Las claves jurídicas de la ley de amnistía: 300 independentistas beneficiados y dos meses de plazo para la aplicación de los jueces

El texto de la proposición de ley de amnistía, conocido este lunes pero que aún no ha sido registrado en el Congreso de los Diputados, recoge que la medida beneficiará a todas las personas condenadas o investigadas por asuntos relacionados con el procés catalán desde el 1 de enero de 2012 y este 13 de noviembre de 2023. Así, serán más de 300 independentistas y 73 policías los beneficiados por la ley pactada por el PSOE con los partidos separatistas de ERC y Junts.

En su Artículo 10, la proposición de ley de amnistía detalla que la aplicación de la medida por parte de los órganos judiciales, administrativos o contables será “con carácter preferente y urgente” en un “plazo máximo de dos meses”. Solo los propios jueces y tribunales con causas relacionadas con el procés podrán plantear cuestiones de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC), lo que paralizará la aplicación de la amnistía, pero solo para el procedimiento concreto al que hagan referencia. Los recursos presentados por partidos políticos como PP o Vox no detendrán la marcha de la amnistía hasta que el TC no se pronuncie sobre los mismos.

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La proposición de ley excluye de la amnistía, entre otros, los delitos de sangre, las torturas y “los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Código Penal siempre y cuando haya recaído sentencia firme”. Por tanto, los encausados por los actos de la plataforma Tsunami Democrátic, entre los que se encuentran los líderes independentistas Carles Puigdemont y Marta Rovira, sí se verían beneficiados por la medida de gracia, al igual que los procesados por su participación en los CDR, ya que estas causas aún no han llegado a juicio.

Sobre Puigdemont, que negoció la amnistía con el PSOE en Bruselas, también cabe destacar que el texto subraya, en su Artículo 4, que “quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión de las personas a las que resulte de aplicación” la medida, por lo que el líder de Junts podría regresar a España una vez entre en vigor.

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Uno de los puntos de debate durante la negociación de la ley de amnistía fue la inclusión de delitos de corrupción relacionados con el procés. Finalmente, el Artículo 1 de la proposición de ley indica que “se entenderán comprendidos en este supuesto los actos tipificados como delitos de usurpación de funciones públicas o de malversación dirigidos a financiar, sufragar o facilitar la realización” de actos cometidos “con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña.

Otro de los asuntos de debate durante los últimos días era la mención expresa al concepto lawfare en el acuerdo que alcanzaron el PSOE y Junts, donde se incluía la ley de amnistía como requisito para el apoyo de los de Puigdemont a la investidura de Pedro Sánchez. Finalmente, el concepto, que hace referencia a la judicialización de la política, no ha sido incluido en el texto de la proposición de ley de amnistía.