Sánchez encara una legislatura de alto voltaje que nace crispada por la amnistía

Más allá de que no hay nada imposible, y menos en política, el tiempo está demostrando que no hay nada que se le resista al PSOE liderado por Pedro Sánchez. En las filas socialistas tienden a recordar cómo la pasada legislatura, que nació convulsa por los pactos con ERC y EH Bildu y con mimbres de ser corta, estuvo a punto de agotarse (duró tres años y medio) a pesar de las situaciones sobrevenidas de la pandemia, el volcán de La Palma y la guerra en Ucrania. El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, el primero en la democracia y con minoría en el Congreso, consiguió aprobar más de 200 leyes, entre las que se encuentran tres proyectos presupuestarios, gracias al apoyo de una mayoría parlamentaria progresista.

Una vez supere su investidura prevista para esta semana, el nuevo gobierno de coalición que aspira a liderar Pedro Sánchez no nacerá bajo mejores circunstancias. Al revés: aunque dispone de una mayoría superior a la de hace casi cuatro años, con 12 apoyos más, el bloque de la investidura es más complejo al sumar fuerzas con diferentes sensibilidades ideológicas e intereses, mientras que la oposición de PP y Vox ya abona el terreno de la deslegitimación al hablar de “fraude electoral”, como dijo Cuca Gamarra (PP) e “ilegalidad”, como señaló Jorge Buxadé (Vox).

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Fuera de las paredes del Congreso, la situación es mucho peor que en 2020. Lejos de esa “paz social” de la que se jactaba Sánchez durante la campaña, el presidente volverá a tomar el bastón de mando en medio de una fuerte crispación social, judicial y de los empresarios por la amnistía. Tampoco se quedan atrás las críticas de los inspectores de Hacienda, de Trabajo y los principales sindicatos por algunos contenidos de los acuerdos alcanzados con los partidos independentistas, como la cesión de los Rodalies a la Generalitat.

Dentro del propio PSOE, aunque el apoyo a la amnistía por parte de la mayoría de los cuadros del partido se ofrece desde la perspectiva del “mal menor” y no por convicción, los dos presidentes socialistas de las comunidades pertenecientes al Régimen Común, Adrián Barbón (Asturias) y Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), han exigido “igualdad de trato” en el marco de la condonación de la deuda pública de Cataluña, cuyo mecanismo se pretende hacer extensible al resto de autonomías adeudadas a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

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Por otro lado, Page cargó duramente contra el acuerdo entre su partido y Junts, dejando en el aire la posibilidad de presentar un recurso contra la eventual ley de olvido penal a los encausados por el procés catalán. “Si hay que ejercer recurso, lo haré. Si hay que plantear batalla, lo haremos, pero no vamos a pasar porque se haga una relectura de la Constitución”, sostuvo el pasado viernes. Ante estas críticas, que no son nuevas, desde Ferraz mostraron su “respeto”, pero resaltaron que también respetan las decisiones de la militancia socialista, que avaló el acuerdo de coalición con Sumar y los pactos de investidura en la reciente consulta a las bases.

Con la experiencia de la pasada legislatura, los socialistas confían en que el tiempo calme las aguas. Sánchez tiene la convicción de que la amnistía, como en su día fueron los indultos, contribuirá a poner fin al prolongado conflicto territorial en Cataluña. Aunque todavía son muchas las incógnitas que rodean la norma, pendiente de registrarse en el Congreso, el acuerdo sellado entre el PSOE y Junts contempla que la ley se concibe para “procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato”.

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Por otro lado, más allá de la controversia generada por la propia ley de amnistía, sobre la que se tendrá que pronunciar el Tribunal Constitucional, el PSOE trata de apagar el incendio que ha supuesto entre la mayoría de jueces y fiscales del país la mención que se hace en el acuerdo a los posibles casos de lawfare o judicialización de la política.

Desde el partido de Sánchez señalan que el pacto “no prevé la creación de comisiones de investigación con el objetivo de detectar casos de lawfare”, sino aprovechar las conclusiones de las comisiones de investigación pendientes de constituirse (la reactivación de la relativa a la Operación Cataluña y otra nueva sobre el caso Pegasus) para adoptar las recomendaciones que contengan, tanto de medidas concretas como de medidas legislativas. “El Parlamento no va a realizar, en ningún caso, una revisión de ninguna sentencia o resolución judicial. El Parlamento no fiscalizará a los jueces. Eso no es lo pactado ni se podría haber pactado”, inciden estas fuentes.

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Ante este nuevo periodo legislativo, el PSOE muestra su satisfacción por los acuerdos alcanzados con las distintas fuerzas del arco parlamentario, que acabaron de cerrarse el pasado viernes y que “no solo garantizan la investidura, sino la legislatura”. Lo cierto es que, a excepción las negociaciones pendientes de abordarse más adelante con EH Bildu, muchas de las medidas incluidas en el resto de pactos solo podrán materializarse mediante proyectos presupuestarios, una baza que servirá al PSOE para tratar de lograr la estabilidad de la legislatura.

Otra cuestión será si la legislatura será productiva en cuanto al resto de medidas, especialmente las de carácter económico y social, que PSOE y Sumar incluyeron en su acuerdo de coalición, y que pueden darse de bruces con las diferentes sensibilidades ideológicas de la mayoría transversal que encumbrará a Sánchez. PNV y Junts, por un lado, y ERC y EH Bildu, por otro, son dos bloques contrapuestos cuyas diferencias amenazan con entorpecer la tarea legislativa del nuevo ejecutivo capitaneado por Sánchez. Todo ello con el horizonte electoral en el País Vasco y Cataluña la vuelta de la esquina.

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En el marco de estos equilibrios se suma la pugna de Podemos dentro de la coalición liderada por Yolanda Díaz. Los cinco diputados morados harán valer su fuerza en el Parlamento fragmentado al margen de su previsible voto favorable en la investidura, más aún si este partido no vuelve a estar sentado en el Consejo de Ministros.

Con todo, el PSOE se jacta de una nueva mayoría conformada por 179 diputados. Con los apoyos confirmados encima de la mesa, Sánchez sumará 12 síes más a los recibidos hace cuatro años “frente a aquellos que solo puede pactar consigo mismo y con Vox”, señaló María Jesús Montero para alabar la capacidad de los socialistas de “pactar con todo el arco parlamentario”.

Más allá de esperar a que se apruebe la ley de amnistía y la legislatura eche a andar para que todos los ríos vuelvan a su cauce, PP y Vox tratarán de mantener vivo en la calle y en los tribunales su oposición a la norma y al mero hecho de que Pedro Sánchez siga estando al frente del Gobierno. El PP volvió a la carga este domingo, con manifestaciones multitudinarias convocadas en todas las capitales de provincia, mientras la extrema derecha sigue jaleando las protestas ilegales en Ferraz, cuyos ataques se extienden a otras casas del pueblo del partido en otras localidades y el hostigamiento a sus dirigentes.

Con estos mimbres, pero sobre todo, contra todo pronóstico, Sánchez volverá a superar previsiblemente esta semana un nuevo capítulo de su manual de resistencia en una sesión de investidura que se prevé tensa, dentro y fuera del Congreso. Será un anticipo de un nuevo periodo de alto voltaje en el que los acuerdos y el diálogo pujarán por hacerse un hueco y frenar el diapasón.