Los nuevos cálculos de Bruselas que marcarán si hay exceso de gasto en pensiones son más pesimistas que los del Gobierno

El Comité de Política Económica de la Comisión Europea publicó el pasado viernes las proyecciones demográficas y macroeconómicas que subyacen al próximo informe sobre envejecimiento (Ageing Report) de 2024. Estas previsiones oficiales son las que usará el Ejecutivo Comunitario para calcular la evolución del gasto en envejecimiento de cada estado miembro y también son las que debe emplear la AIReF para determinar si España tiene un exceso de gasto en pensiones en 2025, según lo dispuesto en la reforma de pensiones de 2023.

Los cálculos que publicó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el mes pasado difieren sustancialmente de los que emite ahora la Comisión, que son más pesimistas en todas las variables. Basándose en datos de Eurostat, Bruselas prevé menor inmigración que el Gobierno entre 2023 y 2050, más esperanza de vida de los mayores de 65 años, menor crecimiento del PIB y de la productividad, menos personas empleadas y más paro.

Esta composición demográfica y macroeconómica supondría menos cotizantes a la Seguridad Social y más pensionistas potenciales que los previstos por el Gobierno. Aunque las proyecciones oficiales de gasto de Bruselas no se conocerán hasta primavera, unos supuestos demográficos y macroeconómicos más pesimistas podrían llevar a una proyección distinta y peor del gasto en pensiones, determinante para decidir si hay que activar el mecanismo de ajuste.

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Las diferencias entre las estimaciones del ministerio y las de la Comisión no son nuevas, de hecho, así lo reconoce Seguridad Social en su informe de 2023, aunque los datos referidos de la Comisión son los de 2021, no los actualizados. La explicación que dieron fuentes del ministerio cuando presentaron el documento es que cabe esperar una mejora de los indicadores citados como consecuencia de las reformas puestas en marcha en el marco del Plan de Recuperación, como son la de pensiones y la reforma laboral de 2021, entre otras. No obstante, no parece que la Comisión las haya tenido en cuenta para mejorar sus nuevas proyecciones.

Respecto a las proyecciones demográficas, la Comisión Europea prevé que la esperanza de vida a los 65 años se sitúe en 24,3 en 2050, mientras que el Gobierno estima un punto menos. La diferencia se agranda con los años y supone contar con más o menos personas en edad de cobrar una pensión. También hay diferencia en la cantidad de población que tendrá entre 20 y 64 años, las edades laborales más frecuentes. El Ejecutivo comunitario anticipa que será el 55,4% en 2040 y el Gobierno prevé un 58,34%, aunque las cifras se acercan más en 2050.

En consecuencia de estas dos discrepancias, la Comisión anticipa una tasa de dependencia de mayores del 63,85% en 2050, mientras que el Gobierno calcula cinco puntos menos. Dicha tasa de dependencia se calcula como el porcentaje de la población de 65 años o más respecto a la población de entre 20 y 64 años.

Otra gran diferencia se da en la migración neta (inmigraciones menos emigraciones), que el ministerio liderado por José Luis Escrivá sitúa en torno a las 400.000 personas en 2050, pero la Comisión solo cifra en 196.231. El Gobierno cree que “los flujos migratorios contribuirán de forma significativa a compensar las carencias de mano de obra” por el envejecimiento de la población y el descenso de desempleados. En este sentido, cita que las reformas de las normas migratorias de 2022 ayudarán a atraer más inmigrantes para responder a las necesidades del mercado de trabajo.

En cuanto al mercado laboral, el Gobierno prevé tasas de actividad y de ocupación mayores que las de la Comisión, además de por la mayor migración, por el efecto de retrasar la jubilación voluntariamente a través de los incentivos y el consecuente aumento de la duración de la vida laboral. Por ejemplo, el ministerio prevé que la tasa de ocupación de la población entre 20 y 64 años crezca hasta el 79,4% en 2050, frente al 76,8% de la Comisión.

También es más optimista el Gobierno en la evolución de la tasa de paro, que prevé que baje del 8% en 2038 alcanzando el ‘pleno empleo’ y llegue al 5,5% en 2050, mientras que la Comisión pospone este alcance al año 2045 y calcula un paro del 6,6% en 2050.

Por último, hay reducidos detalles sobre los supuestos de crecimiento económico en el informe del ministerio, pero se pueden comprobar algunas discrepancias con la Comisión. Estas son, principalmente, que el Gobierno calcula un crecimiento del PIB real medio entre 2023 y 2050 del 2% y el Ejecutivo comunitario lo estima en un 1,2%. También hay diferencia en el avance de la productividad, cifrada en un 1,5% por el Gobierno y en un 1,2% por la Comisión.

Más allá de estas diferencias numéricas y las consecuencias que se puedan derivar de ellas, la AIReF ha criticado el sistema para decidir si hay exceso de gasto en pensiones en 2025 por falta de independencia. “El dato de gasto nos viene dado por el grupo de envejecimiento de la Comisión, que está formado por los países miembros, ósea que no es una valoración independiente, el Gobierno está en ese grupo de trabajo”, detalló su presidenta, Cristina Herrero, en la rueda de prensa del pasado 4 de octubre.

A esto se suma que, para valorar el alcance de las medidas de ingresos, todos los supuestos macroeconómicos y demográficos que debe usar la AIReF son los referidos en este artículo. La institución considera que no tiene margen para aplicar sus propias estimaciones y se convierte “casi en un fedatario público que da fe de que la aplicación de los supuestos de otros conduce a un determinado resultado”.

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Por el momento, el Gobierno se muestra confiado y sostiene que no habrá un exceso de gasto en 2025, al contrario de lo que opina la AIReF, por lo que no será necesario activar el mecanismo conocido como cláusula de cierre y regulado en la disposición adicional segunda de la reforma de pensiones de 2023. “De acuerdo con las proyecciones de gasto e ingresos presentadas en este informe, este mecanismo corrector no se activaría”, detalla su documento.

Cabe recordar que el mecanismo tiene dos magnitudes de referencia en relación con el PIB, el impacto de las nuevas medidas de ingresos de la Seguridad Social y la evolución del gasto en pensiones. Si alguna de las dos supera los límites establecidos en la norma, se corregirá automáticamente el exceso de gasto mediante un aumento de las cotizaciones sociales, a no ser que se legislen otras medidas.