La huelga convocada por Vox es ilegal: quién puede y no convocar un parón general en España

El acuerdo del líder del partido socialista, Pedro Sánchez, junto a Carles Puigdemont, de Junts, sobre la amnistía ha desatado la ira de los grupos de la derecha española. El líder de Vox, Santiago Abascal ha dado un golpe sobre la mesa ante la investidura de Pedro Sánchez y antes de que se acerque la celebración del pleno de investidura, los días 16 y 17 de noviembre, ha anunciado que intentará que el Tribunal Supremo suspenda cautelarmente esta sesión del pleno el Congreso de los Diputados.

Durante la semana pasada y el fin de semana, las manifestaciones contra la amnistía se desencadenaron en las ciudades más grandes del país. Por si fuera poco, este martes, Santiago Abascal ha anunciado también la convocatoria de una huelga general el viernes 24 de noviembre como medida de protesta contra la ley de amnistía pero ¿es legal esta concentración?

Te puede interesar: Satisfacción en el PP tras las movilizaciones del domingo: “La calle sentenció a Pedro Sánchez”

Las dudas se siembran en el ámbito laboral ya que las huelgas radican en dos elementos. Por un lado, la escasa presencia del sindicato, sin apenas delegados ni implantación en el conjunto del país, y por otro lado, la legislación considera ilegales las huelgas que son convocadas por “motivos políticos”. No obstante, los juristas recuerdan que la huelga es un derecho fundamental especialmente protegido por la Constitución.

A pesar de que esta no sea una huelga motivada por cuestiones laborales, sino más bien de índole política, “tiene repercusiones en todos los trabajadores”, asegura Abascal en una rueda de prensa. Las huelgas generales, según las normativas, deben carecer de motivación política y ser convocadas exclusivamente por los sindicatos más influyentes como CCOO y UGT. Abascal sostiene que en este caso la motivación abarca tanto lo político como lo laboral, argumentando que ambas esferas están intrínsecamente vinculadas.

Te puede interesar: El PP afirma que la democracia está amenazada por el Gobierno de Sánchez: “Debería irse del país en un maletero”

“Se va a condonar la deuda a solo una parte de España; se va a terminar la caja única de la Seguridad Social y eso tiene consecuencias para todos los trabajadores, porque va a afectar directamente a sus vidas”, ha justificado Abascal, que ha asegurado que Vox respalda la huelga porque “estamos ante un golpe de Estado y un ataque brutal a los derechos de los trabajadores y a su prosperidad”.

El sindicato que apoya a la extrema derecha, Solidaridad, afirma contar con 250 delegados sindicales electos en centros de trabajo y con más de 250.000 delegados en todo el país. Es decir, su representatividad se sitúa por debajo del 0,1%, pero mantienen que según la jurisprudencia “no se puede negar el derecho a huelga a los sindicatos minoritarios de un derecho fundamental”, según han apuntado fuentes del sindicato de Vox a Europa Press.

Es por ello que los jueces permiten que los sindicatos minoritarios convoquen paros pero también consideran que en este caso una huelga general y una representación sindical por debajo del 0,1% es difícil considerar que se cumple jurídicamente este requisito. Por tanto, un sindicato por muy minoritario que sea puede movilizar un “parón” o una huelga pero no pueden exigir que tenga “implantación” en el ámbito laboral pues esta decisión debería ser tomada por un juez.

Solidaridad anuncia que la huelga general contra la amnistía es un acto político que tendrá lugar el próximo 24 de noviembre en respuesta a la “nueva traición del Gobierno de España” y con la que Vox contará con Solidaridad como herramienta al servicio de España y de sus trabajadores para poder convocar el movimiento, según recogen en su página web y comparten en sus redes sociales como “X” (antes Twitter).

El debate está en que la legislación de huelga en España, vigente desde el año 1977, prohíbe las huelgas puramente políticas y considera que una huelga es “ilegal” cuando sus motivos principales o sus fines sean políticos y no laborales, según recoge el artículo 11 de la ley.

El sindicato de Vox afirma que los pactos políticos provocarán “ajustes en forma de congelación de salarios públicos, pensiones, un aumento de impuestos y cotizaciones, debido a los ajustes que el Gobierno tendrá que realizar en los presupuestos generales del Estado para cumplir los compromisos” alcanzados, por tanto, justifican de alguna manera que la huelga “con motivo político” tiene como objetivo frenar posibles consecuencias en la vida laboral de muchos trabajadores.