La Guardia Civil suspende de empleo y sueldo a dos agentes y al portavoz de Jucil por sus críticas a la ley de amnistía

La Dirección General de la Guardia Civil abre expediente a tres integrantes del instituto armado como responsables de un comunicado y una publicación en redes sociales de sus respectivas asociaciones

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El ministro del Interior, Fernando
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (d), y el nuevo director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos (i), durante su toma de posesión como director general de la Guardia Civil (Carlos Luján/ Europa Press)

La Dirección General de la Guardia Civil ha abierto expediente por “falta muy grave” y ha suspendido cautelarmente de empleo y sueldo dos agentes del instituto armado que pertenecen a la Asociación Pro-Guardia Civil (Aprogc) y al portavoz de Jucil por sus críticas públicas a la ley de amnistía que pactó el PSOE con ERC y Junts para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, según confirman fuentes del Ministerio del Interior.

En los primeros dos casos, se trata de un sargento primero y un guardia civil a los que se les atribuye el comunicado de su asociación, Aprogc, en el que hacían referencia a su juramento como militares para “derramar sangre” en defensa de España y la Constitución, supuestamente corrompidas por la ley de amnistía en Cataluña.

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En cuanto al secretario nacional de Comunicación de Jucil, Agustín Leal, la Dirección General de Jucil le abre un expediente por una publicación en X (antes Twitter) desde el perfil oficial de la asociación en la que criticaba la “felonía” que suponía que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, defendiera la ley de amnistía ante el Comité Federal del PSOE el pasado día 28 de octubre.

“Dispuestos a derramar hasta la última gota de sangre”

Fue el propio director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, quien comunicó formalmente este lunes a los tres agentes la apertura de sendos expedientes disciplinarios por sus manifestaciones públicas contra la amnistía en Cataluña. Marcos ya ordenó el pasado viernes abrir una investigación interna para identificar a los responsables de Aprogc por el comunicado emitido por la asociación, que decía, entre sus líneas, lo siguiente:

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“En primer lugar, el artículo 104 de la Constitución encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas y garantizar la seguridad ciudadana. En segundo lugar, la forma de hacerlo está condicionada por nuestro juramento ante la Bandera como militares que somos: estando dispuestos a derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional.”

Agustín Leal, por su parte, es expedientado como responsable de una publicación de Jucil en X sobre la intervención de Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE, donde defendió por primera vez de forma explícita la ley de amnistía: “La mayor felonia que se puede cometer contra una Nación es la traición de quienes tienen el deber de defenderla. El interés personal de un individuo por encima de la libertad del pueblo español.”

Tras conocer la decisión de la Dirección General de la Guardia Civil, Jucil ha publicado un comunicado en el que afirma que “en una sociedad madura es necesario mantener y respetar la libertad de expresión frente a los intentos de acallar a la asociación”.

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