “el discurso de Vox” y piden la dimisión de la presidenta, también critican que con la modificación de las leyes desaparecen “los planes específicos contra la agresión y la LGTBIfobia en los colegios”, esenciales para proteger contra el acoso. Sin este tipo de normas, la población LGTBI “no puede desarrollar su proyecto de vida en igualdad de condiciones”, sostiene el presidente de Cogam, Ronny de la Cruz, que considera que el PP “ha triturado las leyes hasta dejar solo un pequeño porcentaje, que también ha sido modificado”, mientras que otras estructuras como el Consejo LGTBI de la región “ni siquiera han llegado a desarrollarse”.

“Los cambios en las leyes suponen un claro retroceso”, dice a este periódico, sobre todo en cuestiones como el lenguaje inclusivo, pues ahora “se habla de personas con la condición de transexualidad, términos que no se utilizaban desde hace mucho tiempo porque son patologizantes hacia este colectivo”, recuerda el activista. “Retrocedemos a los años noventa en cuanto al lenguaje, incluso a los ochenta″, sostiene.

Desde el Ministerio de Igualdad aseguran que la reforma de la ley trans y LGTBI de la región apenas tendrá “incidencia real”, dado que la mayoría de las cuestiones que suprime Ayuso son ya de obligado cumplimiento e implementación por parte de las comunidades autónomas, tengan o no sus propias normas. El ministerio, de hecho, lo tilda de “operación propagandística” y aunque se eliminen elementos como los planes educativos LGTBI, asegura que están contemplados en la ley estatal para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

Ayuso, por su parte, defiende que el objetivo de modificar las leyes es “dar mayor claridad y seguridad jurídica” y asegura que esos cambios buscan que los profesionales médicos, psicólogos, docentes y jueces, “personas con rigor jurídico y científico que estaban apartadas, tengan también el poder decidir” al respecto, pues, a su juicio, se había creado “un mundo paralelo para lobbies”. El problema de quienes critican los cambios, ha añadido la presidenta madrileña, es que “no se han leído la ley”, y ha retado a que le digan qué derechos se han eliminado.

En cuanto a las terapias de conversión, Ayuso ha señalado que se seguirán sancionando y que la Comunidad de Madrid se acoge a la propia ley estatal. La intención de los populares, que cuentan con mayoría en la Cámara regional, es que las nuevas leyes se pongan cuanto antes en marcha para que tengan recorrido durante la legislatura.

En la tarde del lunes más de mil personas se concentraron en la Puerta del Sol, donde se sitúa la sede del Gobierno de la región, para alzar su voz contra la reforma exprés con consignas como ‘En nuestros derechos, ni un paso atrás’, ‘Ayuso no te queremos’, ‘Los derechos trans son derechos humanos’ o ‘DEP la libertad en la Comunidad de Madrid’.

A la manifestación acudieron cerca de 30 asociaciones LGTBIAQ+ además de políticos como la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, la diputada autonómica de la misma formación Carla Antonelli, la portavoz del PSOE en el Consistorio madrileño, Reyes Maroto, o el diputado autonómico socialista Santi Rivero, entre otros.