Bruselas ha recibido el texto de la amnistía, que salva los fondos europeos y deja fuera el ‘lawfare’

La Comisión Europea ha recibido este martes la ley de amnistía en una carta del ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños. La misiva ha llegado menos de una semana después de que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, reclamase “detalles adicionales” sobre el alcance personal, material y temporal de la norma. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha confirmado el envío y ha calificado la propuesta de “impecable desde el punto de vista jurídico”.

Poco después de la recepción, Europa Press ha publicado las primeras reacciones de las instituciones comunitarias. El texto, según ha detallado la agencia, resulta compatible con los principios y valores de los Veintisiete. Los casos de lawfare han quedado excluidos de la propuesta, que salva los intereses financieros de la Unión Europea (UE). Bruselas considera, según el citado medio, que la evaluación de la norma es competencia de las autoridades nacionales y descarta a priori la posibilidad de actuar contra la medida de gracia.

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De seguir este camino, la respuesta de Bruselas tumbaría la última baza del Partido Popular para entorpecer la investidura. El líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido en numerosas ocasiones la intervención de los órganos comunitarios argumentando que la amnistía atenta contra la democracia española y supone una “involución”. Hace unas horas, el jefe de los populares convocó a los corresponsales de los medios europeos bajo el lema Help Spain con el objetivo de “internacionalizar” su indignación. La Comisión Europea ha considerado tras una primera lectura, según Europa Press, que no existe colisión alguna con las normas de la UE. El principal portavoz de Ursula von der Leyen, Eric Mamer, ha desmentido esta información y ha confirmado que todavía no existe ninguna “evaluación preliminar”.

Bruselas ha reconocido que se trata de un “asunto doméstico” y seguirá analizando el texto durante los próximos días, aunque sus “preocupaciones” han desaparecido después de revisar la carta remitida, según la citada agencia. El segundo artículo de la propuesta legislativa detalla los supuestos que quedan fuera de la futura amnistía, entre ellos, los delitos que puedan afectar a los “intereses financieros de la Unión Europea”. El borrador tampoco incluye ninguna referencia expresa al lawfare, como sí ocurría en el pacto de los socialistas con Junts per Catalunya. El texto todavía sigue en fase de estudio y los servicios jurídicos emitirán una opinión formal en los próximos días.

La propuesta registrada por el PSOE ciñe los actos amnistiados a los “vinculados directa o indirectamente con el denominado proceso independentista”, es decir, todos los delitos de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos y prevaricación. El texto deja fuera otras causas como el blanqueo de capitales, la organización criminal, la asociación ilícita y la falsedad documental. Las fuentes consultadas por Europa Press reconocen que, de haber existido referencia alguna al lawfare, las instituciones comunitarias hubieran tenido que intervenir.

La Comisión Europea ha aprovechado para recordar que el Ejecutivo comunitario no puede convertirse en un “actor político” en los Estados miembros, como venía pidiendo la bancada popular. Bruselas puntualiza que las motivaciones políticas para aprobar una ley de amnistía no tienen relevancia para las instituciones europeas porque son los órganos nacionales quienes tienen que someterlas a juicio. Asimismo, las fuentes consultadas por Europa Press han descartado cualquier paralelismo con el caso de Rumanía, donde se barajó la posibilidad de intervenir si el Gobierno concedía la medida de gracia al líder del Partido Socialdemócrata, condenado a tres años y medio de cárcel por abuso de poder.

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este martes a la prensa internacional para hacer llegar la indignación de su partido a todas las capitales posibles. Los populares mantenían la esperanza de que Bruselas frenase al PSOE y revocase la futura ley de amnistía, que pretende dar carpetazo a las causas pendientes del procès. La Comisión Europea, sin embargo, se ha desvinculado de Génova. El comisario Didier Reynders había pedido información “detallada” sobre el contenido del texto y el Gobierno ha cumplido con su “compromiso” al remitir la propuesta. El Partido Popular y Ciudadanos seguirán presionando y propondrán la próxima semana un debate sobre la propuesta legislativa en el Parlamento Europeo.