El guardia civil expulsado que destapó la corrupción en el caso Lucía Garrido logra justicia 15 años después: “Es una vergüenza nacional”

Hace 12 años y unos cuantos meses, el guardia civil Ignacio Carrasco dejó de pintar. Era su pasión y pasatiempos, pero decidió volcar su vida en el caso Lucía Garrido, asesinada el 30 de abril de 2008 en la finca Los Naranjos de Alhaurín de la Torre (Málaga). El crimen destapó una red de corruptelas con varios mandos de la Guardia Civil involucrados, los mismos que habían apartado a Ignacio del cuerpo por su incesante lucha contra las injusticias.

La familia de Lucía Garrido sospechó desde un primer momento de su expareja, Manuel Alonso, ya que era la principal testigo de los negocios ilegales que él tenía en la finca, en concreto un centro de tráfico de animales silvestres que le entregaba el Seprona de la Guardia Civil de Málaga y una “guardería” (almacén) de sustancias estupefacientes. Tras su separación, la presencia de Lucía en la finca era un estorbo para Manuel.

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Tras un periplo judicial sin precedentes que incluyó la repetición del juicio, la Audiencia Provincial de Málaga, en base al veredicto de culpabilidad del jurado popular, condenó este lunes a Manuel Alonso a 24 años de cárcel como cooperador necesario del asesinato de su expareja, y al autor material del crimen, un sicario, a 22 años de prisión.

Ignacio Carrasco atiende a Infobae España tras conocer la sentencia, que le deja una “sensación agridulce”. Por un lado, explica, que se siente “orgulloso” y “aliviado” por haber cumplido con la promesa que le hizo a Rosa, la hermana coraje de Lucía, que murió en 2020 sin haber podido hacer justicia por el crimen. Ignacio, que le tomó el testigo, subraya ahora que la sentencia del caso Lucía Garrido es “insuficiente” y “es ahora cuando hay que depurar todas las responsabilidades”.

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Se refiere a todos los “obstáculos” a los que se ha enfrentado desde que se volcó en el caso. Por ejemplo, cuando la fiscal delegada de Violencia contra la Mujer en Andalucía, Flor de Torres, retiró la imputación contra Manuel Alonso, que ahora ha sido condenado. Rosa, la hermana fallecida de Lucía, “la llamó muchísimas veces, pero siempre estaba de viaje”, denuncia Ignacio.

Asegura que este caso, que presenta multitud de ramificaciones relatadas en el documental Lucía en la telaraña, “es una vergüenza nacional” y propio de un país “no del tercer, sino del cuarto mundo”. “Han sido 15 años de lucha, que esto ocurra en un país democrático es cuanto menos poco alentador, muy decepcionante”, remarca. Por todo ello solicitó la celebración de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, pero “nadie” lo escuchó.

Ignacio Carrasco, al frente de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Málaga desde 2010 y hasta comienzos de este año, se dio de baja médica por primera vez en 2009, pocos meses después del crimen de Lucía Garrido, con el que aún no había topado. Sin embargo, ya había denunciado varias irregularidades en el seno de la Comandancia de Málaga y el Seprona.

Después de solicitar la incapacidad temporal al verse castigado y apartado por sus mandos y compañeros, en 2013 fue retirado del cuerpo por “pérdida de aptitudes psicofísicas y percepción paranoica”. Tras la sentencia del caso Lucía Garrido que le ha dado la razón, se acuerda de aquellos supuestos trastornos: “Creo que una persona con aptitudes psicofísicas afectadas no consigue todo esto”.